Al ex presidente de Perú Alberto Fujimori y tres ex ministros de Sanidad se les acusa de haber dirigido un plan de esterilizaciones forzosas a mujeres, la mayoría indígenas, entre 1996 y 2000, de las cuales 18 murieron. La denuncia se basa en un informe realizado por una comisión del actual ministerio de Sanidad.
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Teresa Sosa
El dolor de cuatro mujeres
peruanas de la región sureña de Cuzco que aseguran fueron
esterilizadas de manera forzosa hace unos 15 años, durante el Gobierno
de Alberto Fujimori, hace que sigan reclamando justicia y que vean con
esperanza la reapertura de su caso.El caso de esta y otras mujeres se
presentó ante la Justicia en 2001, fue archivado en 2009, en 2011 se
ordenó su reapertura, en 2012 se reabrió, en ese momento del proceso la
Fiscalía reconoció que hizo una mala investigación.
Testimonio
Irene Chalco, de 41 años, dijo
que ella pensó en morirse junto a sus tres hijos cuando en 1997 le
informaron que la habían operado para que no volviera a ser
madre.”Cuando me desperté estaba cortada mi barriga”, recuerda Chalco
entre lágrimas, al asegurar que ella nunca autorizó este procedimiento.
Ella es una madre soltera de la
localidad andina de Chinchaypujio que vive del maíz, la papa y el trigo
que produce su chacra y que no sabe ni leer ni escribir en español,
pues su lenguaje nativo es el quechua.
Según Chalco, ella acudió porque
solían regalarle víveres, pero tras los malestares que experimentó
después de la operación de la ligadura de trompas, tuvo que ser
intervenida hasta en dos oportunidades.
Este hecho emblemático resalta la
valentía de estas mujeres, frente a la violación de derechos de la que
fueron víctimas, no sólo ellas sino miles de mujeres peruanas pobres,
indígenas y campesinas
Investigación
El Ministerio de Salud formó una
Comisión Especial Investigadora de las esterilizaciones o
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) integrada por destacados
profesionales, entre ellos, la líder campesina de Anta, Cuzco, Hilaria
Supa. Los resultados se dieron en julio del 2002, mostrando 54 nuevas
evidencias de la violación de derechos que enfatizan en testimonios las
irregularidades en el Consentimiento Informado.
En junio 2003, la Comisión de
Derechos Humanos del Congreso formuló ante la Fiscalía de la Nación una
denuncia contra Fujimori, por delito de Lesa Humanidad y tortura,
debido a que encontraron otras pruebas que lo señalarían como máximo
responsable de las esterilizaciones forzadas.
Por ejemplo, se han encontrado
oficios que dirige el ex ministro de Sanidad, Marino Costa Bauer, al
entonces presidente Fujimori, en los cuales le informaba de las cifras
mensuales de las denominadas anticoncepciones quirúrgicas voluntarias,
así como de las proyecciones para los meses siguientes. Otra de las
evidencias contra Fujimori son las cartas enviadas al jefe de la Casa
Militar, en el Palacio de Gobierno, en las que se le solicita el apoyo
con material médico para el programa de esterilizaciones.
El documento final fue entregado
por el propio ministro de Sanidad, Fernando Carbone, al presidente de
la subcomisión investigadora del Congreso, que preside el parlamentario
Héctor Chávez Chuchón. De acuerdo con el informe, las evidencias en las
que se basa la acusación contra Fujimori y sus tres ex ministros son 56
documentos oficiales y los testimonios de diversos funcionarios del
ministerio que trabajaron durante el Gobierno de Fujimori.
Supuesto plan de salud
La investigación precisa que
entre 1996 y 2000 se realizaron 215.227 ligaduras de trompas y 16.000
vasectomías, en el marco de un supuesto plan masivo de salud pública,
cuyo objetivo no era la prevención de epidemias, sino que disminuyera
el número de nacimientos en los sectores más pobres de Perú. ‘Se captó
personas bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos sin que
fueran debidamente informadas, lo que impidió que tomaran una decisión
realmente informada’, precisa el documento.
”La apertura se ha hecho por
2.074 mujeres. No todas tienen un abogado. La fiscal ha identificado a
1.500 mujeres vivas, las demás tienen un DNI (documento de identidad)
equivocado”, afirmó Rossy Salazar, representante legal de la
organización de mujeres Demus.
Juan Súccar, presidente de la
comisión investigadora, dijo que las víctimas recibieron diversas
promesas, si se sometían a la intervención quirúrgica, mientras que las
que se negaron fueron amenazadas con no ser atendidas en los centros de
salud. Es decir, se aplicaron procedimientos que no respetaron la
dignidad de las personas.
Uno de los denunciados, el ex
ministro de Sanidad Alejandro Aguinaga calificó la acusación de
‘tremendo exceso’ “Nadie dice cómo se generaron estas políticas, ni
mucho menos hablan de la triste realidad de la salud reproductiva que
presentaba el país, con altísimas tasas de mortalidad materna e
infantil’, dijo.
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Con la reapertura del caso cambió
la figura de este delito, que pasó de ser considerado delito común a
señalarse como una violación a los derechos humanos, por lo que no
prescribe.
FUENTE. Agencias de noticias; prensa peruana.
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