Feminicidio Ciudad Juárez
Activistas y académicas envían carta para criticar “simulación”
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- La administración de Enrique Peña Nieto debe esclarecer de manera urgente e inmediata los casos de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, que han permanecido en la opacidad y la simulación de los gobiernos anteriores a lo largo de 20 años, exigieron activistas.
En una carta abierta dirigida al gobierno del priista e impulsada por Julia Monárrez Fragoso, investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef), un grupo de activistas, académicas y expertas en violencia de género exigieron que se termine con la “simulación” que se ha mantenido durante dos décadas en los casos de feminicidio en la urbe fronteriza.
En la misiva denuncian la falta de disposición, inmovilidad y simulación que ha persistido en las instituciones y en sus funcionarios desde 1993 (año en el que se comenzaron a registrar las desapariciones y asesinatos), lo que ha impedido encontrar y sancionar a los perpetradores de los asesinatos y desapariciones.
Durante el seminario internacional “Cuerpos y fronteras. Transformando la violencia y rescatando la justicia”, auspiciado por el Colef y realizado en septiembre de 2012, el mismo grupo de activistas demandó a las autoridades federales y locales dar respuestas a la exigencia de justicia de las familias de las jóvenes desaparecidas.
Posteriormente enviaron cartas a Felipe Calderón, al entonces secretario de Gobernación, Alejando Poiré, y a otros funcionarios encargados de garantizar la justicia para las mujeres, para solicitar respuestas concretas sobre el avance en las investigaciones.
En la misiva a Peña Nieto, las activistas y académicas señalaron que las preguntas de su anterior carta quedaron sin respuesta por lo que decidieron cuestionar ahora al Ejecutivo.
“¿Quiénes desaparecen de forma organizada a las niñas y mujeres de Ciudad Juárez? ¿Quiénes son los asesinos en esta violencia organizada? ¿Por qué continua el peregrinar de padres, madres y familiares que reclaman los cadáveres ocultos? ¿Quiénes son las y los funcionarios del Estado que no han hecho –ni hacen– su trabajo en la procuración de justicia e incluso de manera perversa dilatan los procesos?”.
También preguntaron sobre el esclarecimiento del llamado caso Campo Algodonero de 2001, donde se encontraron los restos de ocho mujeres, y por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano en 2009.
Al respecto, las activistas preguntaron a Peña Nieto: “¿Por qué el Memorial del Campo Algodonero, en vez de ser un sitio de reparación de justicia se ha convertido en un sitio de demandas y reclamos ante la injustica que padecen los familiares?”.
En la carta también se critica la opacidad de la información de parte de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y de la estatal Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, instancias que no han dado a conocer las líneas de investigación.
Igualmente, se acusa que la Fiscalía General del estado de Chihuahua y la Secretaría de Gobernación han sido “evasivas” ante la solicitud de información.
En solidaridad con recientes movilizaciones de las familias de las jóvenes desaparecidas, como la “Caminata por la vida y la justicia” desde Juárez hasta la ciudad de Chihuahua, las activistas enviaron la misiva con la esperanza de que se resuelvan los cientos de casos de manera inmediata, pues consideraron que “la verdad y la justicia no pueden esperar”.
De 1993 a la fecha se tiene conocimiento de al menos 500 mujeres asesinadas y otros cientos desaparecidas. De acuerdo con el Comité de Madres de Jóvenes Desaparecidas en Ciudad Juárez, en la morgue de esa localidad están los restos de 197 mujeres, sin que las autoridades realicen su identificación y los devuelvan a sus familiares.
Entre las firmantes de la carta a Peña Nieto están María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Francisca Galván, representante del Comité de Madres; Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres, y Karla Micheel Salas, abogada especialista en violencia de género.
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