Nunca pensé que la desaparición y posterior asesinato de Alejandra me convirtiera en lo que soy ahora; mi vida dio un giro de 360 grados.
Abuela malcriando nietos, dedicada a mi trabajo (maestra de escuela primaria). Me convertí nuevamente en mamá.
Lilia
Alejandra desaparece un 14 de febrero de 2001 y su cuerpo fue
encontrado una semana después en un lote baldío, con huellas de tortura
y violencia sexual. A raíz de esta situación es que nace la asociación
“Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, organización conformada por
familiares y amigos de jóvenes desaparecidos y asesinados en Ciudad
Juárez, Chihuahua.
Asesorada por algunas personas y en compañía
de Marisela Ortiz, fundamos la organización y como siempre he dicho -no
fue que un día me levantara y decidiera ser activista- ¡No!, fue la
omisión, negligencia y corrupción de las autoridades lo que nos obligó
a constituirnos en Asociación. La necesidad de exigir que hicieran su
trabajo bien hecho a quienes se supone son nuestros abogados, pues esa
es la función del M.P. (Ministerio Público), realizar las
investigaciones y defensa a las víctimas, pero la realidad es otra, que
nos ha obligado a las madres a luchar en contra del Gobierno y las
instituciones encargadas de impartir justicia, a convertirnos en
investigadoras y buscar nosotras mismas a nuestras hijas, ya sea en el
desierto realizando rastreos, en bares de la localidad o donde alguna
llamada anónima nos indica que las vieron; asimismo, apoyando a otras
madres en la misma situación, pertenezcan o no a la organización.
En
estos 13 años de lucha hemos recibido acosos de las instituciones
gubernamentales, además de amenazas de todo tipo, hasta el intento de
asesinato. Sabemos que no todas las amenazas han partido del Gobierno,
pero sí que es el mayor interesado en mantenernos calladas, pues no le
conviene que rompamos el silencio y alcemos la voz para denunciar los
actos de corrupción que hay en las filas de la Procuraduría.
La
realidad señala que el problema no acaba y al contrario, se agrava cada
vez, pues siguen desapareciendo jóvenes. En la actualidad, se tienen 85
osamentas en el Servicio Médico Forense sin identificar. Según el
fiscal Ernesto Jáuregui, titular de la Fiscalía de Género del estado de
Chihuahua, esto nos indica la gravedad de la situación, y el Gobierno
sólo nos lo oculta.
“10 de mayo, nada que festejar”
“Todas son nuestras hijas, todas son nuestras asesinadas”
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