El menguado secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, consideró necesario salir al foro mediático a
dar un abrazo político al virtual vicepresidente ejecutivo, Luis
Videgaray Caso, cuya concentración de poder ha desplazado y opacado al
ex gobernador de Hidalgo.
En Radio Fórmula, entrevistado por Joaquín López-Dóriga, Osorio Chong
dijo que su relación con el actual secretario de Relaciones Exteriores
es buena, pero antes, cuando éste era titular de Hacienda, era
mayor. El esfuerzo del secretario de Gobernación busca aminorar las versiones, surgidas desde antes de que tomara posesión el actual equipo de gobierno federal, de que hay un cerrado enfrentamiento entre ambos personajes. Con el agregado, en el contexto actual, de que ese presunto pleito político tendría casi en la lona al hidalguense; perdida, según eso, cualquier posibilidad de ser candidato presidencial; en riesgo incluso, se dice, su actual cargo.
Osorio Chong aprovechó la oportunidad para dar continuidad a la
campaña oficial que busca confrontar al (pre)candidato presidencial de
Morena, López Obrador, con el Ejército, pues dijo que el tabasqueño no
ha lamentado públicamente la muerte de cuatro soldados en Puebla, en
días recientes, frente a ladrones de combustible. También sumó a la
lista de indeseables de la actual administración al gobernador panista
de Chihuahua, Javier Corral Jurado, por haber dicho que el gobierno
federal busca hacer que los gobiernos no priístas
queden malen materia de seguridad pública.
El juego electoral mexicano siempre ha estado repleto de violaciones a
la legalidad. No sólo en cuanto a formas de financiamiento, gastos de
campaña y consecución y conteo de los votos: el catálogo de
irregularidades presuntamente delictivas suele ser tan extenso como
ajeno a verdaderos castigos. Si fuera futbol, el árbitro preferiría
dejar que corriera el balón, en lugar de usar tarjetas de amonestación o
expulsión; si fuera un accidente vial, la autoridad indicaría que, a
fin de cuentas, cada automovilista corriera con los golpes en sus
vehículos, sin mayor complicación.
Los organizadores oficiales de los comicios (el Instituto Nacional
Electoral, antes el IFE) y los juzgadores de esos procesos (el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación), con sus correspondientes
reproducciones en los estados, han optado históricamente por permitir
el libre flujo de las marrullerías partidistas, sobre todo las
provenientes de las esferas del poder en turno, sin anular, más que en
muy contadas excepciones, comicios cargados de vicios y delitos. En todo
caso, hay sanciones económicas y castigos que no afectan que los
infractores se queden con los cargos impugnados. Ejemplos apabullantes
de esa tolerancia extrema lo constituyen los procesos en que se quedaron
Felipe Calderón y Enrique Peña con Los Pinos.
Esta vez, en las elecciones del estado de México, el PRI-peñismo y su
aliado oneroso, el PAN de los mil millones de Josefina, están avanzando
con especial enjundia en la tentación de frenar por la vía judicial a
la candidata del partido Morena, la profesora Delfina Gómez, quien,
junto con su promotor nacional, Andrés Manuel López Obrador, se han
convertido en mucho más que una piedra en los zapatos de lo que es
denominado como Grupo Atlacomulco y de sus socios solidarios, los
panistas.
Los documentos hasta ahora difundidos por las oficinas del partido blanquiazul
muestran evidencias de que la profesora Delfina autorizó, siendo
presidenta municipal de Texcoco, descuentos de 10 por ciento a
trabajadores que, según la defensa de la candidata Gómez, solicitaron
expresa y voluntariamente tales movimientos financieros. Acción Nacional
insiste en que parte de ese dinero descontado fue a parar a una cuenta
personal de Alberto Martínez Miranda, quien era el tesorero municipal,
hermano de Higinio, de los mismos apellidos, quien actualmente es el
presidente municipal del mismo Texcoco y ha fungido como jefe máximo del
Grupo de Acción Política.
En otras circunstancias y momentos podría parecer fuego retórico la
denuncia presentada por el PAN ante una oficina especializada en delitos
electorales. Más, si se toma en cuenta que el partido promovente tiene
como candidata a alguien, Josefina Vázquez Mota, que recibió más de mil
millones de pesos para
ayudasa paisanos migrantes, suma de la cual sólo ha rendido cuentas muy superficiales, claramente insuficientes. Más, si se toma en cuenta que el candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, ha recibido el escandaloso respaldo de secretarios del gabinete federal que han llevado recursos de todo tipo en apoyo del primo del ocupante de Los Pinos, y que es evidente el despilfarro económico en un cantado proceso de compra de votos.
Habrá de verse si, en esta ocasión, se avanza más allá del esquema tradicional de los amagos
justicieroso sólo se está construyendo un argumento más de propaganda, para
judicializarla figura de Delfina, sin pretensiones reales de retirarle la candidatura. En la exposición de posturas que habrá hoy, mal llamada
debate, entre los candidatos a gobernar el estado de México, podrá apreciarse hasta dónde ha avanzado la tentación, en la cúpula pinolera, de dar un golpe
ejemplara Morena, es decir, a López Obrador.
Y, mientras la Procuraduría General de la República ha pretendido
salir al paso de los recurrentes señalamientos de violaciones procesales
(entre otras) en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con una
subprocuradora y el fiscal para el tema de Iguala dando a conocer que
aún no hay nada en firme ni distinto a la
verdad histórica, aunque ampliando, ¡hasta ahora!, el radio de búsqueda tecnológica de los estudiantes desaparecidos, mediante vuelos de rastreo, de un kilómetro cuadrado a 60 kilómetros cuadrados en los alrededores de Iguala, ¡hasta mañana, con la renuncia de la directora de comunicación social de la procuraduría capitalina, Elena Cárdenas, luego del deplorable manejo de información oficial respecto del asesinato de la joven Lesvy Berlín Osorio!
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Hasta hoy las advertencias de
Trump no han afectado la exportación de vehículos, la cual creció 16.1%
en abril respecto del mismo mes del año anterior, de acuerdo con la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Las plantas
armadoras establecidas en el país enviaron al extranjero 228 mil 810
unidades. En el mercado interno las ventas declinaron 3.3% a 114 mil 477
unidades por un efecto calendario al celebrarse Semana Santa en abril,
agregó la asociación. También están siendo afectadas por el alza en la
tasa de interés; 85.4% de las exportaciones son destinadas a los socios
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos y
Canadá).
La clave
El éxito de la industria automotriz está en los salarios
que paga a sus trabajadores. El servicio informativo Bloomberg señala
que los trabajadores mexicanos ganan apenas la décima parte de sus
similares de Estados Unidos. Por otro lado, los contratos son firmados
años antes de que se abran las plantas. Un caso es el de BMW. En una
ceremonia en la residencia de Los Pinos, en julio de 2014, el presidente
ejecutivo de BMW, Harald Krüger, prometió invertir mil millones de
dólares para construir una fábrica en San Luis Potosí, que emplearía a
mil 500 trabajadores. Para conmemorar la ocasión, regaló al presidente
Peña Nieto un coche de carreras de plata a escala, dice Bloomberg. El
fabricante alemán había abierto su propio regalo dos días antes: un
contrato de trabajo firmado por un representante de la CTM y notariado
por un funcionario de la Secretaría de Trabajo. El documento, al cual
tuvo acceso Bloomberg, establece un salario inicial de alrededor de 1.10
dólares por hora (a 19.35 pesos por dólar en una jornada de ocho horas
el trabajador ganaría 170.28 pesos al día) y un salario de 2.53 dólares
para los trabajadores de la línea de montaje.
Funcionaria borgiana
Acusada del delito de desempeño irregular de funciones
públicas fue detenida Paulina García Achach, ex subsecretaria y
posteriormente titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(Seduvi) en los últimos meses de la administración del priísta Roberto
Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo. La aprehensión fue
realizada en el edificio de juicios orales en la capital del estado,
cuando asistió a declarar sobre el caso. García Achach es acusada de la
presunta venta irregular de terrenos propiedad de Quintana Roo en favor
de colaboradores, amigos y familiares del ex gobernador. Había sido ya
aprehendido el 5 de mayo Mauricio Rodríguez Marrufo, quien antecediera
en el cargo como titular de la Seduvi a García Achach, también acusado
de haber otorgado, como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, subsidios hasta de 75% para la compra de terrenos. ¿Y el ex
gobernador? ¿No le están dando demasiado tiempo para que huya o se
esconda? ¿O no hay cargos en su contra?
Trigo argentino
Empresarios mexicanos podrían adquirir esta semana entre
30 mil y 50 mil toneladas de trigo argentino para pruebas del cereal, en
medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, su principal
proveedor de granos. Importa, además de trigo, maíz amarillo, arroz y
soya. ‘‘A nosotros nos haría ilusión poder regresar con un par de
barcos. Tenemos que hacer pruebas con el trigo argentino ya en planta’’,
dijo a Reuters el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de la
Industria Molinera de Trigo (Canimolt) de México, José Luis Fuente
Pochat. Consideró que ‘‘30 mil, 40 mil, 50 mil toneladas sería algo muy
afortunado para las pruebas que tenemos que realizar en México’’, y
destacó que el costo del transporte desde Argentina está en un nivel
competitivo frente a Estados Unidos. Efecto colateral: las compras de
granos a otros países tendrán un efecto corrosivo en el apoyo de los
agricultores gringos a Trump.
Los negocios entre
políticos y empresarios son muy rentables, por lo que sexenio tras
sexenio surgen nuevos multimillonarios, tanto entre políticos como entre
empresarios que participan en las obras públicas o en la venta de
bienes y servicios al Estado.
Prácticamente en todos los gastos que realiza el gobierno, fuera del
pago de salarios de los servidores públicos, existe la posibilidad de
obtener un ingreso adicional para funcionarios y empresarios
involucrados.
Si se es amigo del Presidente de la República, de secretarios de
Estado o de gobernadores, los negocios se multiplican y pueden crear
grupos empresariales más grandes que muchos de los que cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores.
Para poner un ejemplo, Juan Armando Hinojosa, de Grupo Higa, ha
conseguido recursos multimillonarios desde el sexenio pasado mediante
obras en el estado de México y en este sexenio a escala nacional, como
la remodelación del hangar presidencial. Tan buena es la relación con el
Presidente, que este empresario era el elegido para construir el
sistema ferroviario entre la Ciudad de México y Querétaro, proyecto que
se canceló por escándalos como el de la Casa Blanca de la pareja presidencial y de la casa de campo del secretario Videgaray.
Más rápido que una saeta el gabinetazo se puso a chambear para dar cuerpo a las
indicacionesdel inquilino de Los Pinos a fin de
enfrentar de manera integralel boyante negocio de las tomas clandestinas, el robo de combustibles propiedad (aún) de la nación y el mercado ilícito de carburantes. Así lo dijo ayer el secretario de Hacienda, José Antonio Meade:
estamos trabajando muy de cerca con Petróleos Mexicanos (Pemex) para articular esta estrategia que el Presidente instruyó el 5 de mayo. Pero hay mucho trabajo previo, y todos de manera coordinada para enfrentar de manera integral contra el robo de combustibles. Así es: todas las instituciones de la mano para erradicar la práctica referida, que crece como la espuma.
Qué bueno, pues. Sin embargo, si se atienden los resultados, el
trabajo previoreferido por el titular de Hacienda ha sido un rotundo fracaso por el crecimiento exponencial de las tomas clandestinas, el voluminoso robo de combustibles y el avance sostenido de las bandas dedicadas a tan lucrativa actividad. Y Meade conoce ese fracaso mejor que cualquier integrante del actual gabinetazo, pues en menos de cinco años pasó por las oficinas principales de las secretarías de Energía (con Felipe Calderón Hinojosa) y Hacienda (en dos ocasiones: con el propio Jelipe y ahora con Peña Nieto) –es decir, dos de las instituciones que trabajan
coordinadamenteen el
combatea la citada actividad ilícita–, además de que como titular de la Sener ocupó la presidencia del consejo de administración de Pemex y en su carácter de mero mero de la SHCP forma parte de ese órgano colegiado (en ambos turnos).
Desde 2003, cuando menos, se supone que las instituciones del Estado mexicano se
coordinaronpara enfrentar el flagelo de los huachicoleros e
instrumentarlas
indicacionesde tres inquilinos de Los Pinos (Fox, Calderón y EPN). De entonces a la fecha seis han sido los titulares de Hacienda, ocho los de Energía (incluido el tal Jelipe) y seis los de Pemex. Además, tres de la Defensa Nacional, tres de la Marina y ocho de la Procuraduría General de la República, sin considerar a los del Cisen y otros aparatos de
inteligenciay los gobernadores en turno. Esas son las dependencias del Ejecutivo que oficialmente participan
coordinadamenteen contra del citado boyante negocio. Y el resultado concreto es que los 13 años transcurridos (de 2003 a 2016) desde la primera
indicación(la de Vicente Fox) para
enfrentar de manera integralel flagelo de referencia, el número de tomas clandestinas detectadas y selladas oficialmente por el gobierno mexicano se incrementó en alrededor de 10 mil por ciento, y nunca como ahora el mercado ilícito de combustibles no sólo goza de cabal salud sino de enorme fortaleza económica y creciente participación.
Como se documentó en México SA el sábado anterior, en agosto de 2003
Pemex informó: “existe un grupo de trabajo interinstitucional del
gobierno federal, en el que participa Pemex, con el propósito de
delinear estrategias, dar seguimiento al programa de combate al mercado
ilícito de combustibles y ejercer las acciones legales procedentes ante
las autoridades competentes. Como resultado de las estrategias
desarrolladas por el grupo de trabajo interinstitucional, se reformó el
Código Penal federal que prevé como delito grave la sustracción o
aprovechamiento de hidrocarburos o sus derivados (…). Asimismo, la
Policía Federal Preventiva ha venido custodiando las instalaciones de
Pemex Refinación, lo que ha permitido abatir el mercado ilícito de
combustibles”.
En ese mes de 2003 el secretario de Energía era Ernesto
Martens Rebolledo, sólo para que días después (el 2 de septiembre de ese
mismo año) entregara el despacho a Calderón Hinojosa (en automático
pasó a la presidencia del consejo de administración de Pemex, y era el
encargado de
combatirel mercado ilícito de combustibles), quien apenas duró 10 meses en el puesto (Fox lo corrió), porque su urgencia no era la citada, sino el agandalle de la candidatura panista al hueso mayor.
Y Raúl Muñoz Leos despachaba como director de Pemex, mientras
Francisco Gil Díaz fungía como titular de Hacienda (e integrante del
consejo de administración de la ex paraestatal) y Rafael Macedo de la
Concha como procurador general de la República. El general Vega era el
titular de la Sedena y el almirante Marco Antonio Peyrot, de la Semar.
Por si fuera poco, el inefable Genaro García Luna era el director de la
Agencia Federal de Investigaciones (con Calderón Hinojosa ocupó la
Secretaría de Seguridad Pública). Ese fue el selecto grupo de
funcionarios foxistas encargado de
combatirel mercado ilícito de combustibles, pero todo indica que los citados personajes no se enteraron y mucho menos se
coordinaron–cuando menos no en el asunto que nos ocupa-, pues el negocio que supuestamente
combatiríanen los hechos agarró paso veloz, y desde entonces se mantiene boyante.
Con el telón de fondo
del plantón indefinido instalado frente a la sede central de la
Procuraduría General de la República (PGR) por los padres de los 43
normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala,
Guerrero, funcionarios de esa dependencia informaron ayer que ampliarán
la búsqueda de los jóvenes con sistemas de alta tecnología, como el
aerotransportado de reconocimiento del terreno Lidar, a un área de 60
kilómetros cuadrados alrededor de Iguala, pues la búsqueda anterior se
limitó a un kilómetro cuadrado.
Sugerencias para evitar elección fraudulenta en Edomex
Son muchos flancos que atender
para evitar una elección fraudulenta en el estado de México.
Ciudadanos, partidos de oposición e instituciones electorales de la
entidad deben cerrar el paso a los intentos del oficialismo por obtener
de forma ilegal el triunfo. Un flanco pequeño es exigir que se impida la
introducción del teléfono celular a las mamparas a la hora de marcar la
preferencia política. Se ha detectado en elecciones recientes que
partidos de todos colores solicitan la fotografía de la boleta para
comprobar si fue efectivo el voto antes de pagar una canonjía.
El juego de la política electoral se ha
convertido en el mundo –y México no es excepción– en una mascarada, en
una ficción, donde los tiranos del poder del capital no sólo controlan y
manejan a las figuras políticas y a los partidos, sino que –si les es
posible– ellos mismos se ponen los disfraces, inventan discursos,
maquillan sus gestos y emociones y, utilizando a los medios, se
convierten en figuras políticas a partir de la repetición infinita de
una imagen confeccionada adecuadamente por los publicistas.
El ejército de Estados Unidos (EU)
participará en noviembre próximo de un ejercicio militar inédito en la
Amazonia brasileña, tras la invitación de Michel Temer. La actividad,
denominada América Unida, consistirá en al menos 10 días de
simulaciones militares con tropas de Brasil, Perú y Colombia, de acuerdo
con información brindada por el propio Ministerio de Defensa brasileño,
principal impulsor sudamericano de la iniciativa.
Hago mi última entrega de esta serie, aun
cuando voy a seguir escribiendo sobre la crisis del régimen. Mi
propósito es llegar al presente con buen número de momentos
seleccionados, como lo he intentado en mis dos entregas anteriores.
Rob McEwen es un próspero empresario
canadiense. Es director y propietario en jefe de la minera McEwen
Mining, compañía con fuertes inversiones en México. Es el centésimo
hombre más rico de Canadá y un firme creyente en el oro.
El viernes de la semana pasada, en
la ceremonia conmemorativa de la batalla del 5 de mayo, Enrique Peña
Nieto ordenó a las secretarías de Defensa y de Marina, a la Procuraduría
General de la República y a Petróleos Mexicanos que diseñaran un plan
para combatir el robo de combustible de ductos de Pemex, se hizo el
propósito de colaborar con las autoridades poblanas para
desmantelar por completo las bandas delictivasque se dedican al robo y la venta ilegales de hidrocarburos en una zona de Puebla. El telón de fondo del anuncio fue la muerte de cuatro soldados y seis civiles en enfrentamientos armados ocurridos el día anterior en Palmarito Tochapan tras un fallido operativo militar en contra de las bandas de huachicoleros.
Luego del duro golpe que
sufrió la ciencia mexicana con el recorte del gasto del gobierno
federal para ciencia, tecnología e innovación (CTI) en 2017, se exploran
desde hace varios meses dos nuevas fuentes de financiamiento para estas
actividades. Una es la del ahorro en el pago de impuestos para las
empresas que se decidan a invertir en el sector, y la otra que los
gobiernos de las 32 entidades federativas de la República destinen
recursos para la investigación en sus respectivos estados. Se trata de
dos apuestas novedosas en México, las cuales, de resultar exitosas,
podrían traer los recursos frescos que son indispensables para impulsar
la ciencia y la tecnología y, consecuentemente, el desarrollo económico y
social del país.
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