Madrid, 11 mayo. 17. Amecopress. El
abrumador asesinato de la defensora de derechos humanos indígena Berta
Cáceres el 2 de marzo de 2016 ha puesto el punto de mira sobre el
agravamiento de la situación de derechos humanos en Honduras desde el
golpe de Estado de 2009. Un país en el que ahora se discute un nuevo
Código Penal.
La defensora de derechos humanos Regina Fonseca, de la Plataforma
“Somos Muchas”, ha visitado recientemente Irlanda, Bruselas y el Estado
español, acompañada por las organizaciones Front Line Defenders,
Brigadas Internacionales de Paz-Estado Español, Calala Fondo de Mujeres,
JASS –Asociadas por lo Justo- y la Iniciativa Mesoamericana de
Defensoras de Derechos Humanos.
Fonseca tenía el objetivo, entre otras cosas, de denunciar las
violaciones a derechos humanos del proyecto de nuevo Código Penal. El
proceso de elaboración de este Código, llevado a cabo en el seno de una
comisión del Congreso Nacional de Honduras, ha contado con recursos y
asistencia técnica de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo
(AECID).
En declaraciones públicas emitidas el 3 de abril de 2017 el
presidente de la Comisión de Dictamen, Mario Alonso Pérez, afirmó que
dicha Comisión había concluido que no modificaría el artículo del código
penal que establece la penalización absoluta del aborto y expresó que
para el Estado hondureño el aborto será considerado un “delito grave
fuertemente penalizado”. El 4 de abril, medios de comunicación local
informaron que la policía había detenido a una mujer en Comayagua, zona
central de Honduras, por haberse provocado un aborto. La foto de la
mujer acusada por el “delito de aborto” fue exhibida en los medios de
comunicación con las manos atadas y una policía a su lado.
El Congreso Nacional de Honduras aprueba de este modo mantener
la penalización total del aborto en el nuevo Código Penal, con penas de
3 a 10 años de cárcel. Mientras, Regina y cientos de mujeres
organizadas en las más de 23 asociaciones de la sociedad civil hondureña
articuladas en la iniciativa “Somos Muchas” no cejan en el empeño de
defender los derechos de las mujeres.
Estás
involucrada en la respuesta de la sociedad civil frente a la reforma del
Código Penal de Honduras. ¿Qué pretende esta reforma y en especial, qué
consecuencias puede tener en la vida de las mujeres?
Bueno,
no se trata de una reforma, sino de crear un nuevo Código Penal. El
actual data de 1985. Lo que se ha vendido a la opinión pública es que
este nuevo código es un instrumento moderno que nos va a dar más
seguridad en el país. Las organizaciones feministas fueron las primeras
que entramos en alerta cuando supimos que se estaba creando este código,
queríamos conocer. Sobre todo porque cada cambio, cada avance en el
reconocimiento de determinados derechos, ha venido dada por la lucha de
las organizaciones de mujeres y feministas hondureñas. Como ejemplos
concretos está el reconocimiento de la violencia intrafamiliar, el que
los delitos sexuales dejaran de ser considerados delitos contra el
honor, sino delitos contra la integridad. Y que ambos fuesen
considerados de persecución pública. Han sido luchas que hemos ido
conquistando.
Nos costó mucho que nos abrieran espacio en la
creación de este Código. Fue un proceso muy opaco. Hasta finales de 2016
no pudimos entrar y en ese sentido, fue muy importante la labor de la
cooperación española, de los consultores que elaboraron el segundo
borrador del Código Penal.
Participamos, había cosas que eran
importantes defender. Es una oportunidad para que al menos en
circunstancias excepcionales no se penalice a las mujeres y niñas que
aborten: aquellas que sufren violencia sexual o incesto, o las que ponen
en riesgo su salud e incluso su vida, o cuando existen malformaciones
graves en el feto incompatibles con la vida.
Estamos pidiendo unos
mínimos, que además están reconocidos en los estándares internacionales
de derechos humanos. Nos hemos organizado para demandar que el tipo
penal de Feminicidio permanezca incluida y mejore, para que los delitos
sexuales tengan los suficientes candados que eviten la impunidad y
garanticen la protección de las mujeres, para no perder lo ganado en
materia de discriminación, por ejemplo, con la comunidad LGTBI. Y por
supuesto, para defender nuestros derechos sexuales y reproductivos.
¿El aborto está absolutamente penalizado en Honduras?
Absolutamente. Honduras es uno de los 9 países en el mundo que lo tienen penalizado, 7 de ellos están en América Latina.
Pastillas para curar frijoles en la vagina
¿A qué se enfrenta una mujer que quiere abortar en Honduras?
La
única manera de abortar es de manera clandestina. Si tienes dinero,
puedes recurrir a un aborto seguro. Pero la mayoría de la población no
tiene ese privilegio, por ejemplo, las mujeres más jóvenes, o las
campesinas. Y hay mujeres en la cárcel por abortar. La pena varía, de 3 a
6 años y para quien lo realiza, de 6 a 8 años.
La mayoría de los
abortos son inseguros, las mujeres ponen en riesgo su vida. Hay
suicidios de niñas, sobrevivientes de violencia sexual que quedaron
embarazadas. No sé si han oído hablar de pastillas para curar frijoles,
que es un veneno que se utiliza para quitar los bichos a los granos
básicos y que se venden en los comercios de productos agrícolas; hay
quienes se han introducido esas pastillas en la vagina.
¿Tampoco tienen derecho a los anticonceptivos?
La concepción moderna existe, excepto la de emergencia, que fue prohibida tras el golpe de Estado.
¿Cuál es el papel de la Iglesia en esta represión?
Las
cúpulas de la Iglesia católica evangélica han conducido todos los
procesos de criminalización de todas aquellas mujeres y hombres que
quieren defender sus derechos de salud reproductiva. Han detenido
procesos de educación sexual, han obstaculizado la anticoncepción de
emergencia. Los ataques que recibimos las defensoras de los derechos
humanos vienen de esa jerarquía. Están demasiado cerca de los poderes
políticos y jurídicos en nuestro país.
Impunidad
Entre
las razones de la violencia estructural que sufren las mujeres en
Honduras, figura la impunidad. Tú has realizado varios estudios. ¿Las
mujeres denuncian? ¿Qué pasa cuando denuncian? ¿Qué estamentos son
cómplices para que exista esta impunidad?
Hay problemas
estructurales que se agudizan con los problemas de criminalización
social y la militarización que se da posterior al golpe. También la zona
sociopolítica donde estamos es importante: Honduras ha sido
históricamente el patio trasero de EEUU. La militarización se ha
naturalizado. Las bandas criminales que se han organizado por esa región
requieren de todo el engranaje institucional del Estado para que
funcione y de eso hay evidencias. Los niveles de violencia letal
convirtieron a Honduras en el país más violento del mundo hace dos años.
La tasa anual de asesinatos de mujeres es de 12 por 100.000, más alta
que la media. En un contexto en el que los órganos del Estado están al
servicio, no de la gente, sino de las grandes empresas transnacionales,
tiene sentido la impunidad. Y la violencia es ejemplarizante. En el caso
de los feminicidios es del 90 por ciento, en el caso de los delitos
sexuales es del 94 por ciento. Esto no incentiva la denuncia. Puedes
encontrarte que la persona que te agredió está detrás del escritorio de
la policía. ¿A dónde vas a denunciar?
¿Qué tipo de agresiones, presiones, violencia, sufren las defensoras de los derechos humanos en Honduras?
Tiene
que ver con el ámbito de la defensa de los derechos. Las defensoras de
la tierra se enfrentan a la muerte y a la violencia sexual. Hay
poblaciones que sufren más estas formas de violencia. Berta Cáceres fue
asesinada incluso con medidas cautelares. Nos enfrentamos al poder
establecido, es el Gobierno quien concede los contratos y proyectos de
explotación.
Háblanos de tu labor como responsable del
Programa de Incidencia Política Internacional de la organización Centro
de Derechos de la Mujer (CDM)
La lucha contra la
violencia de género es políticamente correcta. La lucha contra la
expropiación de nuestros cuerpos no lo es. Somos “maleducadas” cuando
hacemos exigencias sobre el uso de nuestros cuerpos y nuestra libertad. Y
en eso se acompañan las instituciones Estado-Iglesia, especialmente el
Opus Dei, que tiene mucha influencia política y económica. Ellos nos
difaman y tienen la cobertura de los grandes medios para hacerlo.
Nuestra
lucha es a contracorriente y sufrimos criminalización, ataques,
difamación. Ha sido una estrategia pensada y ejecutada. A esto hay que
sumar que una forma para callarnos tiene que ver con llevar nuestros
casos a instancias penales y civiles; si te ponen multas de 50.000
dólares y a pedir perdón público por algo que hemos expresado, es una
forma de ahogar la protesta y matar a las organizaciones. Y con la
excusa del delito de hacer apología de terrorismo, la cosa se complica.
Hay
que decir que los consultores españoles, al menos públicamente allá,
con la discusión del nuevo Código Penal, no han dicho nada alrededor de
estos retrocesos. Han guardado un silencio que para nosotras es
cómplice.
No es fácil hacer incidencia política.
Formas perversas de castigar la disidencia
Es
cierto que a partir del golpe de Estado de 2009, hay un aumento de la
violencia, del uso de la fuerza como estrategia patriarcal. Pero las
defensoras de los derechos humanos se enfrentan a mucho más. Las mujeres
indígenas, pobladoras y campesinas que luchan por la defensa de sus
territorios, su cultura y sus bienes comunes y que se oponen a los
megaproyectos extractivos fomentados por los gobiernos corporativos
amparados en tratados voraces internacionales y en leyes serviles que
atentan contra la soberanía de los pueblos es un aspecto fundamental en
Honduras. Estamos hablando de capitales internacionales, muy poderosos.
¿Cómo superar las resistencias en países europeos, cuando esos capitales
son dueños de los medios de comunicación, por ejemplo?
Es
muy difícil. Son los mismos, dueños de bancos, de los medios de
comunicación, los que administran las hidroeléctricas. Son intereses de
corporaciones internacionales, el capital, un sistema que juega en
contra de las personas.
Nadie de las estructuras del poder
político y económico se imaginaba la reacción. Esa respuesta
internacional ha hecho que ellos se vean obligados a hacer algunas
cosas. Cosas que implican riesgos y trampas. Se hacen determinadas
consultas pero con una participación viciada. El gobierno promueve un
asistencialismo que compra conciencias se algunos sectores en estas
comunidades y, cuando no se compran, estos grupos reciben otras formas
de sanción. Por ejemplo, tras el asesinato de Berta se hizo un informe
acerca de los hilos que unen el poder político y económico en la región.
Y supimos que algunas personas que habían colaborado, fueron
sancionados, impidiendo por ejemplo, a una padre que sus hijos fueran
matriculados en la escuela pública. Se les castiga de esa manera tan
perversa.
¿El machismo está presente también en los
movimientos “progresistas”, entre los compañeros con los que defendéis
los derechos humanos?
Sí, claro que tenemos que bregar
con el machismo. Es muy importante producir un acercamiento entre
organizaciones tradicionales de derechos humanos y las organizaciones
feministas. De hecho se va produciendo. Es importante comprender que tu
lucha es mi lucha y a la inversa.
Fotos AmecoPress
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