Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- “Si quieren saber algo, búsquenlo en Internet”, nos repite
constantemente el personal del Centro de Terapia y Apoyo a Víctimas de
Delitos Sexuales (CTA) al preguntar sobre los servicios que da la
institución y el protocolo de atención que brinda a las víctimas de
violencia sexual en la Ciudad de México.
Nadie sabe nada y, entre un ir y venir de psicólogas y personal
administrativo, esperan en la sala principal del CTA niñas y
adolescentes, acompañadas de sus madres para entrar a consulta, sólo
hay una mujer adulta. El personal nos dice que no puede dar información,
“porque es una situación muy delicada” y, en todo caso, “no tienen un
modelo a seguir”.
La recepcionista, la primera que contacta a la víctima que llega al
lugar, nos dice que no sabe cuándo se creó la institución o si tienen
algún protocolo de atención. Nos manda al Centro de Investigación
Victimológica y de Apoyo Operativo (Civa): “quizá ahí o en la página web
de la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF)”, dice, “pueden
resolver sus dudas”.
Argentina Casanova* Cimacnoticias | Campeche, Cam .- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó un
estudio que habla más de lo que se cree de la realidad de un país en el
que, al igual que en otras regiones, puede encontrarse información de
que son las poblaciones más vulneradas y diezmadas por la violencia las
personas que pertenecen a grupos étnicos o estratos sociales menos
favorecidos, en una intangible pero evidente política de exterminio
contra los pobres.
Desde el autoclasificarse como “moreno-claro” en un auténtico oxímoron,
hasta la afirmación de “no tiene la culpa el indio sino el que le hace
compadre”, hay un problema social grave que se pone de manifiesto en el
estudio del Inegi en el que habla de una “paleta de colores” (tal y
como en el estado nazi alemán se utilizó para clasificar a las
poblaciones por su tono de piel, el color de los ojos y forma del
cabello) y el auto reconocimiento de características “inherentes”
–condición natural- de la pobreza y el analfabetismo en relación con un
color de piel.
Es una aceptación tácita de las personas que respondieron la encuesta
de una realidad en la que la nota presenta un contexto social que
pareciera ligado como condición natural a las características físicas de
una persona, y no por una condición resultado del estigma y la
criminalización.
Montserrat Antúnez Estrada Cimacnoticias | Ciudad de México.- Lucía Hernández Canul y Elizabeth Arias Nicolás, defensoras indígenas de
los Derechos Humanos en Macuspana, Tabasco, advierten que lucharán
hasta el último día y seguirán enfrentando la obstinación de las
autoridades, como lo han hecho por siete años, hasta que consigan
construir una maquila que beneficie a su comunidad con una vida y
trabajo dignos.
Lucía Hernández, quien vive en la Ranchería el Triunfo, a casi una hora
de la cabecera municipal de Macuspana, afirma en entrevista con
Cimacnoticias que el compromiso por luchar lo heredó, pues viene “de una
familia de guerreras y guerreros” y que su madre fue una de las mujeres
que, organizadas desde 2010, lograron que el gobierno municipal
cumpliera con la entrega de pisos firmes para sus viviendas. Luego
buscaron la construcción de una planta textil donde ellas fueran
dueñas, para que se convirtiera en una fuente de trabajo para la
comunidad indígena de choles y chontales a la que pertenecen.
El padre de Lucía participó en 1994 en las protestas de obreros y
campesinos de la entidad, quienes denunciaron la afectación de sus
tierras por la sobreexplotación de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos
(Pemex). “Él sabe que solo cuando te manifiestas el gobierno te hace
caso”, afirma, “y me dice que siga adelante, que es mi vida y tengo que
ver cómo voy a sostenerme”.
Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-Las organizaciones, Articulo 19 Oficina para México y Centroamérica,
Comunicación e Información de la Mujer, A. C. (CIMAC), el Comité para la
Protección de los Periodistas, el Centro de Investigación y
Capacitación Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras, exigieron
justicia al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y a la
Fiscalía General del estado, a 3 meses del feminicidio de la periodista
Miroslava Breach.
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión se
pronunciaron porque se rinda un informe detallado sobre el progreso de
las indagatorias, ya que pese a los discursos de las autoridades locales
que aseguran tener identificados a los responsables no se ha emitido
ninguna orden de aprehensión contra los autores materiales ni
intelectuales del asesinato.
Exigieron también que se evite la impunidad en el feminicidio de
Miroslava Breach y que se realice una investigación adecuada con
perspectiva de género, que se castigue a los culpables y se garantice la
reparación del daño para la familia.
Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reprobó categóricamente
las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, “que criminalizan a
las personas, medios y organizaciones que denunciaron públicamente”
intentos de hackeo en sus teléfonos móviles por el programa de espionaje
Pegasus, adquirido y de uso exclusivo del Gobierno mexicano.
La exigencia se basa en las declaraciones que hizo ayer Enrique Peña
Nieto en un evento público en Jalisco, donde dijo que “aplicará la ley a
quienes han acusado a su administración”, como respuesta al reportaje
publicado el 19 de junio por The New York Times, que describe la
intervención a equipos de comunicación de periodistas y personas
defensoras de Derechos Humanos (DH) a través del software de la empresa
NSO Group.
Los ataques, indica la investigación, fueron dirigidos al director
general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, y a
su esposa; a la periodista Carmen Aristegui y su hijo entonces menor de
edad; al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, Mario Patrón, y los abogados de esta organización, Santiago
Aguirre y Stephanie Brewer.
Mónica Bernabé Cimacnoticias | Bilbao, Esp .- El estadio de deportes de Kabul era el lugar donde los talibanes
cortaban las manos o ejecutaban a quienes no cumplían sus preceptos.
Allí, por ejemplo, mataron a Zarmina, una madre afgana con siete hijos
que se convirtió en la primera mujer ajusticiada en público por el
régimen de los talibanes en noviembre de 1999. ¿Su delito? En teoría,
haber asesinado a su marido. Los talibanes descerrajaron a Zarmina un
tiro en la cabeza en medio del recinto deportivo.
En la actualidad el estadio de Kabul se vuelve a utilizar para lo que
fue construido: para hacer deporte. Y no sólo es un lugar para hombres.
Chicas afganas juegan al fútbol en su césped, y otras practican boxeo en
el sótano, habilitado como gimnasio. La mayoría son universitarias o
alumnas de instituto que pertenecen a familias de clase social media o
alta. Es la imagen más significativa de que Afganistán ha cambiado:
existe una nueva generación de mujeres afganas.
“Mi primo practicaba boxeo y me empezó a picar la curiosidad”, justifica
así Sadaf, de 18 años, su interés por pegar puñetazos. La joven nació
en Afganistán pero pasó su infancia en Irán hasta los nueve años. Allí
empezó a jugar al fútbol. Cuando regresó a Kabul, sustituyó las botas
por los guantes y en 2012 se convirtió en la promesa de la sección
femenina de la Federación de Boxeo de Afganistán, que por primera vez se
constituyó en el país tras la caída del régimen fundamentalista en
2001. Nunca antes en Afganistán las mujeres se habían puesto los
guantes.
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