PORTADAS:Duarte acepta ser extraditado
tan pronto sea posible/Aprueba la Corte tribunal a modo/Pemex vende al doble gasolina que trae de EU/
Hacienda afila sus tijeras para infraestructura y gasto social
/Ahora que Javier Duarte aceptó su extradición a México, ¿qué sigue?/Revelan reunión de Salinas con cúpula del PRI en mansión del gobernador de Campeche/Aumenta 70% robo de medicamentos, durante segundo trimestre de 2017/En caso de espionaje, PGR apuesta por “control de daños”/De víctimas a acusadas/Partido Verde analizará entrar a frente opositor; “debemos tener lealtad con la población más que con el PRI/El 74% reprueba a EPN y es el peor calificado en la historia: GEA-ISA; 53% cree que habrá fraude en 2018/
REFORMA
La
Suprema Corte de Justicia consumó ayer la conformación de un tribunal
electoral a modo para los principales partidos políticos: PRI, PAN y
PRD. Producto
de un acuerdo en "fast track" en el Congreso, la mayoría de los
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(Trife) ostentarán un amplio poder, pues calificarán dos elecciones
presidenciales: 2018 y 2024.Además, cada uno tendrá ingresos por 4 millones de pesos anuales.Por
estrecha mayoría, la Corte validó ayer la ampliación de los periodos de
gestión para 4 de los 7 Magistrados electorales, una reforma aprobada
el año pasado por el Congreso federal.Dicho
acuerdo legislativo benefició a los Magistrados Indalfer Infante y José
Luis Vargas, quienes vieron ampliados sus plazos de gestión de 3 a 7
años, y Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez pasaron de 6 a 8 años.Estos
Magistrados, así como Janine Otálora, Felipe de la Mata y Mónica Soto,
elegidos para ejercer los próximos 9 años, fueron impulsados tras un
acuerdo político entre PRI, PAN y PRD.El pacto fue impugnado ante la Corte por Morena y el PRD pese a que éste previamente lo había apoyado.El
Ministro Alfredo Gutiérrez, quien impulsaba invalidar la reforma,
advirtió que el nombramiento de los Magistrados "se puede valorar como
una dádiva para los titulares de la función" y sus efectos "son
potencialmente para la sociedad y los futuros quejosos".La
reforma fue validada por 6 votos contra 5, y el principal argumento fue
que, si bien los Magistrados ya habían rendido protesta en el Senado,
aún no ocupaban el cargo cuando el Congreso prolongó sus nombramientos,
lo cual ocurrió horas antes de su toma de posesión.
EL UNIVERSAL
EXPANSIÓN CNN
Recursos para rubros como salud, educación y obra pública podrían tener un ajuste dentro del presupuesto para el siguiente año.El gobierno federal afila sus tijeras para recortar el presupuesto
público de 2018, y ya tiene en la mira los gastos en infraestructura y
de desarrollo social.Esta semana, el secretario de Hacienda José Antonio Meade, dijo que el recorte del próximo año será menor al 0.4% del PIB, equivalente a 58 mil millones de pesos.“Todavía no sabemos la exacta composición de cada uno de los espacios
en donde podamos realizar ajustes”, dijo Meade a la prensa el martes.Sin embargo, según el documento de Precriterios de Política Económica
2017-2018, presentado en abril por la misma Secretaría de Hacienda a la
Cámara de Diputados, la reducción vendría por el lado de los recursos
que se destinan a infraestructura y gasto social.“Se estima que en 2018 se requerirá un ajuste en el gasto programable
pagado incluyendo la inversión de alto impacto económico y social por
43,800 millones de pesos con respecto al Presupuesto 2017, equivalente a
0.2 por ciento del PIB”, indica el documento.La previsión de 0.2% del PIB de recorte, sin embargo, es menor al
parámetro recién anunciado por el titular de las finanzas públicas del
país de 0.4%. Según Meade, eso va en línea con el objetivo de conseguir
por segundo año con superávit primario.“El ajuste viene por inversión y algunos programas sociales como
Seguro Popular y Prospera, que es lo que ha sucedido en recortes
pasados. No obstante, dentro del gasto administrativo del gobierno, se
pueden recortar recursos por seguros, salarios, equipos, honorarios y
salarios, arrendamientos, compra de equipos”, comentó Vidal Llerenas,
secretario de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara
de Diputados.
El 55% de los
encuestados respondió que su gestión ha sido "mala". El 62% quiere un
cambio del partido en el poder, una caída de 12 puntos respecto al
trimestre anterior. A un año de la elección presidencial, la aprobación a la gestión del
presidente Enrique Peña Nieto se estancó en 19% en los dos últimos
trimestres de acuerdo con el seguimiento que ha dado a su gestión la
empresa GEA-ISA.El priista es el mandatario federal peor evaluado en comparación con
sus antecesores panistas, Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes en su
peor momento alcanzaron aprobación de 41 y 35%, según muestra la Segunda Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 2017 de la consultora, presentada este miércoles.Las entrevistas se aplicaron en vivienda a 1,000 personas mayores
de 18 años con credencial de elector, del 17 al 19 de junio de 2017 y
tienen un nivel de confianza del 95%, con un margen de error del +/-
3.1%.El porcentaje de personas que desaprueba la gestión de Peña Nieto se
redujo en comparación con el trimestre anterior de 77% a 74%.El gabinete de Peña Nieto recibió la misma valoración que él, con
opiniones negativas del 19% de aprobación frente a 74% de desaprobación
entre los encuestados.En cuanto a la calificación que los participantes dieron a la labor
realizada por el presidente, el 55% respondió que ha sido mala, mientras
que un 13% dijo que buena.
ANIMAL POLÍTICO
Ahora que Javier Duarte aceptó su extradición a México, ¿qué sigue?
A pesar de que Javier Duarte aceptó su extradición a México, eso no
significa que el exgobernador será enviado al país en los próximos días,
ya que al menos permanecerá dos semanas más en Guatemala. Durante la audiencia ante el Tribunal Tercero de Guatemala, Javier
Duarte, el exgobernador acusado de delincuencia organizada y operaciones
con recursos de procedencia ilícita, aceptó su extradición a México para enfrentar a las autoridades por los delitos que le imputa el gobierno de Veracruz.Sin embargo, aunque Javier Duarte aceptó su extradición, eso no significa que el exgobernador sea enviado a México en el corto plazo,
ya que al menos tendrá que permanecer en una prisión de Guatemala hasta
a la audiencia del próximo 4 de julio, ya que ese día se le informará
sobre las solicitudes de aprehensión en su contra obtenidas por
autoridades federales.Ante este panorama, Animal Político te explica los escenarios que se podrían presentar en los próximos días sobre el exmandatario.Javier Duarte se allana de los casos federales.Esta es la forma más rápida para que el exgobernador de Veracruz regrese a México para enfrentar a la justicia.Si
en la audiencia del próximo 4 de julio, Javier Duarte acepta allanarse
de los casos federales, será cuestión de días para que sea enviado y
entregado a las autoridades mexicanas.“Estamos en espera de que
el 4 de julio, cuando se lleva a cabo la audiencia, es que (Javier
Duarte) se pueda allanar o no y en ese momento (si se allana) estaríamos haciendo todos los trámites para su entrega inmediata”,
dijo el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la
Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, en
entrevista con Carlos Loret de Mola en el noticiero Despierta de
Televisa.“En caso de que se allane, estaríamos hablando
de aproximadamente una semana en que pudiera estar enfrentando a la
justicia mexicana”, agregó.No acepta la extradición.Si el exgobernador y su equipo de abogados rechazan la extradición por los delitos federales, Javier Duarte permanecerá en Guatemala, mientras se desahoga el juicio de extradición y las apelaciones que se presenten.Es necesario aclarar que es
imposible que Javier Duarte sea extraditado a México solo por las
órdenes de aprehensión obtenidas por las autoridades de Veracruz sin que se resuelvan las imputaciones federales.
PROCESO
ARISTEGUI NOTICIAS
Presenta Barbosa iniciativa para fortalecer la prohibición del espionaje político
CONTRALÍNEA
El grupo de apoyo técnico para
investigar el espionaje gubernamental contra periodistas, defensores de
los derechos humanos y activistas anticorrupción, anunciado por la
Procuraduría General de la República el 26 de junio y en el que
participará la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, “se
inscribe en una lógica de investigación sumamente estrecha y podría
tender al control político de daños, pero no al esclarecimiento de los
hechos”, señala la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción.Por medio de un comunicado –firmado por
76 organizaciones y personas–, indica que “en las actuales
circunstancias de violencia y criminalidad exacerbada, la inteligencia
del Estado tendría que estar destinada a reunir información para
profundizar en el conocimiento de las dinámicas de la delincuencia y de
esa manera diseñar estrategias de seguridad novedosas y que apunten al
éxito. Sin embargo, el uso de la inteligencia se pervierte y se endereza
contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y
activistas sociales”.Para la Plataforma, los probables
objetivos del espionaje incluirían la intimidación y la motivación para
hacerlos desistir de sus trabajos, “lo cual contraviene diferentes
obligaciones estatales y genera suspicacias respecto de los controles
democráticos que debieran pesar sobre ciertas instancias”.Los firmantes señalan que “la compra de software
de espionaje y su uso malicioso es una evidencia de corrupción, pues se
emplean recursos públicos para propósitos ilegales y se erosiona aún
más la poca credibilidad de las instituciones públicas. Corrupción
alentada por la clara conciencia de que no habrá consecuencia alguna por
estos delitos penales y administrativos”.Agregan que la investigación penal que
se requiere debe ser acorde con las implicaciones y la gravedad de las
afectaciones generadas por ese acto pluriofensivo que es la intervención
ilegal de comunicaciones.El espionaje ilegal, indican,
“contraviene normas penales, constitucionales y convencionales, cuando
se efectúa sin control alguno y contrariamente a los fines legítimos que
pudiera tener; por tanto, la investigación debiera abordar esta
conducta desde un enfoque que abarque no solo delitos relacionados con
libertad de expresión, sino también responsabilidades penales y
administrativas de servidores públicos, así como mecanismos que
garanticen la prohibición absoluta del uso indebido de herramientas de
investigación criminal y el estricto apego de éstas a rigurosos
controles constitucionales”.
REPORTE ÍNDIGO
Era
su vida o la de su atacante. Itzel, una chica de 15 años, no titubeó y
apuñaló en legítima defensa a su violador cuando la agredía. Ayer la PGJ
capitalina la exoneró a diferencia de Yakiri, la joven encarcelada en
el 2013 por matar a su agresor sexual y secuestrador
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
Partido Verde analizará entrar a frente opositor; “debemos tener lealtad con la población más que con el PRI
El Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) dio a conocer que analizará entrar a frente opositor, luego de la
invitación de Alejandra Barrales, presidenta del Partido de la
Revolución Democrática (PRD).
Pablo Escudero, presidente del Senado,
señaló que el Partido Verde considera además hablar con los demás
partidos “Esperemos a ver qué reuniones tienen y en qué términos son. Yo
les pediría que en esa parte hiciéramos las consultas con el propio
partido y con el coordinador Puente, pero me parece bien, hay que
platicar con todos los partidos y es un buen camino”.
Asimismo aseguró que el Partido, debe
tener lealtad con la población más que con el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) “La lealtad que debe tener el Partido Verde es con
los mexicanos, no con otros partidos políticos y me parece que está
haciendo bien el Verde en platicar con otras fuerzas políticas”, expuso.
Y agregó “Lo importante es que quepan
todos, es la única manera de resolver los problemas de este país, no
polarizando, al revés, sumándonos todos”.
Asimismo, el vocero del PVEM, el senador
Carlos Puentes, declaró que van a analizar la propuesta enviada por
Barrales, así como se encuentran abiertos a ” platicar con todas las
fuerzas políticas, con todos los líderes de los partidos políticos y con
toda la militancia que ello incluye”.
“Debemos estar abiertos todos para construir un proyecto de nación.
Estaremos abiertos a sentarnos a platicar con todos, es necesario que
los que participamos en política estemos abiertos”, recalcó el senador
SINEMBARGO
El 74% reprueba a EPN y es el peor calificado en la historia: GEA-ISA; 53% cree que habrá fraude en 2018
Se recomienda leer los siguientes datos antes de continuar. 1 - EA inició sus labores en 1990 como consultora política y a la postre empezó a realizar encuestas en alianza con ISA. Su marca se volvió controvertida cuando en 2012, asociada con el periódico Milenio, fue la que más falló. En los últimos meses, aparece mancomunado con Excélsior, periódico en el que ha publicado sus últimos ejercicios. En estos momentos no se encuentra en ninguna asociación colegiada. 2 - En 2012, dio ventaja al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, de 25.1 puntos porcentuales sobre el segundo lugar, Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional. Falló por 18.48 puntos. Debido a este resultado rompió su relación con Milenio.3 - Todas las encuestas aquí publicadas son responsabilidad plena del medio y la casa encuestadora.La popularidad del Presidente Enrique Peña Nieto sigue en picada: sólo el 19 por ciento de los mexicanos aprueba su gestión, de acuerdo con GEA-ISA; el 36 por ciento se siente “enojado” y el 31 por ciento “preocupado” por las consecuencias de la administración del priista, manteniéndose así como el Jefe de Estado peor calificado en la historia del país. Su Gabinete tampoco se queda atrás: 74 por ciento desaprueba su desempeño. A esto se suma que, de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo año, el 53 por ciento de los ciudadanos prevé que se cometerá fraude en esos comicios. (EFE).- El 74 por ciento de la población desaprueba la labor del Gabinete de Enrique Peña Nieto, que llega así a su nivel más bajo de popularidad desde que inició el sexenio a finales de 2012, indicó hoy un estudio de las encuestadoras GEA-ISA. De acuerdo con el sondeo, que corresponde al segundo trimestre del año, únicamente el 19 por ciento de los ciudadanos aprueba el trabajo de los secretarios de Estado.En cuanto al propio Presidente Enrique Peña Nieto, este ha repuntado mínimamente sus niveles de popularidad, dado que tiene una desaprobación de 74 por ciento, es decir, tres puntos porcentuales menos que la reportada en el sondeo del primer trimestre.La aprobación de su gestión se mantiene en el mismo nivel que hace tres meses, un 19 por ciento, la misma que la de su Gabinete. En cuanto a las emociones que provoca entre los encuestados, el 36 por ciento siente “enojo” frente a Peña Nieto, el 31 por ciento “preocupación”, el 22 por ciento “esperanza” y el 7 por ciento “orgullo”.El 58 por ciento de las personas declaró que no cree “nada” al Jefe del Ejecutivo, mientras que solo el 3 por ciento le cree “mucho”.Seis de cada diez ciudadanos responsabilizan al Gobierno de la situación actual del país, y el 42 por ciento opina que la inseguridad en su barrio ha empeorado durante los últimos seis meses.
Minería y petróleo dejan dinero sin precedentes, pero no llega a los pueblos, dice estudio de NRGI
Las comunidades en México no gozan de los beneficios económicos procedentes de la minería, gas y el petróleo ante la opacidad del Gobierno, sostiene el Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales. La seguridad y la corrupción son dos de los componentes integrados en el estudio realizado por el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, por sus siglas en inglés) y son los puntajes más bajos que obtiene México tanto en el sector minero como en el petrolero.En entrevista con SinEmbargo, Alonso Hidalgo, investigador del NRGI, explicó que el que no exista una legislación que pueda enfrentar el tema de conflictos de intereses, puede eventualmente amenazar los logros que, a su parecer, conlleva la Reforma Energética.El aumento en las inversiones y la productividad de las actividades extractivas no representa un camino de desarrollo para las comunidades con las que comparten el territorio y esto ocurre porque México no cuenta con normatividad que permita a los ciudadanos seguir el trayecto del dinero que proviene de la explotación de sus recursos naturales, sostienen los autores del Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales.El estudio elaborado por el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, por sus siglas en inglés) muestra que México ha acertado en ciertas políticas energéticas pero los problemas de contexto, que son la corrupción y la violencia, ayudan a que prácticas como el conflicto de interés y la opacidad capturen los beneficios del sector petrolero y minero. “México tiene verdaderos problemas de corrupción, violencia y captura del Estado […]. Lo advertimos en síntomas como una divulgación limitada de los intereses de los funcionarios públicos en las empresas extractivas, y un esquema de propiedad opaco en la empresas con las cuales el gobierno hace negocios”, aseguró Carlos Monge, director de NRGI para América Latina.Alonso Hidalgo, investigador del NRGI, explicó que los resultados de México en el Índice son reflejo de un contexto que permite la corrupción:“En los resultados se ve que existen esas condiciones para que se produzcan una serie de escándalos de corrupción y no están puestos los mecanismos y los seguros apropiados de ley que permitan hacer frente a eso”.LOS RESULTADOS. En el sector de petróleo y gas, México obtuvo 61 puntos de 100 posibles, lo que resulta ser un desempeño satisfactorio. El problema se encontró en la gestión de los ingresos públicos.El país recibió sus calificaciones más altas en los componentes Condiciones Generales de Gobernabilidad y en Extracción de Valor y la preocupación está en la apertura que se dio luego de la Reforma Energética y que generó tensiones en torno a temas socioambientales.
LA JORNADA
Tráfico de influencias y desvío de 220 millones de pesos, entre imputaciones
Censura a Yunes por "gastar de manera inútil el tiempo de tribunal guatemalteco"
Aún falta la audiencia por los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada
Gustavo Castillo, enviado
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Tacha las acusaciones del gobierno de Veracruz de "irrisorias y vagas"
Sonriente y con más peso, Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, pidió tiempo a sus custodios para que la prensa le tomara fotografías, luego de la audiencia en el Tribunal de Sentencia de Guatemala. Reconoció que consume ansiolíticos y otros fármacos "por prescripción médica". Cuando estuvo cerca del vehículo que lo regresaría a prisión, dijo: "llegó mi Uber" Foto Ap
"Medida obligada por la presión en el pago de pensiones"
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