Editorial La Jornada
En la frontera sur
del país se desarrolla un drama humano, pero también político. Ante el
arribo de miles de centroamericanos que intentan ingresar al territorio
nacional con el fin de llegar a Estados Unidos, las autoridades
mexicanas se han visto desbordadas en diversos momentos, lo que ha dado
paso a escenas de confrontación y violencia entre efectivos de la
Guardia Nacional y migrantes.
Duelen las imágenes de personas que huyen de sus países de origen por
hambre, por inseguridad o por ambas cosas, y acaban enfrentando en el
nuestro gases lacrimógenos, golpes y, a la postre, repatriaciones.
Debe tenerse en cuenta, que por su situación geográfica México se
encuentra atrapado entre una superpotencia, cuya economía requiere de
mano de obra extranjera, pero cuya esfera política está dominada por el
racismo y la xenofobia, eso por un lado, y por el otro, países en los
que la violencia delictiva y la pobreza expulsan a un gran número de
personas.
Ante esta circunstancia, el gobierno federal ha propuesto a ambas
partes resolver las razones profundas de la emigración mediante
programas que generen empleos de calidad con el fin de reducir los
índices delictivos y crear las condiciones para que la gente pueda
permanecer en sus lugares nativos en condiciones dignas y seguras.
A pesar de sus innegables cualidades, tal propuesta, sin embargo, no
ha sido recibida, ni en Estados Unidos ni en los países del llamado
Triángulo Norte de Centroamérica –Guatemala, Honduras y El Salvador– con
la seriedad y la disciplina que ameritaría, y en todo caso no podría
esperarse que diera como resultado inmediato una reducción drástica de
los flujos migratorios.
Con ese telón de fondo, las autoridades nacionales han ofrecido a los viajeros un ingreso
seguro, ordenado y reguladoal territorio nacional, incluyendo posibilidades de empleo en México, lo que no ha bastado, sin embargo, para contener a miles que desean alcanzar Estados Unidos, e invocan para ello el derecho de libre tránsito, una garantía que constituye principio ineludible, pero no es observado en su literalidad por ningún otro país.
Debe considerarse, por otra parte, que en las circunstancias reales
la regulación no sólo es necesaria para ofrecer a los extranjeros
condiciones mínimas de vida y seguridad, sino también para evitar que
ocurra en la frontera norte una crisis migratoria que sería, de manera
forzosa, mucho más grave que la que tiene lugar en el Suchiate, tanto
para los propios migrantes como para los frágiles equilibrios logrados
por el gobierno mexicano en la siempre espinosa relación bilateral con
el país vecino.
En tal situación, parece necesario reforzar las acciones diplomáticas
orientadas a impulsar la realización de la propuesta mexicana para
resolver la migración, realizar en las naciones hermanas de
Centroamérica campañas informativas para divulgar con toda nitidez los
alcances y las limitaciones de la postura mexicana y observar de la
manera más estricta posible los derechos humanos de quienes, a pesar de
todo, llegan a nuestro territorio.
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