Pedro Miguel
La Jornada
No deja de tener gracia
que ahora las cúpulas empresariales nacionales se digan empeñadas en
una cruzada contra la misma corrupción que llevó a varios de sus
integrantes a la lista de Forbes. La acumulación y la
concentración brutales que han tenido lugar en tres décadas no sólo se
explican por la ofensiva patronal sobre derechos y conquistas laborales y
por las condiciones de sobrexplotación existentes (73 pesos diarios de
salario mínimo, por ejemplo), sino también por el programa de remates de
bienes públicos, iniciado por Salinas y proseguido por sus sucesores, a
beneficio de unos cuantos privilegiados locales y de las corporaciones
extranjeras. Paraestatales malbaratadas, deudas privadas convertidas en
públicas, concesiones impresentables, tráfico de información
privilegiada y contratos ruinosos para el erario han representado
comisiones y regalos para un enjambre de funcionarios y políticos del
oficialismo, pero también vías de enriquecimiento vertiginoso para los
grandes empresarios.
Pero este desencuentro circunstancial entre los brazos gubernamental y
empresarial del régimen oligárquico no es el más grave. A Rico Mac
Pato, Pepe del Salto y Gastón Billetes les bastó con pararse unos
cuartos de hora en el Ángel de la Independencia para que Los Pinos y el
Congreso les recompusieran a la cabalidad de su gusto unas simuladorales
reformas legales
contra la corrupción. Lo más preocupante es la presión de los capitanes de empresa sobre el gobierno para que destruya al magisterio en resistencia mediante una represión masiva e implacable.
Independientemente de sus reflejos e inclinaciones autoritarias, no
parece claro que el grupo gobernante tenga margen para eso. Si al
principio no lo sabía, ya debe haber entendido que el movimiento
magisterial tiene el apoyo profundo y extendido de segmentos sociales y
de miles de comunidades y que desde Nuevo León hasta Chiapas hay
ciudadanía que comprende y comparte las razones de los maestros para
oponerse a una adulteración legal concebida no para mejorar la educación
sino para iniciar la privatización en el sector y para golpear a un
gremio que ha sido y sigue siendo uno de los articuladores fundamentales
de ese México profundo del que los mirreyes no tienen la menor idea. Un
presidente situado en el mínimo de la popularidad, tocado por los
escándalos y la irritación social, y para colmo contaminado de última
hora por un reportaje que lo presenta como plagiario, no debería aspirar
a Díaz Ordaz o algo peor.
Por su parte, el movimiento magisterial ha logrado detener la
ofensiva en su contra, poner de su lado a millones de ciudadanos de
buena voluntad, sentar al gobierno a la mesa de negociaciones e incluso
abrir la puerta para que queden sin efecto las implicaciones punitivas
de la reforma. En cambio, no es probable, y tal vez ni siquiera posible,
que consiga la abrogación de las modificaciones legales impuestas en
2013. No lo es porque para ello el peñato tendría que desplazarse del
bando patronal al de los trabajadores –es decir, abjurar de su esencia– o
declararse derrotado; no lo es, además, porque no resulta políticamente
realizable que el Congreso se coma ahora lo mismo que secretó a inicios
del sexenio y apruebe la derogación monda y lironda de todo lo aprobado
en aquel entonces.
Tal vez la vía para superar esta suerte de empate pase –sin renunciar
a las movilizaciones ni a la negociación política– por construir en el
Legislativo, con la
participación principalísima de los maestros y con los diputados y
senadores sensibles de cualquier partido dispuestos a hacer historia,
una iniciativa de reforma verdaderamente educativa que no signifique
meramente
dejar las cosas como estabansino recuperar el terreno perdido desde las reformas salinistas al artículo tercero y establecer de una vez por todas la obligación del Estado de garantizar a los educandos, sus familias y sus entornos condiciones socioeconómicas mínimamente favorables para la enseñanza. Si se lograra iniciar un proceso semejante, Rico Mac Pato, Pepe del Salto y Gastón Billetes se quedarían con un palmo de narices: ni modo que se atrevan a exigir la entrada de la Policía Federal a San Lázaro para disolver los foros a macanazos.
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