Autor: Centro de Colaboraciones Solidarias
Carlos Miguélez Monroy*
El Acuerdo Trasatlántico sobre Comercio
e Inversión (TTIP, por su sigla en inglés) que negocian la Unión
Europea y Estados Unidos, y que apenas figura en los medios de
comunicación, puede perjudicar la salud de los estadunidenses, los
europeos y de los ciudadanos de otros países. A esta conclusión llega
el informe La respuesta de la sociedad civil a la lista de deseos de la industria farmacéutica,
que elaboraron 12 organizaciones, entre las cuales está Salud por
Derecho. Esta organización española defiende los derechos humanos por
medio del acceso universal y permanente a servicios de salud en los
países empobrecidos.
Organizaciones de consumidores, miembros del Parlamento Europeo, sindicatos y grupos de salud se han puesto en guardia ante
el TTIP. El impacto que puede tener en la salud de 1 mil millones de
ciudadanos europeos y de Estados Unidos choca con el secretismo de su
contenido. Salvo cuando se liberalizan y se producen en versiones
genéricas, casi todos los medicamentos en el mundo provienen de grandes
empresas farmacéuticas. Esto convierte el acuerdo en una mayor amenaza
para las poblaciones de países más vulnerables a enfermedades
controladas en el mundo rico y con mayores dificultades para el acceso a tratamientos.
La sociedad civil empieza a organizarse
contra esta propuesta al considerar que la nueva regulación de la
propiedad intelectual alargará los periodos de derecho de patente de
las empresas. Esto incrementaría los precios y podría provocar la
multiplicación de nuevos fármacos con un limitado valor terapéutico,
alejado de las necesidades públicas de salud.
Por otro lado, los Estados tendrán
menos poder a la hora de establecer políticas de precios y de
reembolso, lo que debilita su poder para organizar y contener el costo
de las medicinas en sus sistemas nacionales de salud. El mismo
despilfarro sanitario que denuncian los defensores de la privatización
de la sanidad alcanza a las compañías farmacéuticas a las que luego
defienden. Eso explica las dificultades para imponerles dosis más
pequeñas que fomenten el ahorro y el uso más responsable de los
medicamentos. Los intereses de la industria farmacéutica condicionarán
los presupuestos de los ministerios de salud de los Estados. Esto puede
conducir a una sobrecarga sobre sistemas de salud pública de por sí
raquíticos por falta de recaudación en algunos países.
El Acuerdo relaja los requisitos de
transparencia de los ensayos clínicos por parte de las farmacéuticas y
de divulgación de sus resultados, que garantizan al paciente la
seguridad de los medicamentos cuando salgan al mercado. Se limita la
obligación de transparencia por los beneficios y los efectos dañinos de
los medicamentos.
Los grupos de presión han conseguido
introducir en el TTIP cláusulas que les dan mayor participación en la
toma de decisiones políticas. Esto antepone los intereses del sector
privado sobre el bien común que los ciudadanos confían en sus
representantes.
Las organizaciones en defensa del
derecho a la salud denuncian que el establecimiento de un estándar
global del nuevo tratado puede perjudicar a otros países. Muchos de
estos países carecen de instituciones para dimensionar la protección de
la propiedad intelectual en función de las necesidades de salud
pública, así como para limitar los precios de los medicamentos. El
aumento del poder de las grandes empresas excluirá a muchas personas
del acceso a medicamentos que necesitan para conducir una vida
saludable.
La Comisión Europea argumenta que este
Acuerdo impulsará la economía de la región, pero no existe un análisis
independiente que lo confirme ni que apunte hacia una creación de
empleos. Esta falta de transparencia cuestiona la legitimidad de las
negociaciones porque atenta contra el principio democrático que obliga
a los gobiernos a informar a sus ciudadanos.
La gestación de este tratado a espaldas
de la ciudadanía incide sobre la necesidad de limitar el poder de
grupos de presión en decisiones que afectan a millones de personas.
Esta opacidad refuerza las sospechas de que el acuerdo no busca el bien
común, sino defender intereses privados. La Comisión Europea se ha
referido al Acuerdo como “la lista de deseos de la industria
farmacéutica”, y ha prometido llevarla a la mesa de negociación, según
denuncian las organizaciones que elaboraron el informe. Una vez
filtrados los contenidos del acuerdo de “libre comercio”, las
organizaciones actúan. Lo primero es darlo a conocer a quienes puedan
correr la voz.
*Periodista; coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias
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