El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
Para
legitimar la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia el IFE se
apresuró a declarar que no hubo fraude en el caso de las tarjetas Monex
utilizadas para “pagar la estructura electoral” del PRI. Pese a las
denuncias y pruebas presentadas por la oposición en el sentido de que
el financiamiento de la campaña priista es una madeja de
triangulaciones que hacen perdedizo el origen del dinero, el árbitro
electoral determinó que no hay nada que reclamarle al partido en el
poder que, así, manejó recursos oscuros, turbios en su origen y
destino… y fue exonerado.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La
exoneración que el IFE concedió al PRI al validar el “origen y destino”
de los millonarios recursos utilizados durante la campaña que llevó a
Enrique Peña Nieto a la Presidencia generó más dudas sobre el entramado
financiero mediante el cual se trianguló con varias empresas dinero que
luego se “dispersó” con tarjetas Monex. Ni la autoridad electoral sabe
dónde quedaron estos recursos.
Aunque la Unidad de Fiscalización
del IFE a cargo Alfredo Cristalinas no investigó a fondo un posible
financiamiento ilegal en la campaña presidencial priista, pues centró
su indagatoria en “el origen y destino” de los monederos, sí corroboró
la participación de Grupo Financiero Monex y la de varias empresas. A
decir del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano esto comprueba “un
financiamiento paralelo”. Por ello, estos institutos políticos
impugnarán el resolutivo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
Cinco de los nueve consejeros electorales
consideraron legal el origen y destino del dinero y rechazaron la
participación de la familia Fraga (de reconocida trayectoria priista)
en el caso. El quinto voto, el del desempate lo emitió en el último
minuto el consejero priista Sergio García Ramírez.
En el curso de
la indagatoria aparecieron más elementos que, paradójicamente,
fortalecen la denuncia de la oposición. Por ejemplo, la participación
de ocho empresas más, de tres personas físicas más y el uso de cuatro
bancos más.
El 26 de junio pasado el PAN denunció el uso de
tarjetas Monex por parte del PRI para la compra del voto; incluso
presentó varios de los plásticos y narró cómo fue el operativo, mismo
que le revelaron operadores del PRI en Guanajuato. Días después, el 5
de julio, la coalición PRD-PT-MC reforzó aquella denuncia al dar a
conocer decenas de facturas emitidas por Monex a nombre de las empresas
Inizzio S.A de C.V. y Comercializadora Efra, S.A. de C.V. y las cuales
respaldan la compra millonaria de tarjetas Monex. La Coalición y el PAN
llevaron su queja ante el IFE para que indagara el “origen y destino”
del dinero con que se financiaron esos plásticos bancarios.
Durante
la investigación que el IFE realizó contra el PRI, este partido intentó
justificarse al presentar un contrato “de préstamo o financiamiento”
que firmó con la empresa Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V., por
poco más de 66 millones de pesos. Con intereses y otros gastos el
empréstito sumaba 70 millones de pesos.
Lo anterior dio pie a que
en la discusión del miércoles 23 en el IFE, a pesar de que la mayoría
de los consejeros exoneró al PRI, también votó porque se indagara si
ese contrato fue válido o no. Es decir, si se trató de un
financiamiento o de la aportación de una empresa mercantil, además de
establecerse –en caso de que fuera un “préstamo o financiamiento”– si
la ley lo permite, pues en el reglamento de financiamiento a los
partidos políticos aprobado hace un año por el instituto aclara que
sólo los bancos pueden, con excepción de la banca de desarrollo,
prestar dinero y cuando ello ocurre se debe notificar al IFE en los
siguientes cinco días.
Esta propuesta fue presentada por el
consejero Alfredo Figueroa Fernández, quien junto con los consejeros
Lorenzo Córdova Vianello, Benito Nacif Hernández y María Marván Laborde
consideró que el PRI no pudo justificar el “destino” de los millonarios
recursos.
Flujos millonarios
Cuando el PAN
hizo su primera denuncia el 26 de junio pasado estimó que el PRI
utilizó por lo menos 700 millones de pesos mediante las tarjetas Monex.
Dos días después, en conferencia de prensa el IFE difundió que había
detectado la emisión de tarjetas por 70 millones 815 mil 534 por parte
del PRI para el pago de su estructura electoral.
El 5 de julio la
Coalición de Izquierda tuvo facturas de la empresa Inizzio por 46.3
millones de pesos y de Efra por 60.6 millones de pesos. Una semana más
tarde reveló la participación de otras compañías: Atama, con
operaciones financieras por 13.9 millones de pesos; Tiguan, con 9.2
millones, y Koleos, con 3.2 millones de pesos.
Ante el cúmulo de
evidencias sobre el flujo millonario de estas cinco empresas, así como
la aportación de la persona física Rodrigo Fernández Noriega y la
participación de los bancos Monex y Santander –hechos que el PRI negó
en repetidas ocasiones, y que el grupo financiero Monex también rechazó
en sendos desplegados publicados en El Universal y Reforma–, finalmente
el PRI aceptó haber recurrido a la emisión de más de 7 mil tarjetas
Monex.
En conferencia de prensa del 17 de julio, el entonces
representante jurídico del PRI ante el tribunal electoral, Jesús
Murillo Karam, reconoció que su partido contrató a una empresa para la
emisión de tarjetas Monex. Y dio datos: 7 mil 851 monederos con un
saldo total de 66.3 millones de pesos.
El pasado 5 de agosto en
su edición 1866, Proceso dio a conocer esquemáticamente el flujo del
dinero. En el número anterior detalló cómo José Luis Lozada Neyra,
quien utiliza el seudónimo de Alejandro Jaen Pérez Lizárraga, es el
actor principal de la trama financiera para la cual se valió de sus
empresas Inizzio y Atama.
Incluso reveló cómo Rodrigo Fernández
Noriega, otro de los aportantes, estableció con él el mecanismo y se
entrevistaron en una casa ubicada en Calderón de la Barca, número 78,
en Polanco. Este es el mismo de la empresa Efra y del Grupo de Abogacía
Profesional, de Gabino Fraga. También reveló que además de Inizzio y
Atama, Lozada Neyra posee nueve empresas y que su centro de operaciones
se localiza en Sinaloa 84.
En su indagatoria, la Unidad de
Fiscalización del IFE fue encontrando también nuevos protagonistas de
la trama financiera, aunque al final todo lo consideró legal. Así, por
ejemplo, detectó ocho empresas más, las cuales depositaban dinero a
Inizzio o a Efra. Se trata de Servicios y Desarrollos Akropolis S.A. de
C.V., que abonó 1.4 millones de pesos; Servicios Luciana S.A. de C.V.,
un millón; Maquiladora Lusa S.A. de C.V., 715.9 millones;
Comercializadora Baltus S.A. de C.V., 2 millones; Distribuidora
Merling, S.A. de C.V., 58 mil pesos; Grupo Textil Firence S.A. de C.V.,
4.5 millones de pesos; Grupo Comercializador Conclave S.A. de C.V., 699
mil pesos, y Diseños Artísticos Industriales, 2.3 millones de pesos.
En su edición 1865 este semanario dio a conocer que esta última empresa forma parte de las propiedades de Lozada Neyra.
Además
el IFE detectó la participación de otras tres personas físicas: José
Antonio Rodes Domenzáin, Ricardo Mauro Calzada Cisneros y Raúl Álvarez
Longoria. El primero aportó 8 millones de pesos, el segundo 13.1 y el
último 10.1 millones. Al igual que las otras ocho empresas, ellos
depositaban recursos a Inizzio y a Efra.
Mediante pruebas
documentales el IFE estableció que Monex había emitido monederos
electrónicos por 71 millones 815 mil 849 pesos. Curiosamente esa suma
coincide con la que el PRI reconoció que le entregó a Alkino por las
tarjetas, más el pago por los servicios y la emisión de los plásticos.
No
obstante la Unidad de Fiscalización, la cual tiene autonomía técnica y
elaboró el proyecto que exoneró al PRI, detectó que el flujo del dinero
no iba directamente de las empresas a Monex, sino que antes pasaba por
cuatro bancos: Banamex, con 3.7 millones de pesos; BBVA Bancomer, 20.2
millones de pesos; Banorte, 14.7 millones de pesos, y Santander, 33.2
millones de pesos. La coalición PRD-PT y MC ya había denunciado que
Rodrigo Fernández Noriega utilizó al banco Santander para depositar 3.5
millones de pesos.
En el entramado financiero detectado por el
IFE se observa que el flujo del dinero corrió de una empresa a otra, y
luego a uno de los cuatro bancos para después ser depositado en Monex.
Así, esquemáticamente, Monex queda en medio. Luego, cuatro bancos que
le depositaban y a cada uno de éstos otras dos empresas o personas
físicas le aportaban el dinero. Así se evidenció la participación de
cinco bancos, cuatro personas físicas y 14 empresas. Todos al servicio
del PRI.
Protección
La arquitectura
financiera descubierta por el IFE no es reconocida por el PRI como un
método para triangular recursos y menos aún para borrar la huella del
dinero ni mucho menos para tener un financiamiento ilegal.
En su
alegato ante la Unidad de Fiscalización del IFE el PRI estableció que
sólo firmó un contrato con la empresa Alkino el 1 de marzo para que le
“prestara o financiara” los 66 millones de pesos que con todo y el pago
por servicios sumaban 70 millones. Incluso sostuvo que nunca se enteró
de la relación que Alkino estableció con Efra e Inizzio. Además, este
partido negó haber utilizado una triangulación y alegó que desconocía
si Alkino había contratado o no a otra empresa.
El IFE llamó a
los representantes de Alkino, quienes revelaron que ante la falta de
fondos para dar el servicio de los 66 millones de pesos al PRI por las
tarjetas, firmó un contrato con la empresa Atama para que le prestara;
a su vez ésta contrató a Inizzio con el argumento de que tenía buen
conocimiento de cómo operaba la banca Monex. El PRI contrató los
servicios de una empresa para que le prestara dinero, pero nunca se
enteró de que era insolvente.
En cuanto a la participación de
Efra, el instituto la descartó como involucrada a pesar de que en su
esquema de flujo de dinero parece en cuatro ocasiones recibiendo dinero
ya sea de Koleos, Atama, Tiguan, Diseños Artísticos Industriales, de
Grupo Textil Firence, Distribuidora Merling, de Inizzio y de personas
físicas.
Aunque Efra aparece direccionada en un domicilio
propiedad de Emilio Fraga, ni él ni Gabino Fraga figuran como
accionistas sino los hermanos Moisés y Gustavo Hernández Hernández.
La
disculpa del IFE a Emilio Fraga es porque en su declaración ante la
Unidad de Fiscalización rechazó haber contratado a Monex para emitir y
dispersar las tarjetas. También negó ser parte de Efra, Inizzio o
Atama, aunque aceptó: “Sí he participado como comisionista o asociado
de ellas (Atama, Inizzio y Efra) en algunos negocios. En el caso que
nos ocupa, mi participación se limitó a identificar un proveedor
competitivo, serio y eficaz de monederos electrónicos o tarjetas
prepagadas que eran requeridos por parte de Atama e Inizzio, resultando
en este caso el Banco Monex, S.A.
“Posteriormente, derivado de
devengar debidamente mi comisión o beneficio derivado de la concreción
de este proyecto fungiendo como contacto, enlace y facilitador de la
relación cotidiana entre Monex e Inizzio, le solicité al señor Moisés
Hernández Hernández, quien trabaja conmigo desde hace seis años,
atendiera administrativamente los trámites de contratación con Monex y
una empresa administrada por aquel de nombre Efra”.
Para el IFE,
Emilio Fraga –quien fue aportante del PRI en 2000 y 2001– tuvo como
función asesorar a Atama, Efra e Inizzio, “por lo tanto no se desprende
algún otro tipo de relación con las empresas vinculadas”.
A lo
largo de la indagatoria el instituto no sólo exculpa a la familia Fraga
sino que además nunca tiene contacto con el operador principal de toda
la trama: José Luis Lozada Neyra. A éste nunca lo encuentra en su
domicilio y a Alejandro Jaen Pérez Lizárraga, apoderado legal de
Inizzio y el cual es un alias de Lozada Neyra, nunca los contacta; dice
que porque nunca localizó el lugar de trabajo de Inizzio.
En entrevista con Proceso el consejero Figueroa destaca una serie de inconsistencias del PRI.
Primero
sostiene que este partido nunca justifica el destino del dinero, miente
cuando dice que será para pagar operadores en 13 estados cuando se
realizan en toda la república, pero además en esos 13 estados no se
encuentra Hidalgo y las pruebas documentales que tiene el IFE revelan
que 26.8% del dinero de las tarjetas se obtuvo en esa entidad.
La
justificación del tricolor es que la mayoría vive en Hidalgo. Para
rematar, de los 66 millones de pesos hay 44 que se obtuvieron en
cajeros automáticos de manera anónima, “por lo tanto no sabemos cuál
fue el destino final de ese recursos. El partido no pudo acreditar en
qué gastó el dinero. Otro dato: Los contratos que presentó entre él y
los operadores no concuerdan con quienes recibieron las tarjetas. No
hay vinculación entre ellos”.
Un dato que llama la atención del
consejero es que las tarjetas que por ley deben tener hasta 7 mil
pesos, muchas de ellas llegaron a 300 mil pesos lo que es ilegal y de
ahí que se avisó a la Unidad de Inteligencia Financiera que está a
cargo del exprocurador de Peña Nieto en el Edomex, Alberto Bazbaz.
Para los representantes ante el IFE Rogelio Carvajal (PAN) y Camerino Márquez (PRD) se trató de un financiamiento paralelo.
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