Un equipo de forenses independientes intervino terrenos de Cañaveral de
Puntilla en Tamuín, San Luis Potosí, 22 y 23 de junio, para localizar
los restos óseos de Rosa María Sánchez González, de 15 años de edad,
asesinada en 2010 por el ex militar Filiberto Hernández Martínez, autor
de otros cuatro crímenes.
No tuvieron éxito, ya que posiblemente las pruebas se perdieran debido a que la autoridad tardó dos años para concretar la diligencia.
En febrero pasado se confirmó la identidad de Rosa María Sánchez a partir de un análisis de siete huesos localizados tres años atrás, cuando Filiberto Hernández fue detenido por portar un arma de uso exclusivo del Ejército y confesó haber asesinado a cuatro menores de edad y una mujer de 32 años entre 2010 y 2014, y arrojado los cuerpos en Cañaveral de Puntilla.
Saber que los restos eran de la menor de edad permitió que el ex militar fuera procesado por asesinarla, pero aún se necesitan recabar más pruebas para integrarlas a la carpeta de investigación y se pueda comprobar el crimen. Para eso se realizó la búsqueda los días 22 y 23 de junio, explicó en entrevista con Cimacnoticias, el abogado coadyuvante del caso, David Peña Rodríguez.
DILATACIÓN DE LA PROCURADURÍA LOCAL
En 2014, cuando el feminicida fue detenido, los forenses de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJSLP) no concluyeron la búsqueda de los restos óseos de Rosa María al argumentar que las condiciones del terreno no eran las óptimas.
Dos años después la búsqueda se reanudó ante la exigencia del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social AC (Gadh) organización que acompaña legalmente los casos cinco casos.
En ese momento, la organización denunció que los especialistas de la Procuraduría local fingieron la búsqueda; no llevaban las herramientas necesarias, y no delimitaron ni resguardaron el lugar de los hechos. Por lo que propusieron a un equipo de forenses independientes del estado de Michoacán para concretar las diligencias que omitió las autoridades del estado.
En este rastreó también participó personal de la Procuraduría local, autoridades municipales, el Grupo de Acción y familiares de la víctima.
PÉRDIDA DE EVIDENCIAS
Los resultados de este rastreo también eran claves para sustentar el asesinato de la niña de 13 años de edad, Adriana Martínez Campuzano, ya que el Poder Judicial local y la PGJSLP informó en mayo a la defensoría que perdió las evidencias de la investigación, por lo que caso corre el riesgo de quedar impune.
“Eso nos preocupa porque esos dos casos están en investigación, es decir, si se tienen buenos dictámenes periciales se puede avanzar”, señaló David Peña, integrante del Gadh.
El abogado expresó que para recuperar los restos de Rosa María o alguna evidencia, se enfrentan a condiciones adversas por el estado del terreno que se utiliza para siembra. Pero la familia de la menor de edad decidió no desistir y se programará otra búsqueda en la que participen forenses de la Procuraduría, colectivos de búsqueda de personas, pero ya sin el equipo independiente.
“No lo podemos descartar es parte importante para la tranquilidad de la propia familia”, dijo David Peña.
PREPARAN QUEJA ANTE COMISION DH
El abogado adelantó que están preparando una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la pérdida del material probatorio en el caso de Adriana, “Hicimos un recuento de las pruebas que el Ministerio Público entregó al juez, ahí se perdieron los elementos de prueba”, expresó.
Este organismo presentó este año un informe especial donde determinó que la Procuraduría investigó mal los cinco casos. Y ordenó al Gobierno estatal a crear una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos.
Estas acciones las reafirmó la Secretaría de Gobernación el 21 de junio con el decretó de la Alerta de Violencia de Género para los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.
Asimismo, la defensa presentará un amparo para fijar la responsabilidad de los servidores públicos encargados de resguardar los objetos de prueba.
En tanto, el ex militar está en espera de sentencia en un penal de máxima seguridad en Durango, únicamente por tres asesinatos: el de Itzel Romaní Castillo de 11 años, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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