El funcionario aceptó la reclasificación que hizo la CNDH, para considerar la matanza como un caso de violaciones graves a los derechos humanos.
La bodega donde ocurrieron los hechos, el pasado 30 de junio en Tlatlaya. (Imagen: CNDH)
Veinte funcionarios de la Procuraduría del Estado de México
son investigados por presunta tortura, cometida contra testigos del
asesinato de 22 personas, en un operativo militar realizado el pasado
30 de junio en el municipio de Tlatlaya.
El procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez
Sánchez, informó el miércoles: “La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos ha presentado su denuncia, en la cual señala y ustedes lo
podrán ver en la propia recomendación, una serie de personas que
estuvieron involucrados en los hechos. Todos estos servidores públicos son materia de investigación. Alrededor de veinte”.
La recomendación sobre el caso Tlatlaya, emitida por la comisión el
pasado 21 de octubre, concluyó que funcionarios, pertenecientes a la
Procuraduría de Justicia mexiquense, torturaron a tres testigos para
que aceptaran una supuesta culpabilidad, y dijeran que pertenecían a
una banda de secuestradores o de la delincuencia organizada, además de
que les pidieron que no declararan sobre las ejecuciones que habrían
cometido soldados contra los civiles desarmados.
En su recomendación 51/2014, la CNDH señaló que:
“Además de las violaciones a derechos humanos cometidas por personal
militar que participó en los hechos, este organismo nacional logró acreditar
la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal
adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México,
en agravio de v24 (como identifican a la primera testigo) y v25 (como
identifican a la segunda testigo), y los tratos inhumanos en agravio de
v23 (como identifican a la tercera testigo), mujeres que estuvieron
presente en la bodega durante el momento de los hechos, así como
diversas irregularidades durante la integración de la carpeta de
investigación…”.
Y agregó que: “Es muy probable que además de la participación
del personal adscrito a la fiscalía regional de Tejupilco de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, haya participado
personal de la fiscalía de asuntos especiales en Toluca de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ya sea a través
de los agentes ministeriales o de la policía ministerial. Si bien no se
cuenta con elementos para determinar quiénes fueron los servidores
públicos que torturaron a las agraviadas, lo que es un hecho es que las
agraviadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría en
la ciudad de Toluca, donde fueron puestas a disposición del fiscal
especial de homicidios, y que fue en instalaciones de dicha dependencia de esa ciudad, en donde fueron torturadas y obligadas a declarar contra su voluntad”.
El procurador del Estado de México no dio una fecha para concluir la
investigación: “Yo no quiero adelantar una fecha, disculpen ustedes que
eso no se puede hacer. Se realizarán todas y cada una de las
diligencias que sean necesarias, se practicarán todas las entrevistas
que resulten necesarias, para aclarar, todos y cada uno de los puntos
igualmente que resulten controvertidos y poder establecer,
consecuentemente, si hay una probable responsabilidad de carácter penal
y por qué delito, en dado caso”.
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