FE Cómplice

 I

 Alejandro Encinas Rodríguez

Al amparo de la cortina de humo que levantó la ola de indignación por la liberación de Florence Cassez y en un acto que profundizará el abuso y la impunidad en nuestro sistema electoral, el IFE exoneró al PRI de haber operado ilícitamente recursos y haber rebasado el tope de gastos en la campaña electoral.

Durante meses, representantes del PRI negaron haber utilizado los servicios de Monex, desestimaron la exhibición pública de las tarjetas electrónicas y tacharon de apócrifas las facturas que el Movimiento Progresista dio a conocer, así como las pruebas que acreditaban la triangulación de recursos a través de distintas empresas que se ocuparon de dispersar y desvincularlos del PRI.

En su momento, Luis Videgaray, siendo coordinador de la campaña de Peña Nieto, señaló que las acusaciones eran falsas, absurdas y temerarias, ya que “ni el Comité Ejecutivo Nacional del PRI ni Enrique Peña Nieto tienen cuentas ni manejan recursos a través de Monex y, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo puede averiguar rápidamente”.

Lo mismo sucedió con el entonces presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, quien declaró que la denuncia presentada “es una acusación absolutamente inverosímil”, porque “no tenemos cuentas con Monex”.

La resolución del IFE acredita la existencia de una estructura financiera paralela a la registrada para la campaña que usó monederos electrónicos. En lugar de sancionar las prácticas ilegales, estableció que el manejo de estos recursos fue lícito puesto que el partido los usó para pagar a su estructura de campaña, dando por sentado que salieron cuentas donde el PRI administraba sus gastos.

Pese a todo, esta resolución evidencia la actuación del Tribunal Electoral federal en la calificación de la elección presidencial, cuando no le dio valor probatorio al financiamiento con tarjetas de Monex y monederos electrónicos y demuestra que el Monexgate no fue un invento, que existieron operaciones financieras a través de empresas fantasma y que se triangularon recursos con prácticas propias de lavado de dinero. Hubo aportaciones económicas de personas físicas y morales expresamente prohibidas en la ley electoral, y discrepancia fiscal entre los ingresos y los egresos de esos aportantes e incumplimiento de obligaciones fiscales, entre otras, remitiendo a las “autoridades competentes” la investigación de las presuntas violaciones de la ley.

¿Quiénes son estas autoridades?: el actual secretario de Hacienda, quien fue el coordinador de la campaña; el procurador general, que fue el coordinador jurídico; el anterior titular de Hacienda, hoy secretario de Relaciones Exteriores, y el actual responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, quien fue procurador de Justicia en el Estado de México; es decir, los protagonistas de estas irregularidades son los responsables de conocer y sancionar sus propias anomalías.

Con este resolutivo, el IFE desecha la posibilidad de aclarar el origen de los recursos y permite la opacidad en los procesos electorales, atentando contra la vida democrática del país. Es lamentable que no exista sanción alguna, teniendo claro que estos dineros fueron usados para la compra y manipulación del voto, aprovechando la pobreza y marginación que viven millones de mexicanos.

Al igual que el caso Cassez, la justicia en México está en entredicho, el sistema judicial se encuentra en una profunda decadencia. Se alude que hubo errores en el procedimiento, que se afectó el principio del debido proceso, pero eso no significa que sea inocente.

Lo mismo sucede con la resolución del IFE: se encubre en la ley, pero no se hace justicia, lo que conduce a la impunidad y hace cómplice al órgano electoral de las graves violaciones cometidas por el PRI en el proceso. Como dice la vieja conseja popular: tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata.

 Senador de la República