Montserrat Antúnez Estrada Cimacnoticias | Ciudad de México.- El Grupo de académicas expertas en perspectiva de género propuesto por
la UNAM para investigar el caso de Lesvy, encontrada asesinada en Ciudad
Universitaria el pasado 3 de mayo, se pronunció por primera vez desde
su conformación para exigir a la Procuraduría capitalina que investigue
el hecho como feminicidio y que permita a la familia de la joven y a su
representante legal el acceso completo a la carpeta de investigación.
A más de un mes y medio de creación, a través de un comunicado, las
académicas expresaron su “indignación” por el trato que las autoridades
de la Procuraduría local (PGJDF) ha tenido con la familia de Lesvy
Berlín Rivera Osorio, “estudiante y parte de la comunidad
universitaria”, y su representación legal al proporcionarles “a
cuentagotas” información sobre las primeras diligencias realizadas.
Esto, aseguraron, “obstaculiza que se realice de manera oportuna y
eficaz su coadyuvancia en las investigaciones, derecho que como
víctimas, por mandato de la Constitución, debe ser respetado y
garantizado por parte del Ministerio Público”.
Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-Aunque las mujeres representan la mayor parte de la fuerza de trabajo en la medicina y en la salud pública en el mundo, sus posibilidades de que reciban un premio son escasas, como demuestran los resultados de siete certámenes realizados en varios países en los últimos 10 años, donde sólo nueve de cada 100 reconocimientos fueron entregados a mujeres.
Esto puede explicarse, entre otras cosas, porque las mujeres están insuficientemente representadas en sitios de toma de decisiones en el sector salud, afirman Rosemary Morgan, Roopa Dhatt, Kelly Muraya, Kent buse y Asha S. George en el artículo “Recognition matters: only one in ten awards given to women”, publicado en el Volumen 389, número 10088, página 2569 de la revista The Lancet, del 24 de junio de 2017.
Los certámenes analizados desde su creación son los otorgados por: American Society of Tropical Medicine and Hygiene Awards (Estados Unidos); Conrado Wessel Award (Brasil); Gairdner Awards (Canadá); Prince Mahidol Award (Tailandia); Public Health Association of South Africa Award (Sudáfrica); Royal Society Africa Prize (Reino Unido y Comunidad de Naciones); y Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene Award (Reino Unidos).
Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- Aunque la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas se decretó hace más de medio año, el 18 de noviembre de 2016, la Fiscalía General Estatal (FGE) continúa con las faltas al debido proceso y al acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres, denunció la agrupación civil, Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas (CDMCH).
La AVG fue solicitada por dicho Centro hace tres años y se otorgó para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores.
Esta situación, señala el CDMCH en un comunicado, se debe a la falta de capacitación, voluntad e interés de fiscales, peritos, policías, traductores y secretarios de la Fiscalía para actuar de acuerdo al mandato que dio la Secretaría de Gobernación (Segob), por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al gobierno encabezado por Manuel Velasco Coello.
Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- A partir de mañana entrará en vigor la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual dice que la prevención, sanción y reparación de este delito debe ser libre de estereotipos de género.
Este 26 de junio, Día internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero organizaciones defensoras de los Derechos Humanos advierten que la norma contribuirá a la erradicación de la tortura sólo en la medida en que sea plenamente implementada y cumplida por las autoridades correspondientes.
Con la nueva Ley, este delito se investigará y perseguirá de oficio o por denuncia o vista de autoridad judicial, y se establece una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa al servidor público que cometa está práctica, sanción que aumentará hasta en la mitad cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, mujer gestante, persona con discapacidad o haya violencia sexual, entre otras condicionantes.
Ethel Z. Rueda Hernández*Cimacnoticias | Ciudad de México.- El pasado sábado 17 de junio, una jueza del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, municipio del Estado de México, determinó que no hay delito que perseguir en el caso contra José Octavio “N”, presunto secuestrador, violador y homicida de Valeria, la niña de 11 años que el pasado jueves 8 abordó la unidad de transporte público que conducía el acusado.
Este fallo se debe a que el presunto agresor fue encontrado muerto el 15 de junio en la celda del Cereso de Neza en que se encontraba. Muerto el presunto responsable, no queda delito que perseguir. Caso cerrado.
¿Es esto justicia para Valeria? ¿Para su familia? ¿Para las miles de desaparecidas en el Estado de México, cuyo número aumenta día con día?
La flagrante negligencia y revictimización por parte de las autoridades en los primeros y preciosos momentos de la denuncia de los padres sigue impune. A pesar de que el caso era ocasión de poner en práctica tanto los protocolos de la Alerta Amber como los de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, no hubo respuesta inmediata, ni eficaz, por parte de los elementos del sistema judicial ante los cuales los padres acudieron para pedir ayuda.
Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.- En 2018 habrá elecciones en México para renovar la Presidencia de la
República y elegir 3 mil 326 cargos legislativos, lo que supone gran
cantidad de mujeres participando, aunque las analistas presagian que las
virtuales candidatas podrían enfrentar violencia para desalentar su
incursión en la política.
La buena noticia –dicen las expertas– es que todos los partidos
políticos estarán obligados a postular igual número de mujeres y varones
a los cargos electivos (principio de paridad de género) pero la mala es
que todavía no hay suficientes herramientas para que compitan en
condiciones de igualdad.
A la fecha el principio de paridad en candidaturas aplica para integrar
la Cámara de Diputados federal, el Senado y los 32 Congresos locales.
Sin embargo, hay casos, como el de Oaxaca, donde la paridad es
constitucional aunque su ley electoral establece solo una cuota de
género del 40 por ciento en candidaturas al Poder Legislativo.
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