Ciudad de México. Ante el fracaso de las políticas
públicas que se han implementado en la Ciudad de México para erradicar
el trabajo infantil, cientos de niñas y las adolescentes que laboran en
el Metro y en la Central de Abastos enfrentan agresiones sexuales y
explotación, y carecen de acceso a la educación, la alimentación y la
salud.
Así lo dio a conocer este 23 de enero la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), Nashieli Ramírez
Hernández, durante la presentación del informe “La situación del trabajo
infantil y el trabajo adolescente en edad permitida en el Sistema de
Transporte Colectivo Metro, la Central de Abasto y otros espacios
públicos de la Ciudad de México”.
El informe contabilizó que en 2017 había 84 mil personas menores de
17 años en situación de trabajo infantil (esto incluye trabajos
peligrosos, no adecuados o en edad no permitida) en la capital del país;
48.3 por ciento de esta población eran niñas y adolescentes mujeres.
En el Sistema Colectivo de Transporte Metro ellas representan 41 por
ciento de una población de mil 420 personas menores de 17 años; al menos
173 de ellas tenía tan sólo entre 3 y 5 años de edad. La mayoría se
desempeña como comerciantes en andenes. Estas cifras representan casi el
doble de lo que se contabilizó en 2015: no más de 850 niñas, niños y
adolescentes que trabajaban en el Metro, precisó la ombudsperson.
Aunque no hay cifras similares con respecto a la Central de Abasto,
de acuerdo con la presidenta, las niñas realizan prácticamente las
mismas actividades que los niños: carga, subasta, traslado y separación
de basura o materiales, trabajo como carretilleras y comerciantes.
Pero estas actividades implican riesgos que van desde caídas o golpes
por el freno del metro, abusos en operativos, robos o despojo de
mercancía, hasta el acoso sexual diario por parte usuarios y policías, y
otras personas.
También enfrentan problemas de salud derivados de sus actividades,
como enfermedades respiratorias o gastrointestinales, dolores físicos e
incluso hernias por cargar pesado, despellejamiento de manos, y hasta
estrés o nerviosismo, pero la mayoría no tiene servicio de salud, no lo
usa, se automedica o espera a que los malestares pasen.
Además, existe –aunque en bajo porcentaje– el riesgo de rapto o trata
con fines de explotación laboral, explicó la Comisionada. De cualquier
forma, dijo, también es preocupante la explotación que viven las y los
niños por parte de sus núcleos familiares, ya que la mayoría no recibe
un peso por su trabajo, sino que todas sus ganancias se transfieren al
gasto familiar.
El informe detalla que en el caso de las niñas y adolescentes, las
razones para trabajar son principalmente “ayudar a su mamá” o contribuir
a la situación económica de sus familias. Y entre sus principales
preocupaciones está tener para comer o para comprar ropa y calzado.
Políticas públicas insuficientes
México firmó en 2015 el Convenio 182 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), con el que se comprometió a nivel internacional a
erradicar el trabajo infantil y acabar con las peores formas de empleo
para las y los adolescentes. Este Convenio ordena poner particular
atención en las problemáticas que enfrentan las niñas.
En 2016, el gobierno de la Ciudad de México presentó el programa
Centro de apoyo al menor trabajador de la Central de Abastos, y en 2018
se anunció que habría brigadas y vigilancia por medio de las cámaras del
C5 para identificar a niñas y niños en condición de explotación
laboral.
Sin embargo, de acuerdo con la presidenta de la CDHDF, el trabajo
infantil no sólo no se ha terminado sino que va en aumento, ya que
muchos de los programas que se han impulsado tienen reglas de operación
que limitan la participación con requisitos como vivir en una cierta
alcaldía, hacer visitas domiciliarias, y la corresponsabilidad de la
mamá y el papá.
El problema es que, según reveló el informe, la mitad de estas
personas trabajadoras no viven en la capital, sino en los municipios
colindantes del Estado de México, como Chimalhuacán, Nezahualcoyotl,
Chicoloapan, Ecatepec, Chalco, etc.
Ramírez Hernández precisó que la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México respalda a las autoridades en caso de que quisieran implementar
estrategias que beneficie a la población infantil que trabaja en la
capital pero vive en otras entidades.
También explicó que en el caso de la Central de Abasto, el programa
educativo (como el de todas las escuelas de la zonas donde se emplean
las y los niños) ha sido insuficiente porque no se adecúa a las
condiciones de vida de la infancia trabajadora que labora hasta 48 horas
semanales y se traslada largas distancias.
Por ello, en general quienes asisten a la escuela después de trabajar
presentan bajo rendimiento. Según el informe, la mayoría de las y los
niños que se emplean en la Central o el Metro tienen como máximo grado
de estudios la secundaria.
Durante su participación en la presentación de este informe, la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Soledad Aragón Martínez,
anunció la actual administración trabaja en un nuevo diagnóstico sobre
trabajo infantil y en un nuevo programa que incorpore condiciones de
movilidad para las y los niños que trabajan. Ambos serán presentados de
manera oficial este año.
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