Activistas
chilenas por los derechos de las mujeres, durante una manifestación
contra la violencia de género. Crédito: Crisis Group
- A principios de enero de 2019, hombres armados no identificados asesinaron a Maritza Isabel Quiroz Leiva,
una activista colombiana por el derecho a la tierra de 60 años, en una
pequeña granja cerca de la ciudad caribeña de Santa Marta.
Su asesinato fue un duro recordatorio de que hablar sobre temas
sociales y políticos en Colombia, ya sea sobre disputas por la tierra,
derechos de las mujeres o sobre la violencia política que persiste pese
al acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC,
es algo muy peligroso.
La muerte de Maritza no es un incidente aislado: en los últimos tres
años, las guerrillas (remanentes de las FARC y otros), agrupaciones
criminales y otros grupos delictivos no identificados han asesinado a más de 300 activistas(hombres y mujeres) como ella.
Colombia no es el único país de esta región donde la violencia contra
los defensores de derechos humanos está poniendo a destacadas mujeres
activistas en riesgo de ataques físicos y otros abusos.
En 2018, nuestro boletín de alertas tempranas sobre conflictos globales CrisisWatch,
registró varios asesinatos de este tipo en otras partes de América
Latina, incluyendo el de la activista indígena guatemalteca Juana
Raymundo en julio o el de la activista colombiana por los derechos de
las mujeres María Caicedo Muñoz en octubre.
Aquellas mujeres que están bajo el escrutinio público cuando desafían
las normas establecidas y confrontan poderosos intereses, desde
gobiernos a insurgencias y a grupos criminales, son blancos más
notables; y las lideresas que representan a los grupos marginados, como
personas en condición de pobreza, minorías étnicas o sexuales, personas
desplazadas o migrantes, se convierten también en objetivos de ataques.
Isabelle Arradon, directora de Investigación y asesora especial de género de Crisis Group. Crédito: Crisis Group
El asesinato en marzo de ese año de la brasileña Marielle Franco,
concejal de la ciudad de Rio de Janeiro, es muestra de ello. Además de
hacer campaña en contra de la corrupción y la brutalidad policial,
Franco era una poderosa defensora de las mujeres negras, la comunidad
LGBTI y la juventud. La investigación avanza lentamente.
Desde una perspectiva global, el relator especial de la ONU sobre los
Defensores de Derechos Humanos, Michael Frost resaltó en un informe de 2019 que
en el actual clima político, donde ha habido un retroceso contra los
derechos humanos en todo el mundo y un aumento en la retórica misógina
entre los líderes políticos, las defensoras de derechos humanos “han
estado afrontando una represión y violencia creciente alrededor del
mundo”.
El informe sugiere que estas mujeres son algunas veces señaladas por
las causas que promueven, y otras veces simplemente porque son mujeres
que se reafirman públicamente.
Además del riesgo de ataques que enfrentan todos los activistas, las
activistas son vulnerables al abuso específico de género, que puede
incluir estigmatización, ser avergonzadas públicamente (como una forma
de dañar su “honor”), amenazas de violencia sexual, ciberacoso y
asesinatos.
En abril de 2018, individuos que buscaban socavar e intimidar a la periodista investigativa hindú Rana Ayyub la amenazaron con violencia sexual en redes sociales y utilizaron un video pornográfico falso para manchar su reputación.
En junio, desconocidos saquearon el hogar de la periodista y
activista Marvi Sirmed, quien ha hecho mucho para resaltar el rol
central de los derechos de las mujeres y el Estado de derecho en la transición política de Paquistán.
En julio, un sujeto desconocido atacó con ácido sulfúrico a la activista anticorrupción Kateryna Handzyuk en Jersón, Ucrania; con quemaduras en más del 30 por ciento de su cuerpo, murió debido a sus heridas en noviembre.
Y en septiembre, agresores enmascarados abrieron fuego contra Soad Al Ali,
una destacada activista de derechos humanos y madre de cuatro hijos de
unos cuarenta años, a plena luz del día en la ciudad de Basora al sur
de Iraq.
Durante el mismo periodo, otras tres influyentes mujeres iraquíes,
incluida la lideresa de redes sociales Tara Fares, fueron asesinadas, o
encontradas muertas bajo circunstancias sospechosas, en otros lugares.
Una de las preocupaciones en torno a la amenazas o ataques a mujeres
activistas es que no solo afecta su seguridad, sino que frena su
participación en la vida pública, donde las mujeres ya están
sub-representadas.
Globalmente,
solo un cuarto de los parlamentarios son mujeres y casi todos los jefes
de estado o líderes gubernamentales son hombres. Esto no quiere decir
que abordar los riesgos de violencia política por sí solo aumentará la
representación de las mujeres en la política, ya que hay muchas razones
posibles para la baja participación política de las mujeres en todo el
mundo.
Tampoco el progreso en este sentido se correlaciona necesariamente
con un peligro menor para las mujeres. (América Latina, que tiene
algunas de las más altas tasas de violencia contra defensores de derechos humanos en el mundo, cuenta con un vibrante movimiento de derechos de las mujeres, y muchos de sus parlamentos tienen niveles relativamente altos de representación femenina).
Hacer que la participación en la actividad pública sea más segura
para las mujeres es algo que realmente puede ayudar. Los estados y sus
líderes deberían usar las herramientas a su alcance, desde leyes justas
hasta castigos severos para asegurar que las fuerzas de seguridad estén
en sintonía con las necesidades de protección de las mujeres, y así
combatir la violencia contra las activistas.
Proteger el espacio de las mujeres en la política es especialmente
importante en el área de resolución de conflictos. Pese al rol histórico
de las mujeres en resolución informal de disputas, su práctica ausencia de los diálogos de paz y procesos y mecanismos internacionales de seguridad similares, como en Yemen o Afganistán, requiere una atención particular.
Dejar de lado a las mujeres afectadas por el conflicto, o a las
mujeres que representan a aquellas percibidas como de bajo estatus en la
sociedad debido a su condición socioeconómica, edad, educación, etnia o
religión, no es la forma de construir una estructura inclusiva y
duradera para la paz.
En esta celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo,
los líderes mundiales deben pronunciarse de manera más vehemente sobre
la crucial importancia de la participación de las mujeres en la vida
política.
Deben tomar más medidas para prevenir y condenar los ataques verbales
y físicos contra las defensoras de derechos humanos o lideresas
políticas y sus familias. También deben forjar espacios más amplios y
seguros para la sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres, a modo
de garantizar su participación en las políticas gubernamentales que
afectan sus vidas.
Las implicaciones de la violencia utilizada contra las mujeres
activistas y políticas son muy grandes, no solo para sus familias, sino
también para el bienestar de la sociedad en general.
No proteger a mujeres como Maritza Quiroz Leiva y Marielle Franco
envía una terrible señal para las mujeres y niñas que quieren alzar sus
voces en la plaza pública. Frenar su participación en la vida pública
sería una tragedia no solo para las mujeres cuyo potencial está siendo
desperdiciado sino para las comunidades en las que viven.
Este artículo fue originalmente publicado por Crisis Group. IPS-Inter Press Service lo distribuye por un acuerdo especial con esa organización internacional.
RV:EG
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