Asa Cristina Laurell
La Jornada
Cuando terminó
el periodo de Andrés Manuel López Obrador (2006) en la jefatura de
Gobierno había en la Secretaría de Salud 10 mil 587 plazas de base sin
contar los 589 becarios. De ellas mil 683 eran de nueva creación para
los dos nuevos hospitales y se logró recuperar las 471 plazas
desocupadas en los programas de apoyo a la jubilación. En total sólo
habían 45 contratos por honorarios. Existía un programa de
suplenciasesencialmente encaminado a garantizar la operación de los servicios. Como regla general, las personas que estaban contratadas como suplentes tenían preferencia para concursar por las plazas que quedaban vacantes. Se hizo además un gran esfuerzo por recuperar plazas médicas asignadas a personal no-médico y quitar horarios especiales de trabajo para garantizar la operación de todos los turnos favoreciendo así a los pacientes.
Estos datos son importantes porque ahora la situación de los recursos
humanos en esta secretaría (Sedesa) es caótica y hay una creciente
precarización del trabajo con cerca de 8 mil trabajadores en condición
irregular. Ocurre así por varias razones. Una es que no se han abierto
plazas de base en las nuevas unidades médicas –hospitales y clínicas–.
Esta situación se remonta a 2009 y conlleva que se operan con personal
temporal por contrato. Las luchas de los trabajadores de los hospitales
generales de Ajusco Medio y de Tláhuac son un testimonio contundente.
Otra razón es que las licencias sindicales se han incrementado
vertiginosamente. Por ejemplo, en 2015 cerca de 4 mil 800 o 39 por
ciento de los trabajadores de base las habían utilizado, mientras en el
periodo 2003-2006 eran 146. Todavía más grave, un número considerable de
las licencias fueron por tiempos prolongados o incluso de un año. En
rigor sólo los funcionarios sindicales electos como integrantes de los
comités ejecutivos tendrían derecho de acceder a licencias por el tiempo
de su cargo. La revisión de las licencias revelan que fueron dadas
incluso a afiliados de secciones que no son de la Secretaría de Salud y
hay muchos testimonios sobre la venta de licencias por parte del
sindicato. Resulta difícil creer que el secretario de Salud, Armando
Ahued, no esté enterado de este extenso ilícito. Estas prácticas
ilegales también explicarían porque las plazas de base vacantes no se
utilicen para regularizar el personal por contrato.
El secretario Ahued ha tratado de justificar las plazas
irregulares, alegando que no hay presupuesto suficiente para abrir
nuevos empleos; que la presión sobre los servicios se debe al incremento
de la demanda por el Seguro Popular, y que se está instaurando un nuevo
régimen de
estabilidad laboralpara disminuir la precarización del empleo. ‘
El argumento del presupuesto insuficiente no se sostiene cuando se
constata que para 2017 se autorizó a Sedesa un presupuesto de 7 mil
569.6 millones de pesos y 3 mil 354.5 millones que serán transferidos
por la federación para el Seguro Popular (SP), o sea dispondría de cerca
de 10 mil millones de pesos. Una parte de las transferencias
corresponderá a los Servicios de Salud Pública, también encabezados por
Ahued. Sin embargo, la mala administración llevó a un subejercicio de 41
por ciento de los recursos del SP, según la Auditoría Superior de la
Federación en 2015 (último año disponible). La secretaría tiene
programado gastar mil 342 millones de pesos en compras y mantenimiento, o
sea, dispondría de cerca de 6 mil millones de pesos para pago de
personal sin incluir la transferencias del SP.
En 2015 habían 7 mil 500 trabajadores con plazas por contrato sin
contar las 500 de confianza. En este año se lanzó el Programa de
Estabilidad Laboral, sujeto a la disponibilidad presupuestal. El
contrato de estabilidad laboral es por un año y el sueldo se paga
conforme al tabulador básico. Da, en principio, derecho a 20 días de
vacaciones, aguinaldo y vales de fin de año así como a servicios médicos
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores
del Estado y al seguro de riesgos de trabajo, pero no cuenta para la
pensión.
En 2015 Ahued aseguró que se abrirían mil 200 bases en 2016 y que
para 2018 todos tendrían su plaza de base, promesas que no se han
cumplido. Además ha habido poca transparencia en la asignación de las
500 plazas de base autorizadas, ya que se han dado a personas sin el
perfil profesional adecuado.
Esta política laboral tiene un impacto muy negativo en los servicios,
ya que impulsa la rotación de personal e impide que se de un
seguimiento adecuado a los pacientes. Es decir, la precarización del
trabajo significa a la vez una mala atención a los usuarios. Mientras
tanto el secretario se dedica a acciones publicitarias sin importancia
para la salud de los capitalinos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario