Leonardo Valdés durante la sesión en el IFE.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- La absoluta exoneración del PRI fue únicamente la
muestra fehaciente de que su estrategia de recuperación del control de
la autoridad electoral rindió frutos. La implementación de la misma la
iniciaron en la reforma constitucional y legal de 2007, cuando
particularmente respecto al tema de fiscalización le arrebataron la
función al Consejo General y se la depositaron a una unidad dentro de
la rama ejecutiva (Proceso 1622) y la continuaron con la designación de
los consejeros electorales en febrero y agosto de 2008 (Proceso 1632 y
1659) y en diciembre de 2011 (Proceso 1832), donde se aseguraron de
contar con un grupo fiel de tres consejeros electorales y dos más que
en las decisiones cruciales se inclinarían a su favor.
Los
priistas siempre responsabilizaron a la autoridad electoral de su
derrota en las elecciones presidenciales de 2000 y nunca le perdonaron
la histórica multa de mil millones de pesos por el llamado Pemexgate.
Ambos hechos los hicieron valer para vetar a todos los integrantes del
Consejo General de 1996-2003, durante la renovación del mismo en
octubre de 2003 pero sobre todo se aprovecharon de la inconformidad de
la izquierda tras las elecciones presidenciales de 2006 para empezar a
aplicar una estrategia que le permitiera introducir cambios
estructurales que les aseguraran dicho control, más allá de los
consejeros.
Así en la reforma de 2007 dejaron la labor de
fiscalización en una unidad en manos de un titular designado por el
Consejo General del IFE, pero cuyas labores de revisión de los informes
e integración de los expedientes y elaboración de dictámenes de las
quejas vinculadas al manejo de recursos, dependiese totalmente del
secretario ejecutivo y ya no de una Comisión del Consejo General, como
fue entre 1997 y 2007. Los consejeros electorales conocen los
expedientes y los proyectos de resolución al mismo tiempo que los
representantes de los partidos políticos y los consejeros del Poder
Legislativo, por lo cual poco pueden hacer para impulsar o exigir
investigaciones más exhaustivas y minuciosas, como se evidenció en la
pasada sesión del Consejo, por lo menos en lo que respecta a los cuatro
consejeros que impulsaban la sanción al tricolor.
El primer
problema con el que se enfrentaron los consejeros partidarios de la
multa fue la integración de un expediente deficiente que se limitó a lo
más elemental. En primera instancia (y cuestión que ni siquiera
requería de investigación alguna) era el hecho de que en el contrato
que entregó el propio PRI queda claro que obtuvo un financiamiento –así
está señalado explícitamente en el párrafo segundo de la cláusula
segunda: “Adicionalmente ‘Alkino’ otorga un financiamiento a ‘el
partido’…”– del que no informó conforme a la ley y los lineamientos
emitidos por el IFE (Proceso 1865), además de la violación a otras
normas y lineamientos, como no haber pasado dichos recursos a través de
cuentas a nombre del mismo partido.
Pero en segundo lugar la
investigación se limitó a los elementos que le aportó el mismo partido
y bajo el pretexto de que “…la autoridad electoral no es competente
para resolver aspectos relacionados en materia fiscal, en específico,
por la discrepancia fiscal por operaciones de aportantes sean personas
físicas o morales cuyos egresos sean mayores que sus ingresos…”, no
revisó la evidente construcción de un entramado financiero en el cual
se pierden el origen y destino de los recursos. El entramado se
trasluce con la presencia de empresas fantasma, algunas de las cuales
simplemente son mencionadas marginalmente en el mismo dictamen.
A
pesar de estas dos evidentes deficiencias: durante la discusión del
punto en la sesión del pasado miércoles 23 se confirmó que sí usaron
las tarjetas Monex, que sí estaban involucradas algunas de las empresas
mercantiles señaladas en el financiamiento y la dispersión de los
recursos, que dichos gastos deben estar dentro de los de campaña y que
desconocen el destino de al menos 44 millones de pesos.
Todo esto
está documentado en el mal estructurado expediente y fue el argumento
que utilizaron los cuatro consejeros (Benito Nacif, Alfredo Figueroa,
Lorenzo Córdova y María Marván) que proponían imponer una multa de 105
millones de pesos al PRI y al PVEM; pero las evidencias sucumbieron
frente la lealtad o la debilidad de cinco consejeros, entre ellos el
consejero presidente, que optaron por exonerar al tricolor y al verde.
Por
las intervenciones de los consejeros los votos de los cuatro que
defendían la sanción eran totalmente previsibles; también lo eran los
dos priistas (Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños); Leonardo
Valdés no se pronunció, aunque no sorprendió a nadie su voto por la
exoneración; y la sorpresa en la primera votación fue la de Macarita
Elizondo, quien en sus intervenciones se alineó con los cuatro que
impulsaban la multa, pero en el voto se fue con los priistas, con lo
cual la votación se empató.
Y entonces fue cuando la designación
de priistas de cepa, como Sergio García Ramírez, cobró más sentido y
rindió frutos para el tricolor. El consejero, quien se ausentó de la
discusión por su relación de amistad con los socios (Gabino Fraga) de
una de las empresas implicadas en el caso, decidió que era el momento
de actuar para evitar la multa. Ingresó al salón y, con la venia de
todos sus compañeros consejeros, desempató la votación a favor del
tricolor.
En ese momento se cristalizó la mayoría priista en el
Consejo General del IFE: dos por su reconocida militancia en el
tricolor (Francisco Guerrero y Sergio García Ramírez), uno por su
evidente cercanía con insignes militantes (Manlio Fabio Beltrones y
Felipe Solís Acero) de dicho partido (Marco Antonio Baños) y dos más
porque su formación, trayectoria y personalidad los lleva a votar
siempre al lado de los tricolores (Leonardo Valdés y Macarita
Elizondo). El consejero presidente seguramente también consideró muy
cuidadosamente cuál de sus posiciones abonaba más a una posible
reelección en el cargo en octubre de este año, cuando además de dicha
designación se hará la de otros dos consejeros electorales que ya
terminan su encomienda (Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero).
El
miércoles 23 simplemente se concretó la reconquista tricolor del
Instituto Federal Electoral. De nada sirven los lamentos y quejas de
panistas y perredistas. Particularmente ellos fueron cómplices
(conscientes o inconscientes) de tal situación, pues sus legisladores
votaron favorablemente todas las decisiones que condujeron a esto.
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