Delinquen menos, pero purgan penas más altas
Organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) que las personas presas en las cárceles de
Costa Rica (CR) padecen hacinamiento, violencia y condiciones indignas
de estancia; en el caso de las mujeres, sólo hay una prisión para ellas.
Lo anterior durante una de las audiencias del 152 periodo de
sesiones de la CIDH, que se celebra en esta capital del 12 al 14 de
agosto, y en la que se revisó el caso de CR.
Al respecto, Marcia Aguiluz Soto, representante del Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dijo en breve entrevista
que aunque las mujeres no son la población que con más frecuencia
incurre en delitos, cumplen penas muy altas por transgresiones menores.
Destacó que Cejil ha documentado que en la mayoría de casos, las
motivaciones de las mujeres para delinquir están ligadas con la
manipulación de sus parejas o sus hijos, quienes ejercen presión y
violencia contra ellas para que trafiquen drogas.
En CR, por ejemplo, las mujeres que ingresan drogas a los penales
para darlas a sus compañeros presos tienen sanciones de hasta ocho años
de cárcel, lo que es “desproporcionado” sobre todo si se considera que
en la mayoría de los casos el ilícito fue consecuencia de una violencia
estructural contra ellas.
Por lo tanto, señaló la activista, es urgente que CR, así como
otros países de Centroamérica (CA), investiguen y analicen las
condiciones de las presas para desarrollar programas preventivos y más
integrales.
Aguiluz Soto resaltó que en CR sólo existe una prisión para
mujeres (el Centro de Atención El Buen Pastor), por lo que quienes son
acusadas de algún delito tienen que alejarse de sus lugares de origen,
lo que también las separa de sus familias, reduce las posibilidades de
visitas y aumenta su vulnerabilidad emocional.
En los centros de detención no hay condiciones de salubridad ni
de cuidados que atiendan las problemáticas específicas de las mujeres
en reclusión, ya que ellas no son visibilizadas en esta problemática,
afirmó.
También acusó que son las medidas represivas del gobierno, y no
de prevención ni reparación integral de la violencia, lo que ocasiona
que el número de personas presas cada vez sea mayor.
Por lo que las medidas que tome el gobierno de CR tendrían que
estar relacionadas con la reunificación familiar, garantizar su
educación y la reinserción social. “Se debe prestar una atención
particularizada para la situación de las mujeres”, enfatizó.
De acuerdo con la investigación “Centro de Atención El Buen
Pastor: condiciones de vida de las mujeres recluidas”, de la
Universidad de Costa Rica, las presas sufren olvido, son ignoradas y
discriminadas.
En ese centro, que en 2010 albergó a casi 700 mujeres –y que en
2005 eran apenas 500–, se reciben a sentenciadas, indiciadas, adultas,
jóvenes y recién nacidas; lo mismo están en prisión quienes cometieron
penas mayores que aquellas mujeres que fueron privadas de su libertad
por no pagar pensiones alimentarias.
Según la investigación, ese centro está “en condiciones
deplorables”: está ubicado sobre un terreno empinado, tiene una
estructura espacial deficiente, y es difícil el desplazamiento de las
personas que ahí trabajan.
La Comisión de Emergencia (donde habitan en promedio 200 mujeres)
“está en riesgo de deslizarse”. Algunas de las presas denunciaron que
cuando se bañan, todos pueden verlas y que en los dormitorios tienen
que turnarse las camas.
Las organizaciones presentes en la audiencia de hoy, como Defensa
de Niños y Niñas Internacional (DNI Costa Rica), Juez de Ejecución de
la Pena Roy Murillo y Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional, dijeron también que en CR existe un incremento del
encarcelamiento de personas, sobre todo jóvenes y adolescentes; por lo
que los penales para adolescentes tienen una población que es cinco
veces mayor que hace una década.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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