Justicia para Valeria

  LENGUANTES

Por: Ethel Z. Rueda Hernández*

El pasado sábado 17 de junio, una jueza del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, municipio del Estado de México, determinó que no hay delito que perseguir en el caso contra José Octavio “N”, presunto secuestrador, violador y homicida de Valeria, la niña de 11 años que el pasado jueves 8 abordó la unidad de transporte público que conducía el acusado.

 

Este fallo se debe a que el presunto agresor fue encontrado muerto el 15 de junio en la celda del Cereso de Neza en que se encontraba. Muerto el presunto responsable, no queda delito que perseguir. Caso cerrado.

 

¿Es esto justicia para Valeria? ¿Para su familia? ¿Para las miles de desaparecidas en el Estado de México, cuyo número aumenta día con día?

 

La flagrante negligencia y revictimización por parte de las autoridades en los primeros y preciosos momentos de la denuncia de los padres sigue impune. A pesar de que el caso era ocasión de poner en práctica tanto los protocolos de la Alerta Amber como los de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, no hubo respuesta inmediata, ni eficaz, por parte de los elementos del sistema judicial ante los cuales los padres acudieron para pedir ayuda.

 

Las irregularidades en el proceso de aprehensión y custodia del presunto responsable, del cual ni siquiera se ha comprobado de manera contundente la responsabilidad, ni si actuó en complicidad con otras personas, siguen impunes.

 

Tal vez lo más aterrador, lo más indignante, del caso de Valeria reside en este punto: no es un caso extraordinario, poco común. No es raro. Este tipo de agresiones y desapariciones se dan de modo regular en el Estado de México (y en varios otros lugares del país). Este tipo de procesos irregulares, negligentes, corruptos y permisivos, son moneda corriente, son la normalidad de nuestro sistema de justicia.

 

Ese mismo sábado, luego del fallo de la jueza, hubo otra marcha, encabezada por los familiares y amigos de la niña Valeria, para exigir justicia en su caso. Porque no, el cadáver del presunto perpetrador no es justicia, es de hecho un atropello más, que no se soluciona con la destitución del director del penal.

 

La suspensión y regularización de la Ruta 40 no es justicia, es apenas un remiendo ante la desgarradura que es la situación del transporte público en el Estado de México. Se trata de una medida insuficiente y tardía, que no puede enmendar una situación que lleva fuera de control casi una década.

 

La revictimización y violencia que han sufrido los padres durante todo el proceso no son justicia. Es claro que los protocolos de atención no están funcionando, que el personal no está capacitado para atender estos casos (a pesar de su frecuencia), que no se están destinando los recursos, ni económicos ni de otras índoles para detener la oleada de desapariciones, violaciones y feminicidios en el Estado de México.

 

Tenemos derecho a un transporte público seguro. Tenemos derecho a que la policía actúe de manera expedita y adecuada, a que tome en serio nuestra denuncia, a que nos trate con dignidad y sin violencia. Tenemos derecho a que no se nos culpabilice por un crimen cometido en nuestra contra. Tenemos derecho a un proceso penal transparente y exhaustivo, tanto si somos víctimas, como victimarios. Tenemos derecho a que nuestros seres queridos no desaparezcan, a que no nos violen impunemente, a que no nos maten. Tenemos derecho a que nuestras instituciones de gobierno asuman la responsabilidad que les corresponde en este caso y hagan cambios urgentes para remediar sus carencias. Tenemos derecho a exigir que esto no se repita. Tenemos derecho a la justicia.

 

*Estudió Filosofía en la UNAM con interés en el pensamiento crítico y las problemáticas de género. @alzilei

 CIMACFoto: César Martínez López

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