Han presentado demandas por discriminación sin resultados
Preaudiencia
“Violencia de Género y Feminicidio” que celebró el Tribunal Permanente
de los Pueblos |
La queja que taquilleras del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) presentaron hace tres años ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y la demanda penal de hace dos contra Fernando Espino Arévalo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, –ambas por discriminación y violencia de género– no han derivado en medidas contundentes respecto a sus peticiones.
Durante la preaudiencia “Violencia de Género y Feminicidio”, que celebró hoy aquí el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), trabajadoras del STC denunciaron los actos de discriminación y violencia que enfrentan a diario por parte de usuarios y compañeros de su gremio.
Aunque esta denuncia es pública desde hace varios años, las acciones de las instancias competentes para mejorar sus condiciones laborales y poner alto a las agresiones han sido prácticamente nulas.
María Guadalupe Reyes Hernández, integrante del Grupo de Intersindicalistas, precisó que la campaña de difamación por parte de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC es una forma de represalia por la defensa que hace su agrupación de los derechos laborales de las trabajadoras.
Por otro lado mencionó las agresiones físicas y verbales de los usuarios contra ellas, las cuales –dijo– aumentaron luego del reciente incremento al boleto del Metro, y ocurren sin que la policía intervenga.
Las activistas evidenciaron que las taquilleras –el grupo más numeroso de trabajadores del sindicato, conformado por mil 196 mujeres– están expuestas a los ataques de los usuarios y trabajan sin condiciones dignas y de seguridad, ya que no pueden acudir al baño cuando lo requieren y sus jornadas laborales son extensas.
A pesar de esto, los líderes sindicales no quieren reconocerles más derechos, no negocian con ellas y las hostigan para que desistan de su exigencia.
En breve entrevista al finalizar su presentación, Nélida Reyes Guzmán, taquillera con más de 30 años de servicio, recordó que en 2011 se conformó el Grupo de Intersindicalistas –constituido por taquilleras de diferentes sindicatos independientes de trabajadoras y trabajadores del Metro–, para denunciar violaciones a sus derechos laborales, entre ellos la disminución a su salario y prestaciones, y la explotación en sus centros de trabajo.
Una vez conformado el grupo, las taquilleras resolvieron en ese mismo año interponer una denuncia ante la CDHDF para que se reformaran sus condiciones laborales y se les garantizaran medidas de precaución, ya que por esta exigencia empezaron a ser hostigadas por sus propios compañeros de gremio.
La denuncia penal por discriminación presentada el pasado 24 de enero ante la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) vino luego de que entre el sindicato circulara un boletín en el que se desprestigiaba con “insultos y vejaciones” a tres de las integrantes del Grupo de Intersindicalistas.
Reyes Guzmán aseguró que ya están en mesas de trabajo con la CDHDF, representantes sindicales y directivos del Metro, y que están incluidas en el programa de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos de este organismo, pero que ni la PGJDF ni sus sindicatos les garantizaron protección.
Agregó que de no haber negociación con sus superiores, la CDHDF emitirá una recomendación a Joel Ortega, director del STC.
La denuncia penal, según comentaron las trabajadoras, sigue su curso, pero las ahora activistas insistieron en que se deben realizar pesquisas en la imprenta del sindicato para develar la responsabilidad del Comité Ejecutivo que preside Fernando Espino en la elaboración del boletín con el que se agredió a las taquilleras.
Cabe señalar que la formación del Grupo de Intersindicalistas nació con el objetivo de visibilizar la condición de las trabajadoras del Metro bajo un enfoque de género y respeto a los derechos laborales, por lo que de inicio se unieron 50 compañeras.
Las autoridades sindicales están debilitando el trabajo del grupo, acusó Reyez Guzmán, ya que por el acoso constante y el miedo a ser agredidas algunas compañeras abandonaron la agrupación.
Las representantes del grupo dijeron tener evidencia de que otras trabajadoras fueron convencidas para desistir de su participación a través de aumentos salariales y algunos “privilegios”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 
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