La materia de nuestro enojo

 Ricardo Raphael

En francés, la palabra cassez se obtiene de la conjugación en tiempo presente del verbo casser (romper), para la segunda persona del plural. La traducción exacta sería: ustedes rompen. Hoy resulta poco claro quiénes son ustedes. ¿Los mexicanos? ¿Los franceses? Sin embargo, el affaire Cassez quebró más de una cosa, en México y también en Francia. De otra manera sería difícil explicar por qué la liberación de esta mujer exacerbó los ánimos allá y aquí. Ocho de cada 10 mexicanos repudian la solución que la SCJN impuso. Mientras tanto, los galos recibieron con pompa y fanfarria el regreso de su compatriota.

Que los franceses se encarguen de explicar su propia euforia. De nuestro lado cabe emprender un ejercicio de honestidad. ¿Por qué el amparo a Cassez trae tan agrio nuestro ánimo? Me quedo con dos posibles explicaciones: la convicción de un extenso número de personas sobre la culpabilidad de Cassez y la sensación de que su liberación nada tuvo que ver con la justicia y todo con la manipulación política.

Comienzo por el primer argumento: la cultura penal mexicana. No importa cuántas reformas se hayan emprendido en materia de derechos humanos, sigue apegada a la idea de que las personas procesadas son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Con este mapa mental operan policías, ministerios públicos, jueces, medios y, en general, buena parte de nuestra primera persona del plural. No se trata de lo que dicen las leyes, sino de toda una concepción, llamémosla inquisitorial, que tardará varias generaciones antes de abandonarnos.

El affaire Cassez vino a quebrar este mapa. Los ministros de la Corte confirmaron que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por ello la autoridad ha de colocar cuidadosamente una prueba tras otra, hasta que no quede duda que la persona juzgada cometió la falta por la que se le acusa. Este proceder responde al sistema acusatorio, que es lo opuesto al inquisitorial.

De acuerdo con los ministros que liberaron a Cassez, la sentencia de prisión (60 años) estuvo procesalmente mal fundada. Los tres testimonios presentados por la autoridad eran contradictorios. Dos de los testigos no mencionaron a la francesa en su primera declaración y había elementos para suponer que el tercero había sido inducido.

Sobre las pruebas presentadas, la mayoría eran inconsistentes debido al montaje que la autoridad emprendió para simular una detención en flagrancia. Los secuestrados ya habían sido liberados cuando se escenificó la detención de los supuestos secuestradores, el material incriminatorio que se halló había sido sembrado y Cassez no estaba en la escena del crimen cuando se le detuvo. A lo anterior se suma una clara intención propagandística de la autoridad que lesionó la investigación y el debido proceso.

En resumen, testimonios, pruebas y actuación de la autoridad, juntos, por sus contradicciones, manoseo y sesgo, no alcanzaron a probar la culpabilidad de Cassez. Cierto que ello no implica que la mujer sea inocente, solo quiere decir, en el sistema acusatorio, que no hay manera de probar su culpabilidad.

El caso Cassez obligó a la justicia mexicana a arrostrar su tradición inquisitorial y la fractura provocada no puede vivirse sin despertar animosidad. Sobre todo porque la no culpabilidad puede ser considerada como sinónimo de inocencia.

Pero el enojo no tiene a este argumento como su única razón. La otra, más que válida, proviene de la convicción de que este affaire es excepción y no regla. Es decir que la Corte actuó como lo hizo porque se trataba de un caso tensionado por la pugna entre dos naciones y porque el gobierno francés pagó una defensa a la que poquísimos mexicanos tendrían acceso. ¿Por qué ella y no tantos otros mexicanos que están en la cárcel tratados como culpables aunque la justicia no haya podido probar tal circunstancia?

Si este caso no nos conduce a igualar a las personas ante la ley y la justicia, ¿para qué otra cosa puede servirnos? Si el caso Cassez no rompe, además del mapa inquisitorial, la abrumadora desigualdad que prevalece en nuestro sistema penal el enojo permanecerá como humillación y desesperanza. ¿Quién se encargará ahora de procesar a los que con demasiada frecuencia inventan testimonios, fabrican pruebas, burlan las garantías constitucionales y sobreviven en la impunidad sin rendirle cuentas a nadie?

Analista político