Informe Sombra sobre Belém do Pará
Por: Tamara Vidaurrázaga Aránguiz
“El Estado violenta cuando no permite interrumpir el embarazo de una
niña producto de una violación”, señaló Gloria Leal, directora Ejecutiva
de la Fundación Instituto de la Mujer, al referirse a los embarazados
forzados de niñas ante la prohibición total del aborto en el país.
Esa es una violencia institucional que atenta contra los acuerdos
internacionales firmados y ratificados por Chile en el marco de la
entrega del Primer Informe Sombra de Chile para el seguimiento que
realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) de la Convención
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer “Belém
do Pará”.
Este fue uno de los temas a los que se refirieron 11 organizaciones
feministas y de mujeres: la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio,
Litigación Estructural para América del Sur (Leasur), Fundación Margen
de Apoyo y Promoción de la Mujer, el Observatorio contra el Acoso
Callejero (OCAC), el Colectivo contra la Violencia Gineco-Obstétrica, la
ONG Raíces, la Red contra la Violencia hacia las Mujeres, Corporación
humanas, Corporación MILES Chile, y la Casa de Memoria José Domingo
Cañas; coordinadas por la Fundación Instituto de la Mujer en el informe
señalado.
El texto fue enviado al Mecanismo de Seguimiento para la Implementación
de esta Convención MESECVI, que fue firmada en Chile en 1994, ratificada
en 1996 y que además ha sido ratificada por 32 de los 34 países
miembros de la OEA; sin embargo, no es cumplida fielmente por Chile.
LEY, DEFICIENTE E INSUFICIENTE
“La actual ley chilena contra la violencia intrafamiliar en su Artículo 1
plantea que la ley tiene como objeto prevenir, sancionar, erradicar y
otorgar protección a la víctima, pero desde un enfoque familiarista,
deficiencia que -aún a 11 años de la Ley de Violencia Intrafamiliar- no
incorpora los distintos tipos de violencia que vivimos las mujeres, ni a
la diversidad de mujeres, y mucho menos los distintos espacios donde se
vive, puesto que solo se refiere al mundo del hogar”, señaló a SEMlac
la Directora Ejecutiva del Instituto de la Mujer.
Leal Suazo agregó que “falta incorporar el espacio público como la
calle, los medios de transportes, el trabajo, e incluso la violencia
ejercida por los medios de comunicación que cada día naturalizan la
violencia con sus prácticas y publicidad sexista”.
El informe denuncia múltiples violencias que no son enfrentadas
eficientemente por parte del Estado y hace referencia a las mujeres
privadas de libertad, a las lesbianas, trabajadoras sexuales, niñas, las
estudiantes, mujeres mapuche, entre otras. Entiende la violencia contra
las mujeres y niñas como una cuestión que sucede en los ámbitos público
y privado y en sus distintas formas, complejidad no contemplada en la
legislación chilena.
Herminda González, presidenta de la Fundación Margen, indicó a SEMlac
que “para nosotras es muy importante participar de este Primer Informe
Sombra de la Convención Belém do Pará, pues nos da la posibilidad de
denunciar todos los abusos y la violencia institucional que vivimos las
trabajadoras sexuales; para que se nos reconozca que somos mujeres, que
existimos en este territorio y que no tenemos que ser violentadas”.
Añadió que es relevante “contar al mundo la represión policial que
vivimos el día a día con las compañeras, cuando los policías abusan de
su autoridad y se llevan a compañeras a las comisarías y las hacen
desnudarse, o en los servicios de salud pública, donde las compañeras
son atendidas para su control de salud sexual siendo mal atendidas”.
LEYES IGNORAN TIPOS DE VIOLENCIA
Además de la criminalización de los abortos en Chile, el informe
denuncia la inexistencia de legislación respecto de la violencia
gineco-obstétrica o el acoso callejero; así como de regulaciones
actuales para la criminalización de la protesta social con abusos por
parte de la fuerza pública, de la que han sido víctimas estudiantes y
mujeres e infancia mapuche, expuestas a torturas por parte de la
policía, como desnudos forzados y humillaciones en las comisarías.
La sociedad conyugal contempla que el varón, por defecto, es el
administrador de todos los bienes del matrimonio, incluidos los que la
mujer herede; y dentro de la ley de violencia intrafamiliar no está
contemplada la que viven las lesbianas por parte de parejas mujeres,
denunciaron.
Tampoco existen estadísticas respecto de los femicidios/feminicidios
totales, puesto que solo se contabilizan los que caben en la ley, o sea,
aquellos íntimos y perpetrados a mujeres mayores de edad; ni se lleva
conteo de femicidios/feminicidios frustrados, cuestión relevante si se
quiere comprender la magnitud que alcanza la violencia extrema en el
país.
Para Gloria Leal, “Chile sigue en deuda con las mujeres, los poderes del
Estado legislan leyes, pero estas carecen de presupuesto adecuado para
cubrir todas las necesidades de las mujeres que viven violencia, no
existen programas de reparación, incluso el Estado no protege a los
hijos e hijas de las mujeres asesinadas y muchas veces le entrega la
tuición al padre femicida/feminicida.
“O cuando no hay una familia detrás, niñas y niños llegan a
desprotección de SENAME”, dijo y señaló que lo que se requiere es “una
política pública integral que contemple prevención, atención, protección
y reparación, pero con recursos estables y programas realmente
adecuados para las mujeres, y que el Estado les asegure a vivir una vida
libre de violencia.
“Cuando el Estado no entrega lo necesario está violando los derechos humanos de las mujeres y las niñas de este país”, indicó
Imagen retomada del sitio insmujer.cl
Cimacnoticias/SEMlac | Santiago, Chile.-
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