Llaman a trabajar para crear metodología que muestre realidad en el país
Académicas,
geógrafas y defensoras de Derechos Humanos criticaron que las
autoridades continúen sin elaborar bases de datos sobre incidencia
delictiva del feminicidio en todo el país, por lo que los datos con los
que se cuenta, distan mucho de la realidad de violencia que viven las
mexicanas.
Durante el encuentro “Datos y mapas sobre violencia feminicida ¿Qué
estamos comunicando?” realizado el pasado fin de semana en Casa Refugio
Citlaltépetl, las ponentes destacaron que los principales problemas que
hacen que la violencia feminicida incremente se deben a la incorrecta
tipificación del delito, a la impunidad y a la negligencia presente en
todos los niveles de gobierno.
A ello se suma un recurrente problema: las bases de datos y mapas
sobre feminicidio, los cuales continúan sin reflejar la realidad.
Pese a que Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, vigente desde 2007, mandata que se debe garantizar la
investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las
causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las
mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas
para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia, en
la práctica esto no sucede.
Las investigadoras explicaron que los datos que el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ofrece sobre la
incidencia del feminicidio en México, no son comparables con lo que
ocurre en el país.
“Los datos del Secretariado no son datos del Sistema de Salud sino
del Sistema de justicia, esto quiere decir que la unidad de observación
son las carpetas de investigación que se abren, y estas se inician de
acuerdo a lo que considere el Ministerio Público quien decide si el
delito es considerado feminicidio u homicidio, lo cual no permite ver la
realidad de la problemática”, explicó la analista de datos de Data
Civica, Carolina Torreblanca.
La analista afirmó que “Los datos del Secretariado sólo sirven para
saber cuántas víctimas están registradas en investigaciones abiertas.
Además estos datos no son comparables entre años y entre estados, porque
en cada lugar del país varía lo que se puede o no considerar un
feminicidio”.
En cuanto a la cartografía, la geógrafa feminista Giulia Marchese,
expuso que ocurre algo similiar: “la información está incompleta y
descontextualizada” y agregó que la problemática con la cartografía es
la escala, ya que retratar la violencia feminicida a nivel estatal sólo
“da un mensaje de urgencia y alarma”.
“En la actualidad la mayoría de los mapas incluyen sólo el total de
víctimas de homicidio reportadas por fuentes hemerográficas que la
persona que cataloga, considera fue un feminicidio”, por lo que dijo que
para atender la problemática y se logren generar políticas públicas
adecuadas “se deben realizar mapas a nivel local, con especificaciones
territoriales basadas en lo que ocurre en cada municipio”.
De esta forma, las investigadoras concluyeron que es importante
concentrar esfuerzos de manera integral, implementar procesos y
metodologías desde la sociedad civil para dar un panorama real de lo que
viven cientos de mujeres víctimas de violencia feminicida.
AUTORIDADES NO CAPACITADAS
En su participación, la abogada feminista, Andrea Medina Rosas,
denunció que quienes operan la Ley no están capacitados y basan sus
decisiones “en sus valores, estereotipos y carecen de perspectiva de
género”.
La litigante en el caso “Campo Algodonero” por el feminicidio de 3 de
8 mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua que llegó a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, destacó que “hay una reparación
mínima del daño en juicios con el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio” y que los casos “se juzgan como algo aislado, aún cuando
este tipo de violencia está ligada”.
Como ejemplo, en la Sentencia “Campo Algodonero” –que refiere a la
responsabilidad del Estado por la impunidad en las investigaciones
relacionadas a la desaparición y muerte de Claudia Ivette Gonzáles,
Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez- se desprende
que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la
debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres.
“En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de
protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de
prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las
denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir,
debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las
instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los
casos de violencia contra la mujer”.
Pero esto no ocurre así, ya que desde los Ministerios Públicos
comienza la violencia. “El personal minimiza el hecho y lo reporta como
un accidente, como algo que pudo haber ocurrido por cualquier
circunstancia, esto lleva a un proceso de impunidad. Es necesario dar
cuenta de la cultura feminicida, romper estereotipos en relación a las
víctimas y analizar con perspectiva de género, ya que el feminicidio no
se presenta de la misma forma en todas las regiones del país”, destacó
la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades (CEIICH), Martha Patricia Castañeda Salgado.
GOBIERNO DEBE TRABAJAR CON SOCIEDAD CIVIL
Las investigadoras coincidieron que las principales necesidades son
tipificar correctamente los casos de feminicidio que ocurren en el país,
contar con bases de datos que permitan su análisis y crear políticas
públicas que realmente erradiquen la violencia contra las mujeres.
Insistieron que la sociedad civil debe formar parte en la creación de
estas políticas públicas ya que para erradicar la violencia feminicida
se requiere de todos los agentes sociales especializados en el tema.
“Hay falta de política de género feminista en toda la política
estatal y federal; además hay un distanciamiento entre la academia y el
gobierno. El feminicidio no es un problema de segundo orden”, enfatizó
Martha Patricia Castañeda Salgado.
“Se necesitan políticas focalizadas en las mujeres porque no somos
ciudadanas de segunda en el país y nuestros problemas son prioritarios.
Si uno de los compromisos de Andrés Manuel López Obrador fue que el país
florecería con educación y trabajo, tenemos que recordarle que las
primeras medidas no han ido en esa dirección. Todas las acciones para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y
violencia feminicida, requieren presupuesto e interacción entre sociedad
civil y política”, concluyó la investigadora del CEIICH.
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Berenice Chavarría Tenorio
Cimacnoticias | Ciudad de México
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