Faltan herramientas que garanticen sus derechos políticos
En 2018 habrá elecciones en México para renovar la Presidencia de la
República y elegir 3 mil 326 cargos legislativos, lo que supone gran
cantidad de mujeres participando, aunque las analistas presagian que las
virtuales candidatas podrían enfrentar violencia para desalentar su
incursión en la política.
La buena noticia –dicen las expertas– es que todos los partidos
políticos estarán obligados a postular igual número de mujeres y varones
a los cargos electivos (principio de paridad de género) pero la mala es
que todavía no hay suficientes herramientas para que compitan en
condiciones de igualdad.
A la fecha el principio de paridad en candidaturas aplica para integrar
la Cámara de Diputados federal, el Senado y los 32 Congresos locales.
Sin embargo, hay casos, como el de Oaxaca, donde la paridad es
constitucional aunque su ley electoral establece solo una cuota de
género del 40 por ciento en candidaturas al Poder Legislativo.
Entre los problemas que enfrentarán las aspirantes a una candidatura y a
un cargo de elección están: no tener un piso parejo en la competencia,
por ejemplo, que los partidos elijan a mujeres para gobernar a través de
ellas; falta recursos para hacer campaña y de espacios en medios de
comunicación; acompañamiento de los líderes del partido y, en
particular, acoso, amenazas, descalificación o intromisión en su vida
privada.
MÁS ASPIRACIÓN, MÁS VIOLENCIA
Ante la falta de una legislación que defina el término violencia
política, en 2014 instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto
Nacional de las Mujeres crearon el Protocolo para Atender la Violencia
Política contra las Mujeres para crear una ruta de atención a estos
casos.
De acuerdo con el Protocolo, la violencia política contra las mujeres
“comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia–
que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de
derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos
políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
La consultora e integrante de la comisión que está actualizando este
instrumento, Teresa Hevia Rocha, señala que en los últimos dos procesos
electorales en los estados se ha visto recrudecer la violencia contra
las mujeres; en especial cuando compiten por obtener un cargo en los
ayuntamientos.
Están los casos de mujeres que ganaron la elección y que fueron
violentadas para obligarlas a abandonar el cargo: Samantha Caballero, en
el municipio de San Juan Bautista lo de Soto, en Jamiltepec, Oaxaca;
Felicitas Muñiz, en el municipio de Cuilapan, en Guerrero; y Rosa Pérez,
en el municipio de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, entre muchos otros.
Dice Hevia Rocha que hay menos casos de violencia cuando se busca una
diputación pero se incrementa en los municipios porque todavía hay un
rechazo a que las mujeres tengan posiciones de autoridad y porque los
municipios son los más condicionados porque allí están los programas,
los recursos, la posibilidad de influir y porque al ser cargos
unipersonales concentran el poder.
Para la experta es importante que a nivel federal y en los estados se
legisle y que estas conductas contra las mujeres en la política se
sancionen. Según un análisis que realiza sobre la normatividad en la
materia, hay 17 estados que han incorporado la figura de violencia
política de género, pero destaca Oaxaca que incluyó el término en el
Artículo 401 bis de su Código Penal y Nayarit que lo tienen como una
infracción en su ley electoral.
LEYES SIN ARMONIZAR
Después de la reforma político electoral de 2014 que elevó a rango
constitucional la paridad de género, algunos estados han legislado
también para incorporar la violencia política, pero aún hay una
diversidad de criterios. En el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización
Legislativa, que se realizó esta semana, el tema apenas fue mencionado
por la senadora Diva Hadamira Gastélum.
La normatividad indica que hasta julio de este año, nueve de las 32
entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo
León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de
este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y
Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola
a propaganda electoral.
Además nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche,
Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el
concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y
Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y
en su ley para una vida libre de violencia.
Al respecto, la ex senadora independiente y fundadora de la organización
Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Martha Tagle Martínez, dice
que es necesario empezar a hablar de la violencia y visibilizarla como
un delito electoral porque estas formas de intimidación buscan que las
mujeres no puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos.
A decir de la ex legisladora, esta violencia siempre ha existido pero
nunca se ha conceptualizado como tal y es a raíz del aumento de las
mujeres violentadas en política que se ha dado esta discusión, justo
cuando surge la necesidad de contar con herramientas legales para
hacerle frente.
Por ello, en febrero pasado la entonces senadora propuso citar a
comparecer ante el Senado al titular de la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, para que expusiera
las acciones en la materia. Según esta instancia, de 2013 a 2016 se
iniciaron 416 expedientes por violencia política contra mujeres; de los
cuales 53.1 por ciento se presentaron en 2016.
Tagle Martínez explicó que en dos ocasiones el Senado aprobó una minuta
en la materia para definir el término en las leyes electorales, primero
en febrero de 2013 y luego en marzo de 2017. En ambos casos la reforma
no fue avalada por la Cámara de Diputados por lo que a nivel federal el
tema sigue atorado.
Pese a ello, el tema poco a poco se ventila y, por ejemplo, en 2016, el
Instituto Electoral del estado de Zacatecas hizo un estudio con 45
síndicas, presidentas municipales y diputadas electas de 2016 a 2018 en
la entidad y 29 (65 por ciento) dijeron haber sido víctimas de violencia
durante la precampaña o campaña.
Archivo CIMACFoto
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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