José Antonio Crespo
Son casos como los de Florence Cassez los que han permitido a otros países dar pasos decisivos hacia la modernización jurídica y superar el oscurantismo legal, como en el que aún prevalece aquí. Del debate consecuente puede desprenderse lo siguiente:
1) Coincido en que más valía el amparo para efectos que propuso el ministro José Ramón Cossío. Pero dicha postura no logró mayoría, y la del ministro Arturo Zaldívar, respaldada por el nuevo ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sí la consiguió en esta ocasión. Olga Sánchez Cordero no cambió su posición; mantuvo la que originalmente había sostenido. Me parece que lo más importante era desechar las pruebas obtenidas con montajes, mentiras y arbitrariedades, en lugar de obviar nuevamente (como hicieron los demás jueces que conocieron el caso) las violaciones al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho internacional y las garantías individuales de una ciudadana, al margen de su nacionalidad. En todo caso, si había pruebas no contaminadas que probaban la culpabilidad de Cassez —como muchos aseguran—, exclusivamente en ellas debió basarse su proceso. ¿Para qué entonces inventar pruebas y testimonios que sólo provocaron su liberación?
2) En los países jurídicamente civilizados prevalece el principio de que, ante una duda razonable sobre la culpabilidad de un acusado, más vale arriesgarse a liberar a un culpable que encarcelar a un inocente (dubbio pro reo). Un principio fundamental poco comprendido y menos valorado en países rezagados como el nuestro. 3) Se dice que con la liberación de Cassez se afectaron los derechos de las víctimas. Pero, ¿de qué les sirve a las víctimas que se inventen culpables, se violen derechos y garantías de otros ciudadanos? Se dice que se despreció sus testimonios, pero eso ocurrió porque eran contradictorios y fueron modificados en 180 grados, por lo que perdieron su valor probatorio. En cambio, se desecharon otros favorables a la causa de Cassez (al respecto recomiendo revisar el ensayo de Héctor de Mauleón, “La verdad secuestrada”, en Nexos, agosto de 2011). Si las víctimas de cualquier delito quieren justicia y que sus testimonios valgan jurídicamente (y no sólo mediáticamente), no deben cambiarlos o inventarlos de la manera en que lo hicieron en este caso. Podrían incluso, ellos mismos, incurrir en el delito de falsificación de testimonios. Más vale atenerse a la verdad.
3) En el enojo contra Cassez hay una buena dosis de rupestre nacionalismo xenofóbico que parece clamar más por una irracional venganza que por justicia. México ha sido enérgico defensor del debido proceso y garantías individuales de sus ciudadanos en otros países, incluyendo la notificación al consulado del país de origen del acusado —consagrado en la Convención de Viena—. Se han logrado incluso triunfos importantes. Pero ahora que le tocó estar del otro lado, el gobierno de Felipe Calderón mantuvo la posición primitiva y cerril de ¡aquí nomás mis chicharrones truenan, y háganle como quieran! También despreció el tratado de Estrasburgo que contempla la extradición para que un condenado pueda purgar la condena en su patria (de acuerdo con las normas vigentes en el país de origen). El ridículo internacional que nuevamente hicimos —ya estamos acostumbrados— fue ganado a pulso por el gobierno calderonista.
4) Se dice que lo importante es la justicia más que la ley. Pero después de siglos de evolución de la humanidad se ha descubierto que si bien el cumplimiento de la ley no garantiza la justicia, sin legalidad las probabilidades de cometer injusticias se elevan exponencialmente. De ahí la importancia del debido proceso y las garantías individuales, que no son un mero trámite, sino el método que permite determinar con certeza razonable la culpabilidad o inocencia de un acusado. Un método esencial del derecho moderno que los mexicanos no terminamos por comprender.
5) Resulta difícil comprender por qué la mayoría dirige su enojo, no a quien cometió los ilícitos que finalmente provocaron la liberación de Cassez, sino a quien corrigió el entuerto, sobre todo si era culpable. Los atropellos de Genaro García Luna y su equipo de producción son tales que hizo imposible obtener certeza jurídica (o algo remotamente cercano a ello). Son ellos los responsables de este desaguisado. Finalmente, que la mayoría de la población muestre en este caso desprecio por el respeto a las garantías individuales, el debido proceso y la presunción de inocencia, confirma que seguimos siendo una república endémicamente platanera... que se resiste con todas sus fuerzas a dejar de serlo.
cres5501@hotmail.com
Investigador del CIDE
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