Alejandro Encinas Rodríguez
Con la promulgación de las leyes secundarias en materia energética, se cierra un ciclo político que pasará como uno de los momentos de mayor ignominia de nuestra historia. Los primeros dos años del actual gobierno representan la mayor regresión política que haya enfrentado nuestro país en más de un siglo.
Nunca como en este lapso se han reformado los ordenamientos legales, afectando severamente los principios fundacionales de la nación mexicana. Los cambios impulsados desde las esferas del poder a lo largo de más de tres décadas, han desmantelado a la Constitución y al Estado mexicano, renunciando a la propiedad originaria de la nación sobre su territorio y, privatizando los bienes y recursos naturales de todos los mexicanos.
Se ha dado un golpe de Estado legislativo, que rompe con el pacto social que resultó del Constituyente de 1917, y que permitió, pese al autoritarismo, la intolerancia e incluso la represión gubernamental, avanzar en la construcción de espacios de ejercicio democrático.
Se ha impuesto el pensamiento conservador y un modelo económico que han conducido a la miseria a la mayoría de los mexicanos, favoreciendo la concentración de la riqueza nacional en una oligarquía que desprecia la desigualdad en la que vive la mayoría de los mexicanos, así como los derechos más elementales, que les permitirían vivir con bienestar.
Se ha dado un golpe de mercado a la economía social, sometiendo a México al culto al mercado. El Estado abdica a la rectoría de la economía y a sus responsabilidades para velar por el interés general, imponiendo el interés privado, sobre los asuntos públicos. Se busca diluir al ser colectivo que nos ha dado identidad como nación, para imponer al yo, por encima del nosotros.
Se ha dado un golpe bajo a todos los mexicanos. Estamos ante la reconfiguración del poder político y económico en el país; se ha gestado una coalición conservadora que ha cedido poder y soberanía a las corporaciones privadas. Esta coalición política, alienta además, la centralización del poder público en demérito del federalismo, de los estados y de los municipios.
De nueva cuenta la privatización se nutre del patrimonio nacional y del despojo de los derechos de los mexicanos. Al eliminar el carácter estratégico del sector energético y al declarar de interés público y social la industria de hidrocarburos; cuya actividad será preferente sobre cualquier otra actividad económica, se profundiza la vulnerabilidad de la propiedad pública, social y privada, al permitir la expropiación de las tierras o su ocupación temporal, para el establecimiento de negocios privados.
Las nuevas leyes reflejan, de manera nítida, la visión patrimonialista que ha impuesto el actual gobierno sobre los asuntos públicos. La nación pierde el dominio sobre el petróleo y la electricidad. Pemex y CFE dejan de ser organismos públicos propiedad de la nación, para convertirse en empresas de “propiedad exclusiva del gobierno federal”, transfiriendo las actividades sustantivas del sector a particulares, quienes decidirán el ritmo de explotación de los hidrocarburos para maximizar sus ganancias, afectando la seguridad energética del país.
En este vuelco al pasado y la soberbia desbordada de quienes han impuesto esta regresión, aflora el pensamiento de la ultraderecha que haciendo gala de ignorancia e hipocresía, pretende sepultar el pensamiento de Lázaro Cárdenas; borrar la memoria histórica e imponer un pensamiento único.
Cárdenas está más vivo que nunca. Su pensamiento y visión de Estado están vigentes. No estamos derrotados, estamos indignados, y esta indignación alienta nuestra rebeldía y espíritu libertario, y esta rebeldía la transformaremos en respuesta social en la consulta popular en 2015.
Senador de la República
No hay comentarios.:
Publicar un comentario