Editorial La Jornada
Ayer, integrantes de las
secciones siete, nueve, 10, 11, 14, 18 y 22 de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el acceso a la Cámara
de Senadores en protesta contra el proyecto de decreto que abroga o
modifica las disposiciones de la llamada reforma educativa del gobierno
de Enrique Peña Nieto.
La movilización de los docentes –que se inició el lunes en el recinto
de San Lázaro, donde se generó el dictamen– se centra en exigir la
eliminación total de los aspectos laborales en la redacción del artículo
tercero constitucional y, en un sentido más amplio, el cumplimiento de
los compromisos de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador,
según los cuales la reforma de 2013 sería derogada por completo y la
nueva propuesta en la materia sería discutida y consensuada con la plena
participación del magisterio.
Es necesario aclarar que, si bien la actual redacción del dictamen
supone innegables avances con respecto a la embestida antimagisterial
que la administración anterior disfrazó de reforma educativa, también
conserva aspectos de forma y fondo que resultan indeseables para
sectores del profesorado. De manera fundamental, mantiene la puerta
abierta para que cualquier persona acceda a la función magisterial, lo
cual va en menoscabo del reconocimiento tanto a la capacitación especial
que los docentes reciben en las escuelas normales como al papel
histórico del normalismo en el impulso de todo el sistema educativo
nacional.
Asimismo, existe un inocultable fallo en la elaboración de la
propuesta toda vez que, con independencia de su contenido, el proceso se
ha llevado a cabo a contracorriente de los compromisos del partido que
ostenta la mayoría legislativa en lo que toca a la inclusión de todos
los sectores del magisterio. Dicho error de procedimiento resulta
lamentable no sólo porque a estas alturas debería estar claro que
ninguna legislación en la materia podrá prosperar si no se involucra en
ella a los docentes, sino también a la luz de la resistencia del
magisterio democrático frente a la prolongada y sistemática embestida de
los gobiernos neoliberales.
Cierto, Morena no legisla en solitario y lograr la mayoría calificada
requerida para modificar términos constitucionales tiene que negociar
con otras bancadas y ello explica la incorporación al proyecto de
decreto de aspectos que generan rechazo en la CNTE. Se hace
indispensable, así, establecer un diálogo en dos instancias paralelas:
el Legislativo propiamente dicho y la interlocución permanente con el
magisterio movilizado. Esa parece ser la única vía de resolver el actual
impasse y de evitar la reactivación de las costosas y
lamentables confrontaciones entre la CNTE y el gobierno federal que
marcaron el sexenio pasado.
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