R. Aída Hernández Castillo*
La masacre de 10
indígenas del municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de
Guerrero, y la incineración de sus cuerpos por los agresores el 18 de
enero pasado, es parte de la pedagogía del terror que se ha profundizado
en los últimos meses en territorios indígenas del estado de Guerrero.
Estas formas de violencia extrema están siendo utilizadas contra
poblaciones indígenas que se han caracterizado por sus procesos
organizativos contra la violencia y las economías ilegales del
narcotráfico. Quemar los cuerpos es una estrategia necropolítica que
busca ir más allá de acabar con la vida de los asesinados, busca afectar
a sus familias, a las comunidades, sembrar el miedo y usar los cuerpos
para mandar un mensaje a quienes se oponen al control territorial de los
c á rteles de las drogas. Los indígenas
asesinados, aparte de pertenecer a un grupo musical, eran integrantes de
la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores
(CRAC-PF), sistema de seguridad y justicia que por más 25 años había
logrado mantener al crimen organizado fuera de los territorios bajo su
jurisdicción.
La llamada policía comunitaria de Guerrero fue por muchos años
ejemplo de la capacidad de los pueblos indígenas para reconstituir sus
sistemas de justicia y fortalecer el tejido comunitario, ante la
incapacidad de las instituciones del Estado para cumplir con sus
funciones de seguridad y justicia. Los múltiples estudios antropológicos
y sociológicos que se han hecho sobre este sistema de justicia –creado
hace 25 años por comunidades me’phaa, nahuas, na savi, afrodescendientes
y mestizas– lo habían mostrado como ejemplo de formas de justicia
restaurativa, mucho más efectivas que la justicia punitiva del Estado.
La CRAC había sido también un caso etnográfico para mostrar las
posibilidades de la gubernamentalidad indígena para contener la
violencia del crimen organizado.
Si bien en administraciones pasadas hubo varios intentos de debilitar
el sistema criminalizando y encarcelando a varios de sus integrantes, y
utilizando la cooptación para causar fracturas internas, nunca habían
vivido el nivel de violencia y terror que se ha desatado contra ellos en
los últimos meses. El 10 de diciembre el comandante y consejero
regional del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de Huamuxtitlán, Manuel
Alejandro Gutiérrez, fue asesinado en la puerta de su casa, sin que
hasta la fecha se haya consignado a nadie por el homicidio. Las
autoridades de la CRAC denunciaron en esa ocasión que desde la creación
de ese Comité de Enlace, cinco policías comunitarios habían sido
asesinados, en el marco de lo que denominaron
proceso de limpiezadel crimen organizado contra las policías comunitarias. Entre los coordinadores ejecutados, se encuentra Julián Cortés Flores, uno de los titulares de la CRAC en San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero, asesinado en abril pasado.
Estos homicidios y la impunidad en torno a ellos han sembrado un
clima de terror en los territorios indígenas bajo jurisdicción de la
CRAC, debilitando el sistema y abonando al desplazamiento forzado de la
población. Guerrero, ocupa hoy el primer lugar nacional con población
desplazada: más de 5 mil casos, según cifras oficiales, que aumentan
diariamente.
La violencia del narco provoca nuevas formas de desposesión de los pueblos indígenas de Guerrero, que al desplazarse dejan sus territorios
librespara la entrada del gran capital. Urge documentar y analizar el nexo entre las violencias extremas del narcotráfico en territorios indígenas y los procesos de desposesión y apropiación de sus recursos naturales. Según informes gubernamentales, en Guerrero se encuentran 42 yacimientos mineros listos para ser explotados, algunos de los cuales coinciden con 200 mil hectáreas de los territorios en los que habitan miembros de las comunidades indígenas nahua, me’phaa y na savi. Estos pueblos de la Montaña y la Costa Chica no han sido consultados para el otorgamiento de esas concesiones y en lugares como San Miguel el Progreso han dado una lucha contra la explotación minera en sus suelos.
La embestida de violencia contra la CRAC debe entenderse en el marco
de procesos más amplios de desposesión y ocupación de territorios
indígenas por redes de macrocriminalidad, cuyas complejidades aún no
alcanzamos a entender, pero cuyos impactos están afectando de manera
profunda el tejido social de sus comunidades.
* Investigadora de Ciesas
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