Cimacnoticias | México, DF.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en el país continúan la criminalización y el riesgo para activistas y mujeres periodistas, que de 2010 a 2013 se tradujo en 398 agresiones.
Durante el periodo extraordinario de sesiones que realiza la CIDH en el Palacio de Minería en esta capital, el lunes 11 de agosto la red de defensoras pidió a las y los comisionados considerar el alto grado de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las defensoras que solicitan medidas cautelares ante el mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Asimismo demandaron que el organismo pida información al Estado mexicano sobre la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, particularmente sobre los indicadores de género para la evaluación del riesgo y la aplicación de medidas de protección.
Asimismo señalaron que los datos de las organizaciones contrastan con la información de la Secretaría de Gobernación, que señala que de 2012 a septiembre de 2013 se registró una agresión contra una defensora y seis contra mujeres periodistas.
Por ello dijeron que se debe solicitar una comunicación al Estado mexicano en la que se recomiende la adopción de medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar, con enfoque de género, los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra las periodistas y defensoras, y para enjuiciar y castigar a sus autores.
Para ejemplificar las agresiones contra defensoras, la red presentó cinco casos, entre ellos las agresiones a Teresa Ulloa Ziaúrriz, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), quien desde el pasado 10 mayo ha recibido mensajes con connotación sexual en su teléfono celular.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- Cuando las periodistas son amenazadas, víctimas de difamación, cuando quedan en medio de los golpes o son asesinadas, las autoridades encargadas de investigar y sancionar el delito simplemente se pierden en un mar de burocracia y prejuicios sexistas que arrancan la paciencia a cualquiera y dejan a las mujeres en la indefensión.
Este proceso se describe y analiza en el informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis legal”, que realizó Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) para demostrar que el Estado mexicano está en deuda con la libertad de expresión y con las periodistas, a quienes no les garantiza justicia cuando son agredidas, lo que abre la puerta a que los hechos se repitan.
Las investigaciones judiciales sobre delitos contra mujeres periodistas –dice el informe– se caracterizan por ser deficientes, realizarse con sesgos sexistas y violar el debido proceso; como consecuencia, las agresiones o actos de violencia no se esclarecen y los culpables no son castigados.
Así lo demostró el análisis jurídico de cuatro casos de delitos contra la libertad de expresión: las indagaciones judiciales por las amenazas y demandas contra Lydia Cacho Ribeiro y Ana Lilia Pérez Mendoza, así como el asesinato de Regina Martínez Pérez y los allanamientos y robos en las oficinas de la agencia Cimacnoticias.
El informe que se presenta hoy en el Centro Cultural de España en México, en esta capital, también destaca que la falta de perspectiva de género en las normas de libertad de expresión y la naturalización de la violencia se reflejan en el deficiente acceso a la justicia para el gremio periodístico, lo que genera impunidad.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-En espera de que el gobierno de Guanajuato cumpla las recomendaciones del Grupo de Trabajo para detener el feminicidio en esa entidad, grupos civiles, académicas y periodistas crearon la iniciativa “Guanajuatenses por los Derechos de las Mujeres” (Promujeres Guanajuato).
Conformada por organizaciones como los centros Las Libres y el de Derechos Humanos Victoria Díez, así como Desarrollo de Ciudadanía Hermila Galindo, la iniciativa exigió a los tres poderes de gobierno el pleno respeto de los derechos femeninos.
Cabe recordar que en marzo pasado Las Libres presentaron una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad, por lo cual se conformó un Grupo de Trabajo que investigó la violencia feminicida denunciada por la organización.
El pasado 10 de julio se hicieron públicas 13 recomendaciones básicas que el gobierno estatal debe cumplir a más tardar en seis meses, según estipula el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLM), para después determinar si se declara o no la AVG.
Dentro de ese contexto, Promujeres Guanajuato señaló –en un comunicado– que pese a los esfuerzos de organizaciones civiles e instancias de gobierno en el estado, “los Derechos Humanos (DH) de las mujeres siguen siendo vulnerados y persiste una situación de discriminación y violencia que se traduce en una clara desventaja para ellas” en todos los ámbitos.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
Organizaciones civiles denunciaron hoy que la detención de Ligia Canto Lugo el pasado 4 de agosto, así como la persecución judicial contra su hija Ema Gabriela Molina Canto, se derivan de “delitos fabricados” por Martín Alberto Medina Sonda, ex esposo de Ema y empresario vinculado con funcionarios acusados de corrupción en Tabasco.
En rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, grupos como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y Mukira, dijeron que las detenciones en contra de Ligia y Ema Gabriela (que han ocurrido en varios estados y fueron ordenadas por distintos jueces) muestran irregularidades que evidencian una red de “corrupción e impunidad”.
Y es que las múltiples acusaciones contra Ema Gabriela por supuestos delitos ligados a fraudes fiscales, y la detención de Ligia –puesta en libertad ayer– por una presunta clonación de tarjetas de crédito, son paralelas al proceso de custodia que inició en 2010 en Mérida, Yucatán, luego de que Ema decidiera separarse de Medina Sonda –con quien vivía en Tabasco– y se llevara con ella a sus tres hijos orillada por la violencia que padecía por parte de su ex esposo.
Luego de que el juicio se resolvió a su favor, Ema fue detenida por policías federales al ser acusada de “retención ilegal de bienes”; mientras que las dos niñas y el niño fueron presuntamente sustraídos por su padre de la camioneta en la que viajaban.
Ligia Canto denunció los hechos el mismo día de la desaparición (25 de mayo de 2012) ante las procuradurías del Menor de Tabasco y Yucatán; sin embargo en ninguna de ambas entidades se activó la Alerta Amber para localizar a los hijos de Ema.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- Detenida el pasado 4 de agosto por el supuesto delito de clonación de tarjetas, ayer fue puesta en libertad por falta de pruebas Ligia Teresita Canto Lugo, quien desde hace dos años busca a sus tres nietos menores de edad que habrían sido sustraídos por el empresario Martín Alberto Medina Sonda.
Juan José Reynoso Castillo, titular del Juzgado Octavo de lo Penal en el estado de Jalisco, dictó la resolución en el oficio 734-VI que remitió al Centro de Reinserción Femenil de la entidad (cuya copia tiene Cimacnoticias), para declarar la libertad de la mujer por falta de elementos para procesarla.
Al salir de prisión, en entrevista telefónica Ligia advirtió que aún se siente intranquila porque la integridad de su familia, en especial la de su hija Ema Gabriela Molina Canto –ex esposa de Medina Sonda–, quien –insistió– sigue en riesgo.
Cabe recordar que luego de salir de las instalaciones del diario La Voz en Mérida, capital del estado de Yucatán, el pasado 4 de agosto –para denunciar el acoso de Medina Sonda–, Ligia, de 60 años de edad, fue detenida por policías federales acusada por clonación de tarjetas bancarias, por lo que fue recluida en el penal de Puente Grande en Jalisco.
La detención de Ligia Canto Lugo se dio en el contexto de intimidación contra su hija Ema Gabriela, quien en 2011 y luego en 2013 también fue acusada de supuestos “delitos fiscales”, en hechos que abogadas y activistas atribuyen al “influyentismo” de Martín Alberto Medina Sonda, empresario tabasqueño que brinda asesoría fiscal a funcionarios de esa entidad, y que ahora pelea la custodia de sus tres hijos producto del matrimonio con Ema (dos niñas y un niño).
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- Jubiladas y jubilados de la aerolínea Mexicana de Aviación iniciaron hoy una huelga de hambre y un plantón permanente frente a las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), para exigir el pago de sus pensiones.
A las 5 de la mañana, un grupo de jubiladas, junto con sus compañeros, iniciaron movilizaciones afuera de la STyPS luego de que Alfonso Navarrete Prida, titular de esta dependencia, se negara el pasado 4 de agosto a incluirlas en el Comité Técnico del Fideicomiso de la Base de Mantenimiento (MRO), con el que se administrará el pago de sus pensiones.
A decir de Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación de Mexicana (AJTEAM), Mexicana dejó una deuda con las y los jubilados de 2 mil 530 millones de pesos, ya que desde abril de 2011 se les dejó de pagar sus pensiones.
En breve entrevista durante el plantón, Guerrero señaló que espera que el secretario de Trabajo se muestre sensible ante el ayuno que iniciaron las y los jubilados, y que en breve se reúna con ellas.
Hasta el cierre de esta edición, las y los jubilados no habían obtenido respuesta.
En concreto, las manifestantes pidieron que sean integradas al Comité que decidirá el pago de sus pensiones, esto porque temen que –como sucedió en experiencias pasadas– no se les de el monto total que se les debe, el cual es incluso mayor que el de otros acreedores que sí están integrados al Comité de MRO.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- Cada 13 horas una mujer hondureña es asesinada y aunque desde mayo de 2013 se tipificó el delito de feminicidio en el país centroamericano, hasta ahora sólo se han dictado dos sentencias por este crimen (una condenatoria y una absolutoria), lo que evidencia la falta de seguridad, acceso a la justicia y reparación del daño para las hondureñas.
Organizaciones civiles de esa nación reportaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estos hechos que evidencian la forma en que el Estado hondureño no detiene la violencia de género, que ha ido en incremento tras el golpe de Estado perpetrado en 2009.
Los centros de Derechos Humanos de las Mujeres (CDM) y el de Estudios de la Mujer (CEM-H), así como la organización civil Asociadas por lo Justo (Jass), entre otras agrupaciones, expusieron durante el 152 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, que se realiza en el Palacio de Minería en esta capital, que en Honduras “se vive una crisis humanitaria y de Derechos Humanos (DH)”.
Y es que en el país centroamericano el 62.2 por ciento de la población vive en la pobreza, a lo que se suma que es la nación con la tasa de violencia extrema más alta de toda la región, ya que se registran 79 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, y la impunidad está presente en el 80 por ciento de los casos.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- En Guatemala se vive un clima de hostigamiento, estigmatización y agresión contra las defensoras de Derechos Humanos (DH), periodistas y columnistas, violencia enmarcada en una falta de independencia jurídica que asegure el acceso a la justicia a las víctimas directas y activistas agredidas.
Durante el 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realiza en el Palacio de Minería en esta capital, organizaciones civiles guatemaltecas informaron a las y los comisionados sobre la situación de vulnerabilidad en la que realizan su labor defensoras y defensores humanitarios.
Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), señaló que van en incremento las agresiones y violaciones a DH contra quienes defienden y protegen a las poblaciones más vulnerables.
Tan sólo de enero a julio de 2014 se registraron 691 agresiones en contra de personas defensoras, cifra superior a los años precedentes, además de que los ataques son de mayor intensidad.
Puso como ejemplo la forma en que los agentes del Estado procedieron durante el desalojo de la comunidad de La Puya (cuyos habitantes se opusieron a un proyecto minero). Como consecuencia del abuso de la fuerza, ocho defensoras fueron hospitalizadas.
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