Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- Detenciones arbitrarias, insultos, golpes, humillaciones, violencia física, pero además violencia sexual son las imágenes que definen la tortura, según relataron sobrevivientes de este flagelo; mujeres que acusan al Estado de ejercer un control represivo a través de militares, marinos y policías.
En conferencia de prensa y al conmemorarse ocho años de los operativos policiales del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, un grupo de mujeres sobrevivientes de tortura sexual se unieron para denunciar que si bien la tortura es una práctica que busca acallarlas, no será una causa para amedrentar sus luchas.
Afirmaron que el Estado sigue utilizando la tortura sexual como una práctica para silenciar a las personas y a los movimientos sociales, pero dijeron que también se convirtió en una estrategia para obtener confesiones y obligar a las personas a no desmentir a las fuerzas de seguridad.
Nueve mujeres compartieron su historia. Valentina fue violada en 2002 por militares; Italia fue atacada sexualmente en 2006 por policías federales; Verónica fue torturada por agentes en 2011; Miriam fue agredida en 2011 por soldados, y Claudia fue violada en 2012 también por militares. Para todas ellas la tortura fue una táctica deliberada.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-Durante la época prehispánica e incluso siglos después de la conquista, las parteras tenían un papel incuestionable: su labor de acompañamiento y atención durante el embarazo y el parto era trascendente y reconocida.
Con el paso de tiempo ese papel se fue poniendo en duda y al avanzar la llamada “medicina moderna”, ellas quedaron relegadas.
El resto de las mujeres quedó sin más opciones para decidir sobre su parto; muchas de ellas sometidas a las decisiones de personal médico que prefiere realizar una cesárea aunque no sea necesaria.
Y es que aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiende que el número de cesáreas con respecto a los nacimientos no sea superior al 15 por ciento, en México más del 45 por ciento de los nacimientos ocurren por esta vía.
Las mujeres parteras (tradicionales, empíricas o profesionales) representan una alternativa y una opción no sólo para las mexicanas, sino para los servicios de salud, pues ellas pueden contribuir a tener el mayor número de nacimientos posibles sin someter a las madres a tratamientos agresivos o degradantes, e inclusive a reducir la incidencia de Muerte Materna (MM).
or: Anayeli García Martínez y Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- Mujeres pobres y sin seguridad social se juegan su integridad y salud al atender sus partos en establecimientos privados de dudosa calidad.
Al no contar con seguridad social, carecer de recursos económicos o ante el temor de no ser atendidas adecuadamente en los servicios públicos de salud, las habitantes del DF y el Estado de México se ven obligadas a acudir a “clínicas privadas” –muchas de ellas sin regulación sanitaria– para dar seguimiento a su embarazo, atender su parto o realizarse una cesárea.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2012 el 50 por ciento de la población no tenía seguridad social, lo que abrió un mercado para clínicas particulares que ofrecen atención médica a mujeres embarazadas a precios accesibles, pero con ciertos riesgos.
Sin que haya información oficial sobre el número total de esas clínicas y hospitales, mediante recorridos y testimonios Cimacnoticias detectó que los costos de cesáreas, partos o paquetes que incluyen estos servicios y consultas médicas van desde los 4 mil 500 pesos hasta los 16 mil pesos.
Mediante anuncios en bardas, volantes o carteles, clínicas en municipios mexiquenses como Nezahualcóyotl, Los Reyes o Ixtapaluca, y en delegaciones del DF como Xochimilco y Tlalpan, ofertan paquetes de parto y cesárea hasta por menos de 5 mil pesos.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- Las naciones que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA), pese a estar obligadas a hacerlo, no generan las cifras y estadísticas necesarias para dimensionar la magnitud de la violencia de género en el hemisferio.
El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI), conocida como Belém do Pará, publicó el reporte “Herramientas regionales de lucha contra la violencia hacia las mujeres”, que sostiene que la falta de cifras sobre violencia de género no ha permitido medir el impacto de las políticas públicas implementadas desde la entrada en vigor de la Convención en 1994.
En el estudio se enfatiza que Belém do Pará establece los marcos jurídicos para proteger a las mujeres y se afirma que a 20 años de su entrada en vigor, de un total de 32 Estados Parte, 15 respondieron a los Indicadores de Seguimiento del MESECVI, pero sólo 13 aportaron cifras en relación a feminicidio, violencia sexual y violencia intrafamiliar.
Esta información no se genera específicamente para medir la violencia de género, sino que se basa en encuestas o datos de instituciones estatales, como salud o seguridad, por lo que “las cifras de las encuestas de los registros de salud y de los distintos órganos de administración de justicia siguen siendo limitados y aún imposibles de contabilizar como cifras nacionales, más aun como cifras regionales”, por lo que la violencia de género “sigue siendo un fenómeno subreportado”.
or: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-Debido al incremento en el precio de los alimentos y a la precariedad laboral, las familias mexicanas gastan más en despensa pero comen menos.
De acuerdo con el reporte “México: fábrica de pobres”, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el salario mínimo general de las y los trabajadores es de 67.29 pesos, sin embargo el ingreso que requiere una familia para adquirir sólo los nutrientes de la canasta alimenticia recomendable (CAR) tendría que ser de 184.96 pesos por día; por tanto, habría que aumentar 117.67 pesos al salario mínimo diario.
Las y los trabajadores que no logran comprar los alimentos que integran la CAR son 10 millones 349 mil 177, quienes no rebasan un ingreso de dos salarios mínimos. Con base en esto, el porcentaje del CAR que se puede adquirir con el salario mínimo es de 36.38.
Cabe señalar que del total de la población económicamente activa (PEA), la tasa de desocupación para las mujeres es de 5.01, lo que es aún más preocupante al considerar que existen 33 hogares con jefatura femenina por cada 100 con jefatura masculina, y que por cada 100 pesos que gana un hombre por su trabajo una mujer obtiene 75, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.
Cimacnoticias consultó en tianguis, mercados y supermercados a las mujeres que compran la comida para sus familias sobre cómo afecta esta problemática a sus bolsillos y su dieta.
Todas las mujeres entrevistadas dijeron que no quedaron satisfechas con sus compras para la comida de la semana, ya que no pudieron adquirir de uno a dos alimentos que habían previsto, entre ellos fruta, vegetales o pescados y mariscos. De los que lograron comprar, lo hicieron pero en porciones reducidas.
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | México, DF.-Su nombre tiene fuerza. La fuerza de su humanidad, de su exigencia de justicia y de rescatar del olvido la tortura sexual a la que fueron sometidas al menos 26 mujeres en San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 de mayo de 2006, cuando un gobernante desató una de las peores represiones del México contemporáneo.
La orden del entonces gobernador del Estado de México y hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha trascendido las fronteras de nuestro país como uno de los momentos más oscuros de nuestra historia democrática.
En medio de la vorágine de violaciones a los Derechos Humanos, Bárbara Italia Méndez fue la voz que rompió el silencio para denunciar públicamente la violencia sexual de la que fueron víctimas las mujeres detenidas durante la represión de hace ocho años.
Su voz no se apaga. Sigue firme y fortalecida por el acompañamiento y trabajo personal para superar aquella tortura sexual.
Sabe, y por eso lo exige, que la justicia es un paso fundamental para cerrar este proceso y sabe que junto con ella, otras mujeres, que hoy se han convertido en parte fundamental de su vida, exigen lo mismo: justicia.
Una palabra tan corta pero tan difícil de cumplir en nuestro país, por lo que decidieron apelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque es su derecho a la verdad, lo saben y buscan ejercerlo.
La voz de Bárbara Italia es clara, se deja oír en un pequeño salón del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, su segunda casa. Su reflexión es profunda y directa, sin ambages.
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua.- De enero a abril de este año se han registrado 30 casos de feminicidio en Nicaragua, nueve más en comparación con el mismo periodo de 2013, lo que mantiene en alerta a los grupos defensores de Derechos Humanos de las mujeres.
Magaly Quintana, de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), dijo que es momento de que el Estado nicaragüense reconsidere la reforma que hizo el año pasado a la Ley 779 que penaliza todo tipo de violencia contra las mujeres, y que fue modificada para permitir la mediación (conciliación) en los casos de violencia, pese a la oposición del movimiento de mujeres.
Por la cultura machista y la influencia de las iglesias, en 2013 el Parlamento nacional reformó la Ley 779 y ya son varios los casos de feminicidio en los que las mujeres denunciaron violencia y las mandaron a mediar, denunció Quintana.
Este año llama la atención que dos feminicidas eran policías y parejas de las víctimas, uno en activo y el otro retirado de las filas de seguridad.
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua.- Aproximadamente unas 50 personas, de las cuales la mitad eran mujeres, se quejaron en las inmediaciones del consulado de Costa Rica (CR) en la capital nicaragüense, aduciendo que pagaron los 32 dólares de la visa (cerca de 420 pesos mexicanos) y se las negaron debido a incumplimientos en los requisitos de ingreso al país vecino.
Isayda Rodríguez, habitante de Managua, dijo que desde diciembre del año pasado a la fecha ha tenido que pagar la visa cuatro veces y que esto le afecta a su bolsillo, ya que su salario en CR en un restaurante es de 150 dólares quincenales (poco más de mil 900 pesos mexicanos) y regresar constantemente a Managua a solicitar la visa implica gastos en el viaje y cansancio a sus 48 años de edad.
Isayda es madre de un adolescente de 17 años de edad y está considerando que éste sea su último viaje debido a que su hijo está saliendo mal en clases por andar en las calles y no atender las orientaciones de su abuela que lo cuida.
Para Isayda, el gobierno de Nicaragua debería tener oficinas de información para orientar sobre los requisitos para emigrar a otros países, porque si bien en el consulado costarricense les informan, esto lo hacen hasta que la o el solicitante ha pagado su visa.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-Más de 300 personas migrantes y tres defensores de Derechos Humanos (DH) fueron agredidos durante un operativo del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal (PF), y agentes estatales y municipales de Tabasco.
El pasado 30 de abril una caravana con más de 300 migrantes –según indicó el alberge “La 72”–, entre ellos 30 mujeres, salió de este refugio ubicado en Tenosique, Tabasco, en caminata grupal hacia el norte del país.
Sin embargo, a 40 kilómetros de su salida fueron detenidos con violencia por un “operativo de control y verificación” en el que participó el INM con apoyo de la PF y policías de Tabasco, denunciaron defensores de DH.
El operativo tuvo lugar alrededor de las 8 de la noche en parajes cercanos a la comunidad de Chacama, perteneciente al municipio tabasqueño de Emiliano Zapata.
Rubén Figueroa y fray Tomás González –dos de los tres defensores que denunciaron los hechos– dijeron vía telefónica a Cimacnoticias que, según declaraciones de las y los migrantes, el operativo fue muy parecido a una “emboscada”, ya que hubo violencia, intimidación y que incluso habrían participado militares, lo cual –aclararon los activistas– no fue confirmado por las autoridades.
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