Jenaro Villamil
MÉXICO,
D.F. (apro).- Después de desmentidos reiterados, finalmente el asunto
de los “bonos” o “estímulos” discrecionales a los legisladores
federales resultó cierto. La Secretaría General de la Cámara de
Diputados, a cargo de Mauricio Farah, admitió lo que Jesusa Cervantes
documentó en Proceso desde hace tres semanas, lo que
denunció el diputado Ricardo Monreal y lo que ventilaron en tribuna
legisladores de la oposición.
El fondo del problema es más grave. No es la compra tradicional de
votos de rebeldes o de opositores seleccionados previamente. No es el
pago por ausencias, por abstenciones o por irse al baño a la hora de
votar asuntos delicados. No es algo aleatorio. Se ha convertido en un
sistema para dominar al Poder Legislativo.
Se trata de reproducir a escala federal un método que los gobiernos
priistas han aplicado en el Estado de México desde los tiempos de
Alfredo del Mazo González. Para anular el contrapeso del Poder
Legislativo y convertir a los diputados opositores en sirvientes del
gobernador era necesario “maicearlos”. Al mejor estilo de Carlos Hank
González y de la escuela de corrupción en la que se convirtió el Grupo
Atlacomulco.
En la administración de Arturo Montiel, pero más en el gobierno de
Enrique Peña Nieto, el asunto se volvió escandaloso. No trascendió a
escala nacional porque Toluca se siguió manejando como el rancho
particular del Grupo Atlacomulco. Y bajo las suaves maneras de
corromper, existe un equipo de fontaneros que espían, extorsionan o
presionan a quienes se niegan a aceptar el “moche”.
Se trata de un método de cooptación que se aplica para convertir a
los diputados en parte del circuito del silencio y de la corrupción del
sistema político mexiquense. Para lograrlo, se inventaron unas partidas
presupuestales conocidas como Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC). A
través de este mecanismo cada uno de los 75 diputados del Congreso
mexiquense reciben el equivalente a 2.5 millones de pesos anuales para
realizar obras y entregar materiales de construcción a los ciudadanos
en sus distritos.
En apariencia, el programa es loable. En esencia es absolutamente
corruptor porque los recursos son mayores, el “pago en especie” es
mucho más que materiales de construcción y genera un tráfico de
influencias perverso.
En octubre de 2009, a dos años de que finalizara la administración
de Peña Nieto, Gustavo Parra Noriega, del PAN, presidente de la Mesa
Directiva de la Legislatura mexiquense, explicó que los sobresueldos en
los diputados locales los convertían en los mejor pagados del país: a
los 90 mil pesos mensuales, se les suman sobresueldos por un millón 80
mil pesos, más 10 mil pesos para gastos telefónicos y una cantidad
igual de gasolina. Además, cada diputado recibía 55 mil pesos mensuales
para gasto de una oficina de atención ciudadana –666 mil pesos al año–,
y el uso de los recursos del PAC (2.5 millones de pesos).
En ese momento, el entonces presidente de la Mesa Directiva de la
Legislatura mexiquense quería reducir estos sobresueldos para
establecer “reglas de transparencia”. Evidentemente, fracasó. A nadie
le convenía en ese Congreso eliminar tal cantidad de gastos
discrecionales.
En diciembre de 2013, ya con Eruviel Avila como gobernador, cada uno
de los 75 legisladores del Estado de México recibió un aguinaldo de 110
mil pesos, más los 2.5 millones de pesos que se reciben anualmente como
parte del PAC. En otras palabras, se erogarían más de 200 millones de
pesos, sin estar sujetos a ninguna fiscalización.
El escándalo que se ha generado por los bonos en la Cámara de
Diputados, más los que se conozcan en el Senado, son un fiel reflejo
del estilo de gobernar mexiquense. El problema no es cooptar a un Poder
Legislativo. El asunto es despertar la furia de los ciudadanos que ya
no creen ni en sus representantes populares.
Corromper a todo un Poder Legislativo no es una anécdota. Es un
sistema para maquillar el consenso y frenar cualquier contrapeso de
poder.
Comentarios: www.homozapping.com.mx.
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