De acuerdo con el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y
Pericial del delito de Feminicidio, vigente en la Ciudad de México desde
2011, el asesinato de Lesvy, joven de 22 años encontrada asesinada la
madrugada del 3 de mayo en Ciudad Universitaria, debe ser investigado
como tal por la Fiscalía Especial de Feminicidio de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
El día del crimen, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó a través de Comunicación Social que el cuerpo de la joven fue descubierto en un lugar público cerca del Instituto de Ingeniería y atado a una caseta de teléfono público, dos características del delito de feminicidio.
CIMACFoto: César Martínez López.
Algunos medios de comunicación afirmaron que el Ministerio Público de la Coordinación Territorial COY-1 inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio y activó inmediatamente el Protocolo de Feminicidio para estos casos.
Cimanoticias preguntó al área de Comunicación Social y de Relaciones Públicas de la PGJDF si se activó el Protocolo, pero en ambas áreas se informó que no tienen el dato porque sólo el Ministerio Público cuenta con el expediente. Hasta el cierre de esta edición seguimos a la espera de una entrevista con el Fiscal de Homicidios de la PGJDF, Marco Enrique Reyes.
El Protocolo que establece los procedimientos de actuación pericial, ministerial y policial, para indagar asesinatos de mujeres que pudieran ser un caso de feminicidio existe desde hace seis años, cuando la PGJDF, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio elaboraron la guía de actuación en estos casos.
Estas directrices señalan que los homicidios de mujeres –salvo que sean una “conducta culposa” – deben ser informados a la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género.
CIMACFoto: César Martínez López.
También desde hace seis años la capital del país reconoce el feminicidio, delito que, de acuerdo con el Artículo 148 BIS del Código Penal de la Ciudad de México lo comete “quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer”, conducta que se castiga con una condena de 20 a 50 años de prisión.
RAZONES DE GÉNERO
Para acreditar el delito se establecieron cinco razones de género; la primera, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; y la segunda, que le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.
La tercera razón de género es que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; la cuarta, que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; y la quinta, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
Además, el Código Penal local establece que si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de las razones género se impondrán de 30 a 60 años de prisión.
Con el fin de realizar una investigación certera, el Protocolo establece además la relevancia de las autoridades de identificar el espacio físico y las circunstancias que rodean al hecho, porque esto puede sugerir líneas de investigación, es decir, conocer si el crimen tiene relación otros casos de feminicidio, trata de personas, explotación sexual, narcomenudeo, asociación delictuosa, delincuencia organizada o violencia familiar, entre otros delitos.
En el caso de Lesvy, la Procuraduría no informó sobre la activación del Protocolo, pero en su cuenta de Twitter sí dio datos personales de la víctima e información sobre su nivel académico, su estado civil y su vida privada. Ante las protestas, el procurador Rodolfo Ríos Garza ordenó el retiro de los mensajes en redes sociales.
ACADÉMICAS EXIGEN INVESTIGACIÓN
El Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM (antes PUEG), una de las instituciones más importantes en estudios de género en el país, se pronunció “enérgicamente” por el asesinato de la joven y pidió a la Procuraduría de Justicia capitalina activar el Protocolo de Feminicidio.
Esta exigencia la reiteró el grupo de “Académicas en Acción Crítica” pertenecientes a la UNAM, al tiempo que condenaron la actuación de la PGJDF por la información que difundió en Twitter y que revictimizó a la joven. En un comunicado, exigieron a las autoridades universitarias esclarecer el crimen “aun cuando no tengan responsabilidad por el caso”.
“La Universidad Nacional tiene la alta responsabilidad de contribuir a educar en igualdad y a promover el respeto”, señalan, y recordaron que también se debe imponer sanciones a quienes han sido acusados de acoso por las estudiantes.
En apoyo a la comunidad universitaria, desde Guatemala, en un comunicado, la Comisión Universitaria de la Mujer de la Universidad de San Carlos de dicho país, expresó su preocupación por “el aumento de expresiones de violencia, acoso sexual, y ahora de muerte violenta en la Ciudad Universitaria”.
Declararon que las autoridades de la UNAM deben de “profundizar sobre su compromiso con el derecho de las mujeres a una vida sin violencia”, e invitaron a la comunidad académica de Latinoamérica a condenar estos hechos.
“CIUDAD SEGURA”: POLÍTICAS PÚBLICAS
Desde 2008 el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, a través del Instituto de las Mujeres local (Inmujeres CDMX) incorporó estrategias para garantizar la seguridad e integridad plena de las mujeres y niñas en toda la ciudad.
El programa “Ciudades Seguras Libres de Violencia para las Mujeres”, aún vigente, busca rescatar espacios públicos (instalación de seguridad, alumbrado, centros recreativos) para la movilidad libre y segura de las mujeres. A este proyecto se sumó en 2015 ONU Mujeres y la Facultad de Arquitectura de la UNAM para su desarrollo.
La UNAM participa en estas propuestas gubernamentales a través de investigaciones hechas desde la academia para su construcción.
Asimismo, la UNAM se unió en agosto del año pasado a la campaña impulsada por ONU Mujeres, HeForShe, que entre otras acciones contemplaba la creación de un Protocolo para atender los casos de violencia de género en la Máxima Casa de Estudios y, como acciones urgentes, la instalación de botones de pánico y actividades de difusión para promover la igualdad de género.
CIMACFoto: César Martínez López.
A casi un año de que la UNAM se sumara a esta campaña y ante el caso de Lesvy, el rector Enrique Graue Wieches, aseveró que este acontecimiento obliga a asumir y mirar la responsabilidad que tiene la UNAM frente a la seguridad de la comunidad universitaria.
“He procurado reforzar nuestros sistemas de prevención y seguridad, establecer medidas para la prevención de la violencia sexual y de género, dialogar con las autoridades pertinentes para reforzar la seguridad en las cercanías de nuestras entidades académicas”, aseguró en su comunicado.
No obstante, estudiantes universitarias marcharon esta tarde, para, además de exigir justicia por el feminicidio de Lesvy, exigir mayor seguridad al interior y al exterior de Ciudad Universitaria, pues pese a todas estas campañas a las que se ha sumado la UNAM, no se sienten seguras en ningún espacio.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario