El género en alerta

Violencia hacia mujeres no es nueva sino que crece día a día, como lo señala la OMS en su Informe de 2013. 

Teresa Incháustegui

Aceptando que la violencia hacia las mujeres no es nueva,  se puede en cambio afirmar que crece día a día, como lo señala la OMS  en su Informe de 2013. En este sentido, las relaciones de género están hoy día en un marco de nuevos conflictos que se dirimen en una vieja práctica, pero que indican una señal de alerta que la sociedad en su conjunto y el Estado deben advertir, prevenir y combatir.

De acuerdo a las teorías del género (Rubín,G.1975;Scott, J.1986; Butler, J. 1990 y 1993; de Barbieri, T., 1993) el orden social que pauta tanto las relaciones de las mujeres y los hombres entre sí, como las relaciones entre mujeres y hombres, se construye como un conjunto de estructuras, usos, significados, normas, prácticas cotidianas y rituales sociales, que establecen las formas específicas que adquiere la organización social de la diferencia sexual sobre las cuales se erigen las identidades y relaciones de género en cada sociedad. Así lo que implica ser hombre o ser mujer, en un lugar y tiempo determinados está construido por roles, valores, expectativas, actitudes y apariencias que deben tener o adoptar las mujeres y los hombres para ser “apropiados” en cada sociedad.

La violencia patriarcal directa como la indirecta, visible e invisible, opera en este marco como un dispositivo de control y represión contra todo lo que amenace o ponga en riesgo dicho orden.  En esta racionalidad juegan tanto la violencia estructural a través de la reiterada segregación de las mujeres a la esfera reproductiva y doméstica; como la violencia simbólica que refrenda sus roles y funciones o los reifica, bajo modalidades menos restrictivas pero esencialmente subordinadas oex céntricas socialmente hablando. Contribuye también a esto la violencia institucional que le deniega sus plenos derechos, regateando incluso las decisiones sobre su propio cuerpo, a través de legislaciones anti- aborto.

La violencia hacia las mujeres tiene un nuevo uso instrumental. Este uso derivaría no tanto de la naturaleza y características de estos eventos casi intemporales por su larguísima presencia a lo largo de todas las sociedades, sino porque se da en un contexto de claros avances de las mujeres y en el marco de sociedades políticamente más igualitarias en las cuales se condena crecientemente el uso de la violencia hacia ellas.

Gracias a estos avances las mujeres han poblado masivamente las calles, los sitios de trabajo, las escuelas, las universidades, los centros deportivos, los parlamentos, los medios de comunicación, otrora privilegiados cotos masculinos Han modificado radicalmente sus maneras de vivir, de vestir; han poblado la noche y ganado el espacio público.

La violencia letal hacia las mujeres se presentan así en un contexto psico-social que podríamos identificar como post-liberalización o post- revolución sexual donde las mujeres han ganado creciente autonomía física y económica y cuando han logrado establecer una relación con su cuerpo, sus deseos y su sexualidad, con un claro sentido de empoderamiento y apropiación.

Se inscriben igualmente, en un etapa histórico-cultural donde los roles, rasgos, identidad, apariencia y características asignados por siglos al género masculino y femenino, han explotado literalmente en pedazos, al menos en el espaciosimbólico, por la presencia cada vez mas ubicua de identidades y corporeidades bisexuales, homosexuales, lésbicas, transgénero, transexuales, etc.  

En este orden de reflexión afirmaríamos que el incremento en la libertad física, sexual, corporal y la creciente participación económica de las mujeres, atisba un cambio psíquico-político (Touraine, 2006; Lipovetsky (1997) semejante a otros momentos o coyunturas históricas donde se han jugado las posiciones estructurales e institucionales entre mujeres y hombres. Es un momento culmen en su proceso de emancipación en los últimos doscientos años: su identificación masiva – más allá de todas la contradicciones - como sujeto con derechos propios y capacidad de autonomía a partir de conquistar  ser en sí y para sí (Beauvoir, S.1948) 

Estos cambios identitarios experimentando por las mujeres, sobre todo las más jóvenes, respecto a sus roles y expectativas personales y sociales, estilos de vida, etcétera han sido considerados por diversos autores (Touraine, 2006; Lipovetsky, 1999; Arteaga, B. 2010) como una auténtica ruptura histórica de profundas consecuencias económicas, políticas y culturales, (algunos la comparan incluso con el cambio en el sistema sexo-género originado por el descubrimiento de la agricultura, aunque en sentido contrario) ya que estaría presionando en consecuencia, transformaciones políticas entre los sexos, además de plantear desafíos económicos y del orden civilizatorio en gran escala

En efecto la salida masiva de las mujeres de su nicho estructural (el trabajo doméstico; para el autoconsumo familiar y el cuidado) hacia las actividades remuneradas, el ejercicio de profesiones, oficios y cargos diversos, que se ha producido en América Latina sobre todo a partir de la última década del siglo veinte, no solo plantea un reto político, económico y cultural de gran envergadura para las políticas públicas sino también en lo que hace al funcionamiento del mercado y la organización espacial, en términos de reconciliar las racionalidades y el funcionamiento de esferas sociales hasta ahora sólo vinculadas por la mediación del consumo como son: el trabajo y la familia.

Propulsados por los cambios que en nuestras sociedades y territorios está provocando la globalización económica estamos inmersos en un contexto de hibridación cultural (Canclini, N. 2001) también en materia de género, que mezcla formas y tendencias diversas: sexualidad adolescente, transexualidad, trangéneros, fecundación in vitro, uniones y familias entre personas del mismo sexo, en una palabra perfomatividad de la sexualidad y las identidades de género (Butler, 2002) por un lado versus militancias religiosas pro abstinencia sexual, sexualidad pro-Vida, o pro heterosexualidad normativa, iconología mediática anclada en la vida rural y en mandatos de género que apelan a “leyes de la naturaleza ancestral”.

La hipótesis central para una sociología de la violencia de género y del feminicidio sería que la brecha generada entre un modelo de género normativo centrado en la subordinación de las mujeres y la emergencia social de la figura femenina, como una figura con poder y autonomía, está presente en las diversas vertientes de las relaciones cotidianas que sostienen hombres y mujeres entre sí. Ya sea en el plano de las relaciones interpersonales, (parejas, ex parejas; en el ámbito laboral o escolar) como en el de las relaciones simbólicas y de poder que se juegan en el  espacio púbico.

Afirmamos que la violencia hacia las mujeres en general y los feminicidios en particular estarían jugando como un dispositivo de poder masculino para restablecer o mantener, simultáneamente, tanto en lo individual como en lo colectivo:  I) las posiciones de dominio varonil, entre varones, en un mundo que les resulta cada vez más incierto y peligroso; II) funcionar como un instrumento de control para contener el cambio y las transgresiones de las mujeres a los órdenes y regímenes de género, que estarían experimentando marcadas transiciones producidas por la emergencia de las mujeres en el espacio cultural-simbólico, la vida pública y el mercado de trabajo.

Aun cuando también hay que señalar que la cultura de la violencia que goza todavía por desgracia de una amplia aceptación en nuestro país. Así es corriente la violencia entre varones por razones de género (defensa de honor, prestigio, manifestación de poder, valentía etc.,  Lo mismo en el espacio público, las calles, que en lugares de trabajo, centros deportivos, que al interior de los hogares. 

En una perspectiva de veintisiete años, es decir toda una generación desde el punto de vista demográfico, la violencia feminicida en México suma 39 mil 321 mujeres de todas las edades asesinadas.  Los datos muestran también que este tipo de crímenes se mantiene constante, y no baja cuando el resto de los homicidios lo hacen, aunque si sube rápidamente cuando la violencia criminal o la violencia social se incrementan.

Hasta el año 2000, diez estados del centro y sur del país se llevaban los primeros lugares en este tipo de crímenes. Este núcleo lo conforman los estados de México, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, el Distrito Federal y Michoacán. Después de ese año, los feminicidios se extienden al norte del país destacando las entidades de Chihuahua, Baja California, Durango, Sinaloa, Sonora y Nuevo León. 

La geografía del feminicidio en México se complejiza si consideramos los municipios.  Tomando las cifras absolutas, los feminicidios parecen experimentar un proceso alterno de difusión y concentración. Entre 1985, 20 municipios concentraban 40.4% de los feminicidios. En los años noventa, cuando estos delitos se incrementan el número de municipios donde ocurren, pasa de 40 en 1990, y a 60 municipios en 1995. A partir del año 2000 y hasta 2010 solo 20 municipios -en su mayoría integrados a zonas metropolitanas- concentran 25% de los feminicidios ocurridos en  2010.

A tono con su carácter de actos de “disciplinamiento o corrección”, los feminicidios se caracterizan por el uso de formas brutales para privar de la vida. El ahorcamiento, ahogamiento, estrangulamiento, ahogamiento, son responsables de la muerte de poco más del 18% de las mujeres asesinadas entre 1985-2010. Estas categorías, así como el uso de objetos cortantes, son tres veces más frecuentes que en los asesinatos de hombres (en 20% del total de defunciones femeninas). También se advierte una proporción tres veces más elevada de utilización del envenenamiento y de las quemaduras con sustancias diversas o con fuego. Pero hay incluso muertes debidas directamente a los golpes, que no tiene la misma frecuencia entre los decesos masculinos.

Finalmente el uso de armas de fuego para privar la vida solo es causa atribuida de muerte para 30% de las mujeres, mientras que en el caso de los varones es la vía por la cual se priva al 60%. Sin embargo las formas más crueles también elevaron sus frecuencias. La muerte a golpes pasó de 8.2 a 18.7 y el ahorcamiento, el ahogamiento y la estrangulación crecieron de 8.1 a 12.4%.

El crecimiento de los feminicidios en las áreas públicas debe vincularse por su parte, como resultado de las nuevas funciones de las mujeres que participan actualmente lo mismo en actividades productivas, escolares, deportivas y otras más, en espacios públicos. Este tipo de feminicidios ocurre mayormente en áreas comerciales o de servicios, escuelas, oficinas, parques, áreas deportivas, que están concentrando dos tercios de los asesinatos de mujeres.

Finalmente, la violencia feminicida no hubiera adoptado una característica cuasi epidémica en México, sin la omisión en los deberes públicos de los diferentes gobiernos involucrados en investigarla y castigar a los responsables.

Por diversas causas, todas atingentes a las autoridades, la mayoría de  los casos de violencia hacia las mujeres, sean: Feminicidios, violación o lesiones, generalmente concluyen en la impunidad de los responsables y en la indefensión o total ausencia de garantías y derechos humanos de las víctimas. De esta suerte a la violencia que ejercen parejas, ex parejas, conocidos y familiares o, perpetradores desconocidos, hacia las mujeres, se le agrega la violencia institucional. ^[1] Por ello la impunidad de estas muertes es tema de preocupación ampliamente referida en casi una treintena de informes internacionales de observadores y relatores de Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, dirigidos al Estado mexicano desde 2002.

La falta de persecución y castigo a esto delitos incentiva comportamientos similares en personas que tal vez en otros contextos de justicia, se verían desalentados a cometerlos. En este sentido la impunidad respecto a la violencia letal en contra de las mujeres, actúa como una especie de agente de contagio que facilita la comisión de feminicidios, creando incentivos para delincuentes oportunistas.

En el marco de este análisis no deja de sorprender y de indignar, la falta de sensibilidad de las autoridades responsables de detonar la Alerta de género creada por la Ley General de Acceso de la Mujeres a una vida libre de violencia (2007) que ha sido solicitada por organizaciones y familiares de las víctimas en el Estado de México, Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Nuevo León, Hidalgo y Chiapas.

@terinro 

*(*) El género en alerta: Es es un fragmento de un artículo de la autora publicado en la Revista Sociedade e Estado ((may-ago 2014)

[1] Conviene aquí traer a la reflexión, que la impunidad es “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, a que sean condenados a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas” (Naciones Unidas, 2005).  Por ello la impunidad implica en los hechos la difuminación de la función punitiva del Estado, lo que de alguna manera atenta contra su propia razón de existencia.