Arturo Alcalde Justiniani
La
realidad salarial en México debería ser motivo de vergüenza nacional;
el salario mínimo se encuentra 36 por ciento abajo de la línea de
pobreza, es el peor en Latinoamérica y, para rematar, dos tercios de la
población trabajadora se ubican en un nivel menor a tres de estas
percepciones. En suma, la mayoría de los asalariados se encuentran en
una condición cercana a la miseria.
Ningún discurso o justificación pueden admitirse frente a una
realidad que exhibe el fracaso de las instituciones y la complicidad de
gobiernos y grupos privilegiados que decidieron sacrificar por varias
décadas la calidad de vida de millones de hombres y mujeres,
privándolos del producto de su esfuerzo. Para lograrlo, debieron
engañarlos, convencerlos de que su creciente postración era un fenómeno
natural, producto de la crisis internacional y un sacrificio necesario
para transitar hacia un futuro mejor, reclamando, además, su voto y
apoyo políticos para lograr
mejorar su situación. De 1976 a la fecha se perdió 70 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo; si no se hubiera aumentado esta remuneración en ese periodo, tan sólo manteniendo el poder de compra inicial, el salario nominal debería ser de 10 mil 800 pesos, en lugar de los 2 mil 78 pesos mensuales que actualmente se perciben.
¿Cómo aguantaron tanto los mexicanos sin reaccionar?, se preguntaba
un observador extranjero. La respuesta deberíamos relacionarla con el
sistema político autoritario que hemos sufrido, y que con promesas,
engaños y trampas se renueva cada seis años. Primero, se deprimió
deliberadamente el salario para ofrecer mano de obra barata al
exterior, y ya en condiciones exiguas, lo mantuvieron estable con
argumentos inflacionarios; con mañas vincularon el incremento salarial
a cálculos de inflación esperados para el siguiente año. Cuando éstos
no se cumplieron, obviaron cubrir las diferencias. Para mantener esta
estrategia resultó esencial ocultar la realidad; se levantó así un
discurso sustentado en atemorizar a la población con el fantasma del
desempleo y el crecimiento inflacionario. Por ello, el tema no formó
parte del llamado Pacto por México; también por ello se permitió y
promovió la corrupción sindical, para que los falsos dirigentes
abdicaran de su obligación de defender a los trabajadores.
En este contexto resulta de gran importancia la convocatoria del
jefe de Gobierno de la ciudad de México para analizar y discutir la
situación de los salarios mínimos. En pocas semanas el tema se ha
colocado en el centro de la política macroeconómica, a grado tal que el
gobierno federal, diversos gobiernos locales y el propio Partido Acción
Nacional se han visto obligados a involucrarse en la discusión, en una
condición nada fácil, porque tanto el PRI como el PAN han sido
corresponsables de la situación actual de miseria salarial.
Como parte de esta jornada de reflexión, los días 5 y 6 de agosto de
2014 se llevó a cabo en la ciudad de México un foro internacional sin
precedente. Fue convocado por el gobierno capitalino, la UNAM, la
Fundación Friedrich Ebert y la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), Participaron académicos y especialistas nacionales y
extranjeros de gran prestigio, exponiendo el resultado de sus
investigaciones, comparando la realidad mexicana con la de otros
gobiernos que han logrado avanzar en la recuperación salarial y en la
reducción de la desigualdad sin incurrir en los riesgos que el gobierno
y los empresarios mexicanos advierten. Integrantes de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos, incluido su presidente, comparecieron
ante el público y recibieron duras críticas por ser un órgano
inservible y complaciente, ejecutor subordinado de las instrucciones
del gobierno federal en turno por conducto de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
El
gobierno federal, en voz de Rafael Avante, subsecretario de Trabajo,
planteó que el tema no se politizara, que quedaran fuera las ideologías
y que no formara parte de las campañas electorales. Petición difícil,
ya que el tema distributivo, la desigualdad y la contención salarial
son asuntos eminentemente políticos. Es explicable la preocupación
gubernamental; si la población toma conciencia de las causas de su
miseria salarial inculpará a los gobiernos que la provocaron y su
indignación lo reflejará en votos.
La calidad de las presentaciones de los especialistas de Europa,
América Latina, Estados Unidos y México fue excepcional, y al final
acreditaron con datos duros varias coincidencias fundamentales: la
fijación de un salario mínimo adecuado es esencial para abatir la
pobreza, la desigualdad y la informalidad y es fuente privilegiada para
favorecer la demanda doméstica, el crecimiento y la cohesión social;
limita los gastos estatales de compensación, incentiva la motivación en
el empleo, fortalece la seguridad social, la creación de empleos
decentes y el interés por invertir en la formación profesional. Uno a
uno, con diferentes matices, desplegaron datos teóricos y empíricos
contenidos en tablas y curvas y compartieron sus experiencias. México
apareció así como el patito feo que no quiso colocar el tema de la
política salarial ni reorientar su economía en favor de un auténtico
desarrollo con justicia y protección del medio ambiente.
Las conclusiones respecto de la situación en el país afloraron con
claridad: el único precio controlado en México es el salario; sólo una
decisión política explica la ignominiosa condición de tener el mínimo
más bajo de América Latina. Otra decisión política será necesaria para
cambiar el rumbo. En todos los demás países pudieron hacerlo, ¿porqué
en el nuestro no? Atinadamente, se afirmó que el nivel del salario
mínimo es la señal que demuestra si un país ha decidido salir de la
desigualdad o no.
En la mesa final, Graciela Bensusán y Rosalbina Garavito celebraron
que por primera vez se hable de un tema desaparecido de la agenda
nacional. El mensaje central de la Cepal estaba en el ambiente: la
igualdad y el desarrollo son el horizonte, el cambio estructural el
camino y la política el instrumento
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