El Programa Temporal de Regularización Migratoria que dio a conocer hoy la Secretaría de Gobernación, y con el que se pretende apoyar a la población migrante en México, no beneficiará a los grupos vulnerables que más lo necesitan, tales como las trabajadoras del hogar migrantes, criticó el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Temporal de Regularización Migratoria, que –según se asienta en el documento– debe cumplir con los objetivos 3 y 4 del Programa Especial de Migración 2013-2018 (PEM), para facilitar los “procesos de regularización de personas extranjeras en México, y el impulso de acciones que garanticen la obtención de documentos migratorios”.
De acuerdo con el Programa Temporal, el Instituto Nacional de Migración (INM) tendrá que regularizar la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional y que manifiesten su interés de residir aquí de forma temporal.
No obstante, Margarita Juárez Aparicio, abogada del Imumi, señaló en entrevista que este programa en realidad beneficiará sólo a las personas extranjeras que cuenten con suficientes recursos económicos para cubrir el costo de casi 9 mil 38 pesos por persona, que tendrá esta licencia con duración de sólo cuatro años.
Criticó que si bien la medida permite que casi la totalidad de personas migrantes que ingresaron al país antes del 9 de noviembre de 2012 puedan postularse para ser beneficiarias, sólo quien cubra la cuota económica, presente documentos de identidad y compruebe su ingreso en el país desde hace dos años podrá obtener la regularización.
Juárez Aparicio lamentó que el programa pretenda ser temporal pese a que es para personas migrantes que llevan más de dos años viviendo en México, que seguramente ya cuentan con un trabajo e incluso tienen familia en el país.
Además, el programa no expide una licencia para que las y los beneficiarios que estarán residiendo en México puedan trabajar; y condiciona a que la persona solicitante asegure que su estancia sólo será temporal.
La experta detalló que la población más vulnerable dentro de la migración, como las empleadas del hogar remuneradas, no podrá acceder al programa porque muchas de ellas no cuentan con pasaporte ni otro documento de identidad (cuyo trámite tiene costos extras) y su sueldo –de 60 pesos al día en promedio– no alcanza para pagar la regularización para ellas y su descendencia, mucho menos si este documento no les autoriza la posibilidad de trabajar.
La abogada alertó que durante el procedimiento al que serán sometidas las personas que se postulen al programa (y que deben presentar documentos de residencia e identidad) corren el riesgo de que –aun sin ser beneficiarias– sean sujetas a que las autoridades decidan en 30 días su situación migratoria.
Por esto es necesario que a la par de este programa se desglosen criterios de actuación para que las autoridades migratorias en los estados no apliquen la discrecionalidad y sometan a las migrantes a un procedimiento de retorno, explicó Juárez Aparicio.
Señaló que el PEM y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 –en los que se basa el Programa Temporal– plantea una política para hacer transversal el enfoque de género; pero este último programa no considera la situación particular de las mujeres migrantes –la mayoría trabajadoras informales–, quienes envían la mayor parte de sus ingresos a sus países de origen para la sustentabilidad de sus hogares.
Juárez Aparicio añadió que el Programa Temporal “no es una solución real y de fondo” que se apegue a la realidad de la población migrante más vulnerable, por lo que debe diseñarse un programa de regularización permanente que no sea costoso y satisfaga las necesidades de esta población.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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