Casi nada hay de
sorprendente en las más recientes revelaciones oficiales y periodísticas
sobre las campañas de guerra sucia y propaganda negra contra Andrés
Manuel López Obrador durante las campañas electorales de 2006, 2012 y
2018 destinadas a impedir que éste se convirtiera en presidente de la
república.
Todo esto ya se sabía y fue del dominio público
durante muchos años. Digamos que lo único sorprendente fue y es el
rotundo fracaso de la campaña negra de 2018 que no consiguió su
propósito de impedir el triunfo del tabasqueño, victoria que, además,
resultó abrumadora.
Ya con López Obrador en Palacio Nacional
resultaría lógica la aparición de afanes de venganza por tan execrables
conductas políticas, verdaderamente criminales. Pero entendible y hasta
justificable el deseo de venganza, proceder a ésta sería, como se dice
popularmente, quemar la pólvora en infiernitos. Serían fuegos fatuos,
fuegos de artificio.
Lo verdaderamente importante radica en
impedir que estas conductas criminales promovidas y ejecutadas al amparo
del poder del dinero público y privado se repitan en el futuro. Lo
verdaderamente importante es impedir que se vuelva a influir
perversamente, retorcidamente, mentirosamente, calumniosamente en la
opinión pública y, de este modo, en la voluntad electoral de la
ciudadanía.
Impedir la reedición de campañas negras y
propaganda sucia tendría el efecto de dificultar y hasta evitar el
fraude electoral. El fraude electoral que se basa en la manipulación de
la conciencia política de los electores.
Muy distinta a la
venganza y también contribuyente a impedir fraudes electorales en lo
futuro es la justicia, la recta aplicación de las leyes. Y justicia
sería sancionar a los autores materiales e intelectuales de las campañas
negras de 2006, 2012 y 2018.
Y si bien es cierto que ninguna
ley puede tener efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna,
también es verdad que la citada manipulación de la conciencia ciudadana
fue posible mediante la comisión de delitos fiscales y financieros cuyo
castigo estaba previsto en las leyes desde antes y al momento de los
procesos electorales mencionados, lo que implica que no cabe invocar
para estos criminales el principio de la no retroactividad.
Pero con todo y su importancia, la sanción de estos delincuentes es
cosa secundaria frente a la imperiosa necesidad de impedir los fraudes
electorales en el futuro. Esto sería, sin duda alguna, el mayor y más
trascendente logro de la cuarta transformación de la vida pública de
México.
Blog del autor: www.economiaypoliticahoy.
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