La iniciativa “Conversando con Goliat” registra 879 “hechos” conflictivos a causa de grandes proyectos en los últimos 12 años
134 proyectos de
minería, 70 petroleros, 50 hidroeléctricos, 35 eólicos y 15 de
gasoductos en el territorio mexicano. Sobre estos 304 proyectos, se han
producido 879 “hechos” conflictivos de carácter ambiental, territorial y
laboral en los últimos 12 años. Es el resultado de la base de datos y
la cartografía incluidas en la iniciativa “Conversando con Goliat:
Participación, movilización y represión en torno a conflictos
neoextractivistas y ambientales”, que coordinan la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en México y De Montfort
University de Leicester (Inglaterra).
A
partir de informaciones periodísticas, las investigadoras concluyen que
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango
y Michoacán son los estados con más “hechos” violentos relacionados con
la minería; Tabasco, Chiapas y Veracruz sobresalen respecto a los
conflictos petroleros. El Espacio OSC, que integra a 19 organizaciones
de derechos humanos, denuncia que durante el mes y medio que siguió a la
toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de
México (el 1 de diciembre de 2018), fueron asesinados 14 defensores de
derechos humanos y periodistas.
La activista social,
anarcofeminista de Ciudad de México y profesora de la UNAM, Norma
Ortega-Villar, ha informado de diferentes macroproyectos que atraviesan
México y de las respuestas populares, en un acto organizado por el
Ateneo Libertario Al Margen de Valencia con motivo del 33 aniversario.
Una de las actuaciones destacadas es el Proyecto Integral Morelos,
impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del Estado
mexicano, con una inversión inicial de 1.600 millones de dólares y
orígenes en 2009. Consiste en la construcción de dos centrales
termoeléctricas en la comunidad de Huexca (Morelos), un gasoducto de 170
kilómetros que recorre los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y un
acueducto; entre las concesionarias de las obras de construcción y
operación figuran las empresas Abengoa, Elecnor y Enagás.
Durante años de resistencia, las organizaciones populares han denunciado
los impactos del megaproyecto Morelos en las aguas del río Cuautla
(utilizadas para el riego agrícola), las emisiones contaminantes, la
ubicación en zona de riesgo volcánico (volcán Popocatépetl) y la
afección al patrimonio arqueológico. En marzo de 2018 la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó el incumplimiento por parte
del Estado mexicano de los derechos a la consulta previa, libre,
informada, de buena fe y culturalmente adecuada de los pueblos indígenas
respecto a esta iniciativa. “La existencia de seis amparos (presentados
ante los jueces por las comunidades afectadas) han derivado en
suspensiones provisionales y/o definitivas del proyecto”, reconocía el
gobierno de México el 8 de febrero en un documento oficial. El pasado 20
de febrero fue asesinado frente a su domicilio Samir Flores Soberanes,
opositor destacado al Proyecto Integral Morelos y miembro del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, además de delegado del
Congreso Nacional Indígena.
Con una inversión prevista –de
carácter público y sobre todo privada- de entre 6.200 y 7.700 millones
de dólares y un recorrido de 1.525 kilómetros por cinco estados
(Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán), el Tren Maya es
otra de las apuestas del actual ejecutivo; “en abril se publicará la
convocatoria para la construcción (licitaciones) del Tren Maya para
turistas, pasajeros nacionales y transporte de carga; en cuatro años,
una vez terminada esta red de comunicación, se tendrá una capacidad para
trasladar a tres millones de visitantes al año y aumentaremos la
afluencia de turistas a las zonas arqueológicas del Mundo Maya y a las
ciudades de Chetumal, Mérida y Campeche”, ha afirmado López Obrador. En
2017, México fue el sexto país del mundo en llegada de turistas
internacionales (39,3 millones) y el turismo representó el 8,7% del PIB.
Sin embargo científicos, organizaciones ecologistas y de
indígenas remitieron una carta el 15 de noviembre al presidente del
país, en la que recuerdan que el Tren Maya y el Corredor Comercial y
Ferroviario del Istmo de Tehuantepec (en Oaxaca y Veracruz) se asemejan a
otros megaproyectos, “como los promovidos dentro del Plan Puebla
Panamá”, que ofrecían también un supuesto “progreso” y “desarrollo” para
México.
Las organizaciones han advertido, asimismo, de
posibles afecciones del Tren Maya a la Reserva de la Biosfera Calakmul
(Campeche), que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) identifica como “la segunda mayor extensión de bosques
tropicales en América”, y que acoge ocho de cada 10 especies vegetales
de la Península de Yucatán, 350 especies de aves y un centenar, de
mamíferos; otra de las amenazas recae sobres las poblaciones de jaguar
(en México hay 4.800 jaguares en vida silvestre, según el censo de 2018;
Calakmul acoge una de las poblaciones más importantes). Una perspectiva
más amplia de la infraestructura es la que exponen los investigadores
Salomé Cabrera Romo y Sergio Prieto Díaz en el artículo “Más allá del
tren y lo maya: el neoextractivismo con ‘rostro humano’” (Rebelion.org,
diciembre 2018).
En este contexto de grandes obras, el Gobierno
Federal impulsa una idea que en México se retrotrae al menos al siglo
XIX: conectar el Pacífico y el Atlántico; así, el ejecutivo considera
“prioritario” el denominado Corredor Transístmico o Transoceánico, que
plantea –con el Canal de Panamá como referencia- la conexión entre los
dos océanos a través de puertos, vías ferroviarias y carreteras (300
kilómetros de tendido de ferrocarril entre el Puerto de Salina Cruz, en
Oaxaca, y el de Coatzacoalcos, en Veracruz); el corredor está asociado
al Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que incluye, según
explicó López Obrador en la presentación, “la rehabilitación de vías
férreas, las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán, la ampliación de
carreteras y la modernización de puertos y aeropuertos”; “a lo largo del
Itsmo se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector
privado”, apuntó el coordinador del Programa, Rafael Marín Mollinedo; el
objetivo es “competir en los mercados mundiales de movilización de
mercancías”, añadió. Los Presupuestos de 2019 asignan una partida de
cerca de 360 millones de dólares al Tren Maya y el Corredor Transístmico
(más de 300 millones a la primera infraestructura).
Otra
actuación “estratégica” es la construcción de una refinería de la
petrolera estatal Pemex en el Puerto de Dos Bocas (municipio de Paraíso,
Tabasco), que concluirá –según fuentes oficiales- en un plazo de tres
años y tendrá una capacidad de procesamiento de 340.000 barriles de
hidrocarburos diarios. En noviembre, la ONG Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (CEMDA) interpuso una denuncia ante la Agencia de Seguridad
Energía y Ambiente por el desmonte “ilegal” de vegetación en un predio
de Dos Bocas; la agencia pública multó a la empresa responsable de la
tala irregular de manglares, y le obligó –como medida compensatoria- a
un programa de reforestación del mangle en 82,8 hectáreas y otro para la
preservación de la fauna y flora silvestres. ¿Qué importancia tienen
las sanciones? “Si el Gobierno Federal desea seguir adelante con el
proyecto de construcción de la refinería en el predio, deberá someterlo
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y solicitar el
cambio de uso de suelo en los terrenos forestales”, valoraron el CEMDA y
Greenpeace.
Además de las movilizaciones contra las grandes
infraestructuras, Norma Ortega-Villar subraya la denuncia pública que
los movimientos populares hacen de los megaproyectos y la represión
estatal. Por ejemplo, el pronunciamiento del 6 de marzo de la Tercera
Asamblea del Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno
y el EZLN recuerda la desaparición el pasado 23 de agosto del activista
Sergio Rivera Hernández, quien “luchaba contra la compañía minera
Autlán y el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala en la Sierra Negra
de Puebla”; el comunicado afirma que la consulta a los pueblos indígenas
-por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)- sobre el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014, el Tren Maya y el Corredor
Transístmico es “una burla para su convalidación”.
Norma
Ortega-Villar también informa del pronunciamiento emitido el 8 de marzo
por el Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la
Participación de las Mujeres en la toma de Decisiones, tras la reunión
en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. “Alto al despojo de nuestros
territorios y a la violencia feminicida”, se titula la declaración. El
movimiento rechaza las consultas realizadas por el Gobierno de México,
“ya que no están siendo previas, libres ni informadas como establecen
los convenios y tratados internacionales”. Además, “proyectos como el
Tren Maya, Istmo de Tehuantepec, las Zonas Económicas Especiales,
Sembrando Vida o la termoeléctrica de Huexca buscan explotar y saquear
nuestros recursos”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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