Lev M. Velázquez Barriga*
El internado de Tiripetío
es una de las 15 normales rurales mexicanas con esta modalidad que han
sobrevivido al cierre violento o velado de más de una veintena de ellas,
desde los años sesentas. Es el pilar que ha sostenido y articulado la
defensa del normalismo en Michoacán; la solidaridad y el compromiso
político de sus estudiantes es tan alto, que son incontables las veces
en que han cobijado otros movimientos estudiantiles que luchan por el
derecho a la educación pública, justamente como sucedió recientemente en
Cañada Honda o meses antes, cuando apoyaron a cientos de jóvenes
rechazados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que
estaban siendo hostigados por el gobierno de Silvano Aureoles, al exigir
un lugar en la universidad pública.
Tiripetío es la voz más crítica entre las normales michoacanas. Desde
ahí se ha convocado a diversos investigadores que destacan entre las
instituciones de mayor prestigio del país, a los representantes e
intelectuales de la izquierda pedagógica latinoamericana, a la comunidad
académica nacional de sus escuelas hermanas, urbanas y beneméritas,
para debatir a conciencia la situación actual, así como los horizontes
del normalismo mexicano que con la reforma educativa se quiere llevar
hasta la tumba, provocando la muerte pedagógica de la profesión docente.
Contra el currículo oficial, los alumnos y los maestros mantienen
vivo el espíritu original del normalismo rural, el currículo real del
internado sigue contemplando los ejes: académico, deportivo, cultural,
político y productivo, estos últimos sin ningún apoyo económico o
institucional y bajo la autorganización del estudiantado que observa en
la dimensión económica agropecuaria un vínculo con las comunidades
rurales y en la formación política la continuidad del compromiso ético
en favor de los sectores sociales populares.
Ciertamente, la defensa del normalismo desarrollado por los jóvenes
de Tiripetío los ha orillado a escenarios de confrontación en los que
exponen su integridad física, ante la constante amenaza del Estado que
mantiene de manera permanente un dispositivo policiaco que ha intentado
en varias ocasiones invadir el espacio físico de la normal para
desalojarlos; que vigila y persigue la movilidad de los estudiantes a
cualquiera de sus actividades, que realiza acciones de vandalismo para
después culpar a los jóvenes y justificar su represión ante la opinión
de la ciudadanía.
A falta de un proyecto oficial que fortalezca la formación inicial de
los profesores, hasta hoy desconocido por la propia comunidad educativa
de las escuelas normales, el Estado mexicano optó por exterminarlas.
Esta guerra abierta contra ellas tiene una faceta de violencia
simbólica, que alienta el desprestigio académico, el odio racial,
clasista y patriarcal contra la condición humilde e indígena de sus
estudiantes y aviva las posiciones ultraderechistas que claman por su
cierre inmediato.
Otra de sus dimensiones es la provocación sistemática de
ambientes de violencia física que aterrorizan a la sociedad, que buscan
inhibir el deseo de los jóvenes por ingresar a estas escuelas o los
orillan a desertar si ya forman parte de ellas. Antes de la reforma de
2013, Tiripetío tenía una demanda anual de más de mil aspirantes, en
2015 disminuyó a 400, en 2016 a 200 y en 2017, en medio del clima
represivo que se vivió, prácticamente a la par de su convocatoria de
nuevo ingreso, sólo llegaron 159 solicitudes. La eficiencia terminal era
de 99 por ciento, pero ahora vemos deserciones desde los primeros años
de la carrera, que antes eran atípicas.
El aumento al presupuesto 2017 de 2 mil 829 millones de pesos para
seguridad pública en Michoacán, contrasta con las constantes retenciones
de los subsidios estatales a las normales, pero dan cuenta de que el
objetivo subyacente es la criminalización estudiantil y la muerte del
normalismo por inanición. Precisamente el detonante del conflicto en
Tiripetío fue la exigencia del pago atrasado de becas para garantizar la
alimentación de los moradores del internado, cuyas condiciones sociales
son precarias; el mismo Gael Solorio, joven que recibió un disparo con
arma de fuego en la cara, es originario de una comunidad rural que
pertenece al municipio de Turicato, región de la Tierra Caliente cuya
actividad económica está asolada por el narcotráfico y no tuvo más
opción que buscar superar las pocas expectativas que había en su
contexto, ingresando a la normal.
Esta política de exterminio, más aguda contra la normal rural, se
evidenció de nueva cuenta en la represión del 21 de junio en Michoacán.
Tiene que ver con la desruralización de la escuela, de su identidad
campesina e indígena, con desabastecerla de maestros y acelerar el
cierre de las escuelas comunitarias (ya iniciaron en Conafe) y el
desplazamiento de la población explotable a zonas de concentración que
vulneran aún más las condiciones sociales de las personas y las vuelven
presa fácil de la esclavitud moderna.
En este contexto, me parece necesario, que junto a la creciente
defensa política de las normales, en la movilización, la denuncia
pública y la observancia ciudadana, habrá que fortalecer su defensa
pedagógica, hacer más visibles y más ricas las resistencias educativas
que se desarrollan en escuelas como Tiripetío, porque ahí radica en gran
medida la relevancia de que sigan existiendo, además reivindica la
capacidad propositiva de los alumnos, de los profesores y contrarresta
la propaganda de odio que impulsa el Estado.
*Doctor en pedagogía
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