CELAG
La última encuesta
de opinión realizada en México arroja que el apoyo ciudadano a Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) es del 79,4%[1]. Es decir, casi 8 de cada 10
mexicanos y mexicanas tiene una opinión favorable del presidente. Si
bien sólo lleva en el poder poco más de cien días, su favorabilidad
entre el electorado es abrumadora. Algunos de los factores que explican
este hecho son su política comunicacional (diariamente expone ante los
medios sus decisiones y opiniones políticas), medidas de austeridad para
el funcionariado público (que la gente percibió como el comienzo del
fin de los privilegios políticos), y una inusitada firmeza en el manejo
de asuntos sensibles como el histórico contrabando de gasolina
(“huachicoleo”) o la justicia para los 43 de Ayotzinapa, que contrasta
fuertemente con la debilidad conductora de su antecesor, Enrique Peña
Nieto.
Sin embargo, al explorar los grupos de poder en México, se
percibe que el Gobierno que lleva adelante la llamada “Cuarta
Transformación” tiene importantes desafíos y obstáculos. El
empresariado, los sindicatos y los medios de comunicación, entre otros,
no reproducen ese casi 80% de favorabilidad hacia el Gobierno: existen
tensiones y divergencias alrededor de cada grupo de interés, lo que
pondrá a prueba la capacidad de AMLO de conducir políticamente una
compleja sociedad atravesada por décadas de neoliberalismo, deterioro
institucional y débil soberanía.
Empresariado
Los grupos
empresariales más fuertes en México estuvieron y están reticentes a la
política económica del gobierno de AMLO. Uno de esos grupos es el
Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el cual financió la serie titulada
“Populismo en América Latina”[2] y fue parte de la “guerra sucia”
durante la campaña electoral en 2018.[3] Algunos empresarios que
conforman el CMN son Germán Larrea, de Grupo México, Ferromex, Claudio
X. González Guajardo, hijo del empresario Claudio X. González Laporte,
dueño de Kimberly-Clark. Actualmente financia organizaciones civiles
como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad;[4] Alberto
Bailléres, presidente del Grupo Bal, en donde hay empresas en los
sectores de siderúrgica, petróleo, agropecuario y en las finanzas. Lo
que aglutina a estos empresarios no sólo es su posición en contra del
proyecto de AMLO, también que sus fortunas crecieron en los últimos
treinta años de neoliberalismo en México.
Otro grupo de
empresarios decidió unirse al proyecto de AMLO, por ejemplo, Ricardo
Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, Olegario Vázquez Aldir
director general del Grupo Empresarial Ángeles con empresas en medios,
servicios hoteleros y en el sector financiero; Carlos Hank González,
presidente del Grupo Banorte, principalmente en el sector financiero
pero con ligas familiares con el PRI; y Bernardo Gómez Martínez,
copresidente del Grupo Televisa, entre otros.[5]
Grupos sociales, demandas y nuevo Gobierno
Uno
de los grupos que han manifestado su oposición al proyecto de AMLO es
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el cual lleva desde
1994 construyendo autonomía en el territorio de Chiapas, en conjunto con
el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena de Gobierno
(CIG). En los últimos meses, la actividad en contra del Gobierno de AMLO
se centró en la oposición a la construcción del Tren Maya, ferrocarril
que pretende conectar el sur-sureste del país y que implica un gran
costo ecológico, afectaciones a comunidades y daños medioambientales
irreversibles.[6] En contraste, comunidades indígenas aglutinadas en el
recién creado Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) le
entregaron simbólicamente el “bastón de mando” a AMLO cuando asumió la
Presidencia.[7]
Otro de los grupos sociales que puede cumplir una
de sus demandas son las organizaciones civiles en pro del derecho a la
interrupción voluntaria de la gestación, el cual, mediante una ley,
podría ser legal a nivel nacional. Esta demanda histórica encontró
también grupos de oposición de diversas organizaciones como la Iglesia,
sectores conservadores, y partidos políticos que pretenden conformar un
“bloque común” para no permitir la legalización. Incluso, dentro del
propio partido de AMLO hubo voces en contra del aborto.[8]
La
cancelación del aeropuerto en la Ciudad de México aglutinó a varias
organizaciones sociales contrarias al proyecto desde que se concibió,
como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y
organizaciones barriales, estudiantiles, campesinas que se unieron en la
campaña “YoPrefieroElLago”.[9] Por otra parte, grupos empresariales que
se verían beneficiados con el proyecto se opusieron más al entrante
Gobierno de AMLO, abonando incluso a la campaña de “incertidumbre” que
genera el actual Gobierno para los inversionistas y que tiene su eco en
medios.[10]
Otro de los grandes temas pendientes será la
aprobación o cancelación del nuevo Tratado entre México, EE. UU. y
Canadá (T-Mec o USMCA por sus siglas en inglés). La renovación del TLCAN
es central para México, toda vez que más del 80% de sus exportaciones
se dirigen hacia EE. UU., la cantidad de intereses interrelacionados
para la clase política de ambos países, así como intereses económicos de
largo aliento. La estrategia de EE. UU. hacia México fue la de dislocar
su producción manufacturera en el país, abrir el mercado energético, y
prolongar la situación de dependencia estructural. La ratificación del
tratado polarizará posiciones incluso dentro de los grupos empresariales
que se colocaron con el actual gobierno.
Sindicatos
Como
parte de la confirmación de un nítido perfil propio, a principios de
este año AMLO fue muy enfático en la denuncia sobre la corrupción que se
registraba en PEMEX –a propósito del “huachicoleo”- indicando que
funcionarios de la compañía habrían recibido sobornos de más de 400
millones de pesos. Buena parte de las observaciones se colocaron sobre
el papel desempeñado por Romero Deschamps, el histórico líder sindical
de los petroleros. Frente al problema, AMLO precisó que el rumbo estará
determinado por “la democracia sindical” pues “el Gobierno ya no tiene
líderes favoritos”[11]. Si bien la arremetida no fue tan frontal como en
otros casos históricos – por ejemplo, como el del Presidente Carlos
Salinas y el “Quinazo”[12]– la quita de algunas prerrogativas sindicales
ya ha generado una reorientación de los actores del sector. No es el
único caso donde las relaciones entre el Gobierno y los sindicatos han
ingresado en una nueva etapa. De hecho, y como señal de los tiempos, se
ha estructurado una nueva central sindical.
La Confederación
Internacional de Trabajadores (CIT), uno de cuyos referentes es el líder
sindical minero Napoleón Gómez Urrutia, aparece en escena poniendo
sobre la agenda la discusión acerca de las regulaciones laborales del
país, teniendo en cuenta los efectos negativos que sobre éstas tuvieron
durante tantos años las disposiciones del TLCAN[13], que mejoraron de
gran forma los intereses de la clase empresarial a costa de bajos
salarios y escasas prestaciones. Precisamente, en la Asamblea
Constitutiva de la CIT, compuesta por 10 federaciones y 150 sindicatos,
se puso énfasis una determinada orientación para el movimiento obrero:
observando con buenas expectativas la llegada de AMLO, su interés está
puesto en desarmar toda la arquitectura neoliberal que fue diseñada en
perjuicio de los trabajadores.
Habrá que ver hasta qué punto las
otras centrales sindicales (y sindicatos en general) también asumen esta
posición o si, por el contrario, se colocan abiertamente contra el
Gobierno. Tal como lo detallan varios analistas, es importante ver si
las “rupturas” que propone AMLO en varios planos también modifican la
inercia de la naturaleza “oficialista” y corrupta que, en la mayoría de
los casos, caracterizó al mundo sindical mexicano. En ese sentido, habrá
que seguir de cerca las apariciones públicas –además de la de
Deschamps- de Carlos Aceves del Olmo (Confederación de Trabajadores de
México-CTM), Joel Ayala Almeida (Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado–FSTSE), Francisco Hernández
(Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana–STRM), Víctor Flores
(Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República
Mexicana–STFRM), Juan Díaz de la Torre (Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación–SNTE) y del propio Victor Fuente del Villar
(Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana–SUTERM), todas figuras claves que, frente al discurso
anticorrupción de AMLO -y al igual que Deschamps- pueden sentirse
incomodados. No siempre favorables con el actual discurso presidencial,
es también probable que comiencen a verificarse cambios internos en las
estructuras sindicales, con consecuencias hacia su gravitación en la
esfera gubernamental.
Por el momento, el actor sindical no se ha
colocado en un lugar confrontativo; es cierto que se han registrado
varias huelgas[14] y protestas, como la de los sindicatos
universitarios[15], pero aún sin mayores consecuencias.
Medios de comunicación
En
términos generales, los medios de comunicación privados y sus
principales caras visibles pasaron de una abierta hostilidad hacia la
figura de AMLO a posiciones de crítica más moderada al asumir éste la
Presidencia. Si bien todavía han transcurrido pocos meses desde que
asumió el cargo como para poder establecer cómo se va a definir de
manera definitiva la relación de AMLO con los medios de comunicación o,
más bien, en qué medida los principales medios van a ser determinantes
en la gobernabilidad del mandato, hay un aspecto que es clave y que no
debe ser soslayado: el nuevo formato de conferencias matinales por parte
del presidente ha trastocado la escena comunicacional. No sólo porque
es allí donde AMLO marca la agenda mediática entregando la pauta de sus
acciones, sino también formatea las opiniones en general de su Gobierno.
Hay un nuevo estilo, frente al cual los medios de comunicación todavía
se están acomodando: posicionado de frente a la ciudadanía[16], ha
tomado la iniciativa de la agenda política y comunicacional del país,
algo que Peña Nieto fue perdiendo en el último tramo de su gestión. Por
eso es que las principales críticas provienen, sobre todo, desde el
exterior[17], donde todavía no se termina de perfilar – o de aceptar- el
rumbo de la nueva Presidencia.
A modo de cierre
Los
grupos de interés en México han adoptado su fisonomía actual a través de
décadas de una dinámica simbiótica con los gobiernos neoliberales de
turno, exceptuando las organizaciones indígenas, campesinas y populares
en general, que siempre han estado al margen de la consideración
gubernamental. La constitución y naturaleza de los grupos de poder
empresarial, sindical y mediático han sabido cómo amoldarse a las nuevas
gestiones presidenciales (con viejos y similares objetivos). Sin
embargo, la llegada de AMLO ha supuesto todo un desafío para la mayor
parte de esas corporaciones, habituadas a mantener la armonía con los
gobiernos a cambio de satisfacer sus intereses.
La nueva
situación es de tensión, contradictoria y con final abierto. AMLO ha
demostrado tener la suficiente “cintura” política como para amarrar a la
opinión pública a su favor, aunque determinados nodos política y
económicamente fuertes le representan aun un enorme desafío. México no
tiene un referente histórico progresista relativamente reciente, como
otros países de Latinoamérica; y en esa “novedad” progresista, AMLO
tiene la ventaja, como también el reto, de conducir el destino de una
sociedad devastada por décadas de neoliberalismo y entrega de soberanía.
Notas:
[8] https://vanguardia.com.mx/articulo/sanchez-cordero-en-contra-del-aborto-y-que-se-criminalice-mujeres
[14] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/lanza-amlo-llamado-al-dialogo-para-resolver-huelgas
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