Después de una década de “guerra”, la delincuencia organizada ha crecido en cantidad de personas directamente involucradas, en volúmenes comerciales, en delitos cometidos contra la gente y en número de víctimas de la violencia, tanto la ejecutada por los grupos de la delincuencia organizada como de aquella consumada por las fuerzas encargadas de perseguirlos.
Es inútil buscar esperanza en las variaciones mensuales del número de muertos o tratar de consolar a la opinión pública con el lugar de México en las estadísticas sobre la cantidad de asesinatos por cada 100 mil habitantes. La crisis de violencia mexicana se ha prolongado y se ha agudizado.
La pieza clave de la política oficial ha sido la intervención de las fuerzas armadas, con el fin de llevar a cabo un enfrentamiento armado con las mafias y contrarrestar el papel instrumental de numerosas autoridades civiles al lado de las bandas delincuenciales. Ahora mismo se están poniendo las esperanzas en una nueva ley de seguridad interior para dotar a los militares de recursos jurídicos que les “otorguen garantías”.
La autoridad, incluidas las fuerzas armadas, no está para exigir garantías en su exclusivo favor, sino para promover, respetar y proteger los derechos de la gente. Lo que varios generales quieren es impunidad a perpetuidad para los oficiales y jefes que se encuentran en “el frente”. Pero eso no se permite ni en las guerras; ellos lo saben mejor que nadie.
Mas el sabor a derrota que deja la infortunada intervención masiva de los militares en la crisis de violencia delincuencial está ligada con esa amargura que provocan los centenares de víctimas civiles debido al uso incontrolado o desproporcionado de la fuerza. No han sido para menos, entre otros, los fusilamientos de Tlatlaya (Estado de México) y el estremecedor video de Palmarito (Puebla).
La opinión pública nunca ha conocido los partes militares de los hechos sangrientos, pues se consideran documentos reservados por motivos de seguridad. Si hubiera que esclarecer lo que ocurrió en la reciente confrontación con huachicoleros poblanos, se tendría que partir de los partes que rinden oficiales y jefes a sus superiores.
Cuando el mando militar declara que todo debe ser esclarecido por el Ministerio Público Federal, está fingiendo ser ajeno a actos efectuados bajo su responsabilidad. El Ejército debería dar la cara directamente, o a través de un vocero de la Presidencia de la República, para explicar lo que ocurrió e informar al país.
Las autoridades en México están acostumbradas a anunciar lo obvio: que se investigará. En eso se pasan los meses y los años. Así ha sido siempre. Todavía estamos esperando el resultado de la investigación mandada a hacer con voz enérgica por Echeverría sobre la matanza del 10 de junio de 1971, ordenada por él mismo. Dicho esto para no tener que mencionar 1968, con su simulados procesos penales, y de otras muchas tropelías de gobernantes todopoderosos.
El caso de Iguala –integrante de la actual crisis de violencia de México– podría durar abierto el tiempo en que se mantengan los mismos en el poder, a pesar de que todos, menos ciertos periodistas maiceados, están de acuerdo con que en el basurero de Cocula no pudieron desaparecer absolutamente los restos de 43 personas tatemadas durante unas cuantas horas; ni que hubiera sido Auswitch.
El gran fracaso no sólo consiste en que la violencia crece, sino también que la corrupción aumenta. Pero si eso no fuera suficiente, también es cierto que el gobierno carece de una mínima autocrítica, no convoca a hacer nada, no se sabe cuál es el plan. Después de más de cuatro años de sufrir el robo de combustibles, cuestión que se ha convertido en un problema de finanzas públicas, y luego de los enfrentamientos en Puebla, Peña ha dado órdenes para que en todo el gobierno, también generales y almirantes, se trabaje en la elaboración de un plan, sencillamente porque no había ninguno.
Los actuales gobernantes están imposibilitados para admitir que la delincuencia organizada se combate con Estado social y erradicación de la corrupción sistémica. No lo pueden hacer porque son neoliberales y su política de predominio del mercado no sirve para combatir a una de las actividades más lucrativas de ese mercado que es justamente el de las drogas prohibidas. Tampoco pueden porque forman parte del gran entramado global de la corrupción.
Pero los políticos del poder en México son también exponentes de esa moral que pretende prohibir todo lo que no se quiere ver. En México se prohibió la mariguana en los años treinta por presión de Estados Unidos, el mayor productor mundial de cannabis de todos los tiempos. La prohibición de drogas es, en sí misma, una enemiga de la sociedad porque promueve delincuencia, corrupción pública y violencia, pero no impide su producción y consumo. Esa es otra de las verdades que hay que decir al respecto del gran fracaso que corroe a la República.