A lo largo de estos primeros 100 días de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sorteado desafíos relevantes en los ámbitos económico, político y social. Y llega a este primer corte de caja con saldo positivo: las principales encuestas la ubican con una aprobación social de más del 70 por ciento a nivel nacional, y en algunos casos, del 90 por ciento.
Entre los desafíos enfrentados en el ámbito económico destaca la presión que indujo el “mercado” a la economía mexicana, tras declaraciones que hizo el entonces candidato presidencial Donald Trump, a mediados de octubre de 2024, acerca de la renegociación del T-MEC y la supuesta necesidad de que Estados Unidos no siga perdiendo frente a México y Canadá.
Al respecto, la primera mandataria mandó un mensaje de tranquilidad, que ha sido consistente con sus posteriores declaraciones públicas: no están en riesgo las inversiones, hay un plan de relocalización para la industria con polos de desarrollo, las fuentes de trabajo formal no caerán, y se tendrá una buena relación con Estados Unidos, de respeto a las soberanías de ambos países. Por lo que pronto se estabilizó el peso, y la economía no sufrió mayores estragos.
No obstante, el factor Trump siguió presionando al peso, incluso en días recientes: primero, porque a fines de noviembre de 2024, el presidente electo anunció la futura imposición de aranceles generalizados a México y Canadá, del orden del 25 por ciento; y luego porque, a inicios de enero de 2025, indicó que estudia la posibilidad de que –una vez que asuma la Presidencia, el próximo 20 de enero– declare emergencia económica nacional, para “justificar” una serie de aranceles universales. En ambos escenarios, el peso retrocedió. Pero el mensaje de la titular del Ejecutivo federal fue de tranquilidad: México es el principal socio comercial de Estados Unidos, y un escenario de esa naturaleza afectaría de inmediato a las armadoras estadunidenses.
Las presiones externas a la moneda mexicana ya venían gestándose desde que la ahora presidenta Claudia Sheinbaum ganó las elecciones del 2 de junio de 2024, y se explican –de acuerdo con el académico universitario y doctor en economía Óscar Rojas Silva– porque la economía neoliberal apuesta al pánico cuando los países recuperan soberanía. (Ver: https://contralinea.com.mx/interno/semana/economia-neoliberal-reacciona-con-panico-ante-recuperacion-de-soberanias-rojas-silva/ )
Es por ello que, tras confirmarse que los partidos Morena, PT y Verde obtuvieron mayoría calificada en las Cámaras de Diputados y Senadores en las pasadas elecciones –y que con ello se concretarían las reformas constitucionales para democratizar el Poder Judicial y desaparecer los organismos autónomos, lo que finalmente pasó entre septiembre y diciembre de 2024–, los capitales especulativos empezaron a presionar al peso al cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin lograr incidir en las políticas de la 4T.
En materia económica, la oposición también buscó influir inútilmente –no sólo al votar contra programas sociales, sino también con campañas de propaganda mediática que aseguraban que caía el presupuesto para cultura, salud y universidades públicas– en la conformación del presupuesto público. Aunque no lo logró, precisamente porque los partidos que impulsan el actual proyecto de nación tienen mayoría en la Cámara de Diputados.
Y más recientemente, se trató de incitar un aumento en el precio de los combustibles –ello, en asociación con estaciones de gasolina y, nuevamente, con propaganda negra mediática sobre un supuesto “gasolinazo” al inicio de 2025–. El riesgo de este tipo de campañas es que impactan en los precios de productos básicos que se mueven por carretera, así como en el costo del transporte público; es decir, en los bolsillos de las mayorías.
Al respecto, el gobierno federal reaccionó advirtiendo que pondría mantas informativas en las gasolineras que aumentaran injustificadamente el precio de las gasolinas, para que los consumidores no compren ahí. Y así lo hizo la Procuraduría Federal del Consumidor a partir del 9 de enero (cuando colocó lonas de advertencia en tres gasolineras: Mobil, Chevron y Mi Gasolina), con lo que se busca no llegar al extremo de retirar las concesiones a quienes incurran en estos abusos.
Y en este mismo ámbito económico, otro reto que enfrenta el gobierno de Sheinbaum, a partir de diciembre, es el de recuperar los 405 mil empleos formales que se perdieron en diciembre, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Acerca de este asunto, el pasado 8 de enero en su conferencia, la presidenta de la República declaró: “normalmente en diciembre cae el empleo, es un tema estacional que debe atenderse, porque muchas veces tiene que ver con contratos anuales que para no cumplir con todos los derechos que tienen los trabajadores se terminan los contratos”.
Agregó que en 2024 también hubo un mayor descenso que se asocia “esencialmente a la terminación de las obras públicas: refinería [Dos Bocas], Tren Maya, etcétera; la gran mayoría de estas obras que generaron mucho empleo, principalmente en el sureste”.
Fallida estrategia de la “crisis constitucional”
En el ámbito político, la presidenta Sheinbaum Pardo sorteó de forma exitosa la inducción de una supuesta “crisis constitucional”, que ejecutaron fallidamente la élite judicial –aún encabezada por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández–, las corporaciones mediáticas –incluidas extranjeras, como el New York Times y El País–, partidos políticos de oposición –PRIAN y Movimiento Ciudadano, que ilegítimamente promovieron recursos ante la SCJN para invalidar la Constitución–, “intelectuales” del régimen neoliberal, asociaciones civiles, empresas, organismos internacionales (ONU-DH y OEA-CIDH) y facciones que operan en universidades públicas y privadas (entre ellas, la UNAM, la Ibero, el Tec de Monterrey y el ITAM).
Desde mediados de octubre –el primer mes del gobierno de la científica–, en diversos foros académicos y en medios corporativos se empezó a hablar de “crisis constitucional” en México. Para sostener esa narrativa, se recurrió a seudo-argumentos, como que la reforma judicial –que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024– violentaba la independencia y autonomía de ese Poder de la Unión, que en México había dos órdenes constitucionales conviviendo al mismo tiempo, que se trataba de un retroceso democrático, que se promovería una concentración de poder sin precedentes en el Ejecutivo federal, que se acabaría con los contrapesos, entre otras falacias.
El objetivo de esta campaña, que se diseminó profusamente en televisión, radio y prensa escrita, tenía como propósito tres objetivos:
1) Incitar que desde el Poder Ejecutivo se tomaran acciones penales contra la ilegalidad en la que estaba incurriendo la mayoría de ministras y ministros de la Corte, al suplantar al Poder Legislativo y violentar la Constitución. Con esto, la oposición también buscaba el escenario ideal de los “mártires de la democracia”, para seguir acusando que en México se vive una dictadura. Provocación en la que Sheinbaum no cayó. Al contrario, la presidenta tenía un “Plan D”, en el cual se volvería a votar la reforma judicial en el Congreso federal y los congresos estatales, lo que daría tiempo a la salida del ministro Luis María Aguilar Morales, ocurrida a fines de noviembre pasado.
2) Acelerar procesos de carácter político en el Poder Legislativo. Esto es que se buscó inútilmente que los partidos de la 4T llevaran los más pronto posible a esos ministros y ministras de la Corte a juicio político, con lo que también la oposición profundizaría su guerra mediática de la autocracia, echada a andar desde 2023 para suplantar la historia. Lo que tampoco pasó, porque Morena, PT y Verde no cayeron en la trampa.
3) “Justificar” desde lo mediático y lo político un posible escenario –que no ocurrió– en el que la Suprema Corte (aún sin contar con esas facultades legales) echara abajo la nueva Constitución, por mayoría de ocho o de seis votos (esto último hubiera sido un atropello mayor, pues además de la ilegalidad que ya representaba el hecho de ir contra la Carta Magna, se incurría en una mayor arbitrariedad: la mayoría calificada en la SCJN es de ocho votos, pero la ministra Norma Piña impulsó la idea de que con seis votos se podría echar abajo la democratización del Poder Judicial).
En esa narrativa participaron integrantes de universidades públicas y privadas (en especial la UNAM, la Ibero, el ITAM y el Tec de Monterrey, que organizaron foros académicos para diseminar esas ideas de la “crisis constitucional”), “intelectuales” del régimen neoliberal que tienen a su disposición espacios en las corporaciones mediáticas; representantes de las trasnacionales; e incluso organismos internacionales (la ONU-DH con sus posicionamientos públicos contra la reforma judicial; y la OEA-CIDH, que además de manifestarse contra los cambios constitucionales, el 12 de noviembre de 2024 abrió una audiencia pública fast track para escuchar las quejas de los juzgadores –viajaron a Washington ministros y sus ponencias, magistrados y jueces– y asociaciones “civiles” de derecha.
Entre las AC que participaron de la estrategia de la supuesta “crisis constitucional” en diversos foros destacan: el IMCO, que aglutina al Consejo Mexicano de Negocios https://contralinea.com.mx/interno/semana/eu-trasnacionales-y-los-mas-ricos-de-mexico-detras-del-grupo-de-presion-imco/; Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y Consejo Nacional de Litigio Estratégico, ambas fundadas por el empresario Claudio X González Guajardo; Consultores Internacionales, SC; Sociedad Civil Mexicana, impulsora de la candidatura de Xóchitl Gálvez; México Justo; México Unido Contra la Delincuencia; Controla tu Gobierno; Observatorio de Designaciones Públicas; Derechos Humanos y Litigio Estratégico; Impunidad Cero; México Evalúa; Borde Jurídico; Buscando Desaparecidos México; Centro de Investigación de Crímenes Atroces; Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos; entre otras.
Respecto del poder fáctico económico, no hay que olvidar que incluso, el 5 de noviembre pasado, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, aseguró que, de no echar abajo la reforma judicial, que según él politizaba el aparato de justicia, se ahuyentarían las inversiones, lo que afectaría la creación de empleo y haría de México un destino no seguro para el capital extranjero.
Ese día fue precisamente cuando ocurrió la discusión de la reforma judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con una mayoría de siete votos, los ministros y ministras de derecha se quedaron a nada de dar un golpe de Estado técnico: el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pretendió atentar contra la Constitución, al buscar echar abajo la reforma al Poder Judicial. Ninguno de los tres objetivos logró la oposición.
Violencia extrema en Sinaloa y Guanajuato
En el ámbito político-social, en este periodo inicial de los 100 días, la mayor crisis para la administración de Claudia Sheinbaum es la violencia que se desató en Sinaloa, tras el secuestro del histórico líder criminal Ismael –el Mayo– Zambada (que orquestó el gobierno estadunidense en sociedad con Los Chapitos, el 25 de julio de 2024). Así como la ya histórica violencia que se padece en entidades como Guanajuato y Chiapas.
Adicionalmente, en este ámbito se tienen las amenazas del presidente electo Donald Trump: por una parte, lo que corresponde a su intento injerencista de declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos para “justificar” el envío de tropas a nuestro país. Lo que violaría la soberanía nacional y abriría una confrontación incluso de carácter militar entre ambos países.
Y por otra parte, sus amagos de detener la migración mediante una deportación masiva de miles –si no es que millones– de migrantes indocumentados. Escenario que no sólo tiene implicaciones políticas, sino también económicas y sociales –México debe estar preparado para recibir a los connacionales con fuentes de trabajo, vivienda, infraestructura, apoyos sociales, etcétera, para evitar una crisis humanitaria.
En el caso de la atención a la violencia, en los primeros 100 días, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó el pasado 9 de enero en la conferencia presidencial que el Gabinete de Seguridad (secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Gobernación, así como la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República) trabaja en coordinación para lograr la seguridad de las y los mexicanos.
Al respecto, aseguró que “de acuerdo con cifras del Inegi, de enero de 2018 a diciembre de 2024 se observa una disminución de 18.3 por ciento entre 2018 y 2024, en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso. Asimismo, con las cifras preliminares que contamos, observamos una disminución de 16.3 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, entre septiembre y diciembre de 2024.
En los primeros tres meses, dijo García Harfuch, “han sido detenidas 7 mil 720 personas por delitos de alto impacto; se han asegurado más de 66 toneladas de drogas, incluyendo 1 mil 168 kilos y 561 mil pastillas de fentanilo; también se aseguraron 3 mil 600 armas de fuego. La droga asegurada, representa más de 60 millones de dosis que no llegarán a las calles, ni podrán destruir la vida de familias o de jóvenes”.
Acerca de los esfuerzos para fortalecer la seguridad en Sinaloa, expuso que “se desplegaron equipos de Fuerza de Tarea con actividades de Inteligencia, Investigación y Judicialización. Se implementaron filtros carreteros entre Culiacán y Mazatlán y la Guardia Nacional incrementó su estado de fuerza en dicha carretera. [Por lo que] han sido detenidos 43 objetivos prioritarios y 558 personas que formaban parte de células delictivas; se han asegurado más de 400 vehículos, varios de ellos blindados y casi 700 armas de fuego, así como más de 100 granadas de fuego”.
Añadió que en Culiacán, “la reducción del delito de homicidio de octubre a diciembre ha sido de 35 por ciento, se continuará trabajando y fortaleciendo en este estado con el Gabinete de Seguridad”.
Y en el ámbito social, la presidenta Claudia Sheinbaum ha empezado a materializar algunas de sus promesas de campaña. En especial, los apoyos a mujeres de 60 a 64 años de edad, y la dotación de recursos para pueblos originarios y afrodescendientes. Además de continuar con toda la estrategia de programas del Bienestar que inició su antecesor, el presidente López Obrador, y que incluye no sólo los apoyos directos, sino también la recuperación del sistema sanitario y la construcción de obras de infraestructura.
Así, la primera mujer que encabeza este país llega a sus primeros 100 días de gobierno con un trabajo cercano al pueblo, de territorio, que escucha desde abajo. Además de mantener comunicación por medio de las conferencias matutinas de lunes a viernes.
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