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| La legislación estableció marcos para políticas públicas contra la violencia doméstica, pero pocas han sido efectivizadas. |
Referencia
en el ámbito internacional, la Ley 11.340/2006, popularmente conocida
como Ley Maria da Penha, cumplió diez años el domingo (7). Según los
datos brindados por DataSenado, la legislación tiene un gran éxito en lo
referido a la esfera del debate público: más del 98% de las brasileñas
afirmaron conocer el texto de la ley.
Además de tipificar
como crimen la violencia doméstica y domiciliaria, la legislación creó
juzgados especializados, una red de apoyo y amparo a las mujeres y prevé
medidas de protección para garantizar la integridad física y psíquica
de las mujeres.
“Ella abarca la previsión en la
implementación de políticas para prevenir la violencia doméstica y
familiar contra la mujeres, el soporte, la construcción de un red de
apoyo y amparo a mujeres en situación de violencia, el tratamiento
jurisdiccional diferenciado para los casos de violencia y la reeducación
y reinserción del agresor cuando es necesario”, explicó la abogada
feminista Fernanda Martins, vicepresidenta de la Comisión de Defensa de
los Derechos de la Mujer de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) en el
municipio de São Carlos, interior del estado de São Paulo.
Jurídicamente
los avances fueron muchos: “Antes de la entrada en vigor de la Ley
María da Penha, no existía posibilidad de conceder medidas de protección
a la mujer en situación de violencia. Tampoco existía la posibilidad de
que el agresor vaya preso infraganti o de decretar la prisión
preventiva. Y eso hace la diferencia”, dijo la abogada.
Para
Keli de Oliveira Rodrigues, coordinadora del Centro de Atención para
Mujeres Víctimas de Violencia (CDCM) “Casa Viviane dos Santos”, en la
ciudad de São Paulo, la ley es uno de los principales instrumentos de
diálogo con mujeres en situación de vulnerabilidad. La Casa Viviane fue
inaugurada en el 2004, dos años antes de la legislación, y era uno de
los centros de referencia en la región. La ley, explica Keli, fue
fundamental para el enfrentamiento cotidiano de la violencia doméstica
en Brasil.
Ella afirma que prácticamente todos los centros
de atención orientan a las mujeres con base en el texto. “La sociedad,
en general, conoce la Ley Maria da Penha, pero las personas no llegaron a
conocerla con profundidad. Conseguimos, entonces, profundizar este
conocimiento y ellas pasan a tener noción de qué significa una medida
preventiva. Eso queda más claro para ellas”, afirmó.
Fallas
Los especialistas consultados por Brasil de Fato
son unánimes en la evaluación: pasada una década, la ley aún no ha sido
completamente implementada y aún posee serios problemas de ejecución y
estructuras en los que se requiere avanzar, como la ampliación en el
número de casas de protección a la mujer, la expansión de las estaciones
de policías y juzgados especializados, y una mejor capacidad de la red
de asistencia.
De acuerdo con el “Mapa de la Violencia
2015: Homicidios de Mujeres de Brasil”, en el periodo anterior al año
que la Ley Maria da Penha fue sancionada, entre 1980 y 2006, el
crecimiento del número de homicidios fue de 7,6% al año. Con la vigencia
de la ley, el crecimiento del número de esos homicidios cayó para el
2,6% al año. El crecimiento, sin embargo, aún se mantuvo. Apenas en
cinco estados fueron registrados caídas en las tasas: Rondônia, Espírito
Santo, Pernambuco, São Paulo y Rio de Janeiro.
Responsable
de la investigación, el sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), cree que el
tenor de la ley es muy avanzado – como muchas otras en Brasil,
especialmente la Ley del Estatuto de Niños y Adolescentes y el Estatuto
del Anciano. Sin embargo, las estadísticas muestran que todavía ella
está en un estado incipiente de implementación, a pesar de completar una
década.
“Lo que está atrasado es su realidad. Las
comisarías de la mujer, la capacitación de las personas que van a tratar
con casos de violencia, los procesos en la propia justicia… Todo eso
aún no está como debería en este momento. Y marca que hay un retorno,
digamos, a la expansión de la violencia contra las muertes y de los
homicidios, que es lo que los datos están indicando”, afirmó el
sociólogo.
Aunque, según el Mapa de la Violencia, los
feminicidios cayeron un 3,7 % entre mujeres blancas, entre las mujeres
negras ocurrió lo opuesto, la tasa aumentó un 35% durante el mismo
periodo. En 2013, de cada 5 mujeres asesinadas, tres eran negras.
Los
números revelan, para el sociólogo, que el problema está en la
estructura. “Si victimiza selectivamente. Además, las blancas, muchas
veces, son mejor atendidas, mientras las negras son dejadas de lado. Hay
toda una estructura de segregación y selectividad de la violencia. Las
tasas de violencia contra blancas tienden a bajar mientras que la
violencia contra negras tienden a aumentar, lo que aumenta también la
brecha de protección que existe entre blancos y negros en la propia
Justicia”, criticó el sociólogo.
La Ley Maria da Penha
dispone de estudios, investigaciones y estadísticas realizadas con la
perspectiva de género y raza. Pero, según Fernanda, en cuanto a la
cuestión de clase no existen datos oficiales elaborados por el gobierno.
“La violencia contra la mujer tiene color y clase. Negar eso es
intentar tapar el sol con los dedos. Es preciso un enorme avance en esta
cuestión. La discusión y cobranza en relación a políticas de combate a
la violencia y protección orientadas específicamente a mujeres negras
y/o periféricas es urgente, afirmó Fernanda.
Otra
fragilidad, apunta Keli, es la red de asistencia. “Aún faltan espacios
en los centros de acogimiento, existe una precarización de este
servicio. Creo que también hay maneras erradas de acoger a las mujeres
en situación de violencia doméstica”, afirmó. Según ella, la exigencia
del Boletín de Ocurrencia (B.O.), que no está previsto en la ley, es
realizada por los equipamientos para que las mujeres acceden a estos
espacios.
La red de apoyo debe amparar cualquier mujer que
procure sus servicios y eso no debe estar condicionado al registro del
B.O, explica la abogada Fernanda Martins. “Es en esa parte que la
aplicación de la Ley es extremamente fallida”, dijo. Ella pondera que
también se debe atender según las especificidades de cada mujer en
situación de violencia, que en muchos casos dependen de la renta del
agresor. “Y ella sabe que el Estado es omiso y casi nunca va a ayudarla.
Es esa amplitud en la atención que la ley prevé y es mal ejecutada.”,
afirmó.
La abogada indicó que encontrar una solución para
el caso, que va desde la punición, puede ser más efectiva, en algunos
casos. El direccionamiento del agresor hacia el tratamiento psicológico y
psiquiátrico en casos de alcoholismo, por ejemplo, tendría más impacto
en la vida de una mujer que la prisión del agresor.
La Ley
Maria da Penha puede ser alterada debido a un Proyecto de Ley en
tramitación en el Congreso Nacional. En caso de que la propuesta,
inicialmente elaborada por el diputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES),
sea aprobada, los delegados podrán expedir medidas de protección de
urgencia. Hoy, esta responsabilidad cabe exclusivamente al Poder
Judicial.
La justificación del PL es que las medidas deben
ser tramitadas con mayor rapidez para evitar nuevas agresiones y tornar
más ágil el envío del pedido para apreciación del juez. El punto, sin
embargo, viene siendo cuestionado. Feministas creen que la acción puede
generar un efecto contrario.
La coordinadora de Casa
Viviane se posiciona contra el cambio, según ella, por causa de los
problemas que las comisarías enfrentan. “Ellas ya tienen dificultades
para atender a las mujeres, inclusive para hacer un simple Boletín de
Ocurrencia. Existe selectividad de las autoridades policiales y eso
dificulta el acceso de las mujeres pobres y periféricas, por ejemplo”,
dijo.
Ella afirma que el artículo es un retroceso en una
ley pensada colaborativamente. “La Ley Maria da Penha fue construida por
muchas manos y es fruto del movimiento feminista, entonces ella está
muy bien elaborada. Lo que falta es cambiar culturalmente la sociedad.
La Ley por sí sola no basta. Los cambios que están siendo propuestos sin
escuchar a la sociedad en general pueden, inclusive, ser equivocadas”,
sentenció la coordinadora.
Traducción: María Julia Giménez.
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