Magdalena Gómez
Concentrado como está
el gobierno de la llamada 4T en fortalecer la narrativa de lo que
considera sus logros, simplemente ignora los muy dramáticos
acontecimientos que integrantes de pueblos indígenas en la sierra
Tarahumara y en la Montaña de Guerrero sufrieron los pasados 16 y 17 de
enero. Estas dos regiones no son las únicas en el país donde se ha
normalizado la impunidad, y poco importa a estas alturas para las
víctimas señalar que se trata de violencia sistémica heredada.
El pasado 16 de enero, un grupo de hombres armados, al menos 150
sicarios a bordo de aproximadamente 50 camionetas, incendió cerca de 22
viviendas y siete vehículos en el poblado de Las Pomas, municipio de
Madera, Chihuahua. Hay personas secuestradas. Pobladores señalaron que
al menos cinco hombres, fueron atados y están desaparecidos. Autoridades
de la fiscalía estatal presumen que se trata de la disputa de dos cárteles.
No es la primera vez que se produce un enfrentamiento en esa comunidad
ni es la única que en la sierra Tarahumara provoca desplazamientos e
incluso crímenes.
Por otra parte, el 17 de enero se cometió un asesinato contra una
decena de músicos indígenas pobladores de Alcozacán, en el municipio de
Chilapa, Guerrero, ligados a la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que ha intentado
impedir el accionar del grupo conocido como Los Ardillos.
Fueron emboscados en el camino Mexcalzingo-Tlayelpa; venían en dos
camionetas, en una de las cuales cinco de ellos fueron calcinados,
mientras la otra fue aventada a un barranco con los otros cinco
integrantes del grupo musical.
El absurdo es que, pese a estar plenamente identificadas las
víctimas, familiares y comuneros tuvieron que recurrir a un bloqueo de
la carretera estatal Chilapa-Hueycantenango, para exigir la entrega de
los cuerpos de los 10 músicos asesinados y la detención de los
responsables.
También en esta región es larga la cadena de violencia y de impunidad
con que actúan grupos de la delincuencia organizada. Poco esperan sus
habitantes de las investigaciones. En ese contexto, la policía
comunitaria, que años atrás logró contener a la delincuencia, hoy está
rebasada y fragmentada. Estos dos casos son sólo una muestra de
afectación a la sociedad en general; en particular los pueblos indígenas
se encuentran amenazados cuando sus integrantes se organizan para la
defensa de sus territorios; los saldos de la criminalización también
permanecen impunes.
Como denuncia el Congreso Nacional Indígena, nada dice el Estado a
casi un año del crimen de Samir Flores Soberanes, del pueblo nahua de
Amilcingo, Morelos; ni de Julián Cortés Flores, del pueblo mephaa de la
Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero; Ignacio Pérez Girón, del
pueblo tzotzil del municipio de Aldama, Chiapas; José Lucio Bartolo
Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías
Xanteco Ahuejote, del pueblo nahua organizado con el Concejo Indígena y
Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ); Juan Monroy y José Luis
Rosales, del pueblo nahua de Ayotitlán, Jalisco; Feliciano Corona
Cirino, del pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán, ni de Josué
Bernardo Marcial Campo, también conocido como Tío Bad, del pueblo popoluca de Veracruz.
¿Quién se está haciendo cargo de abatir la impunidad? ¿Quién de prevenir la criminalización?
Para muestra, colocamos dos ejemplos de violencia cotidiana. En días
recientes se han denunciado otras agresiones como la que sufrió el
pasado 10 de enero la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San
Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, con un nuevo
ataque contra el ex comisariado de bienes comunales Jesús Manuel
Aguilar Hernández, quien ha sido delegado del Congreso Nacional Indígena
y defensor de los terrenos comunales, a manos de una persona al
servicio del cacique llamado Favio Ernesto Flores Sánchez, alias La Polla,
del cual recibió a quemarropa ocho disparos de arma calibre 38
automática, sin que resultara herido al cubrirse tras un tronco grueso.
Por su parte el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) fue
agredido por fuerzas policiales el pasado 14 de enero, cuando las
comunidades de Sevina, Comachuén y Nahuatzen se manifestaban en
instalaciones del ayuntamiento de Nahuatzen para exigir su derecho a la
autonomía, el presupuesto directo y el reconocimiento de los consejos de
gobierno comunal.
Los casos de la sierra Tarahumara y la Montaña de Guerrero involucran
a expresiones aparentemente regionales del crimen organizado; en
Azqueltán y CSIM se trata de luchas por la autonomía. Ni unos ni otros
son considerados con prioridad y atención por la 4T. Se opta por
ignorarlos aun si logran espacio en los medios de comunicación,
demandarían colocar la mirada crítica en los alcances de la política en
materia de seguridad y la relativa a pueblos indígenas, más allá de
becas a sus integrantes y megaproyectos en curso.
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