Madrid. 08 de mayo de 2017. Amecopress/ Tribuna Feminista -
El pasado martes, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
votaba en contra de una propuesta para legalizar y regular la práctica
de los vientres de alquiler en los Estados miembros; la iniciativa la
encabezaba Petra De Sutter, senadora belga y ginecóloga, especializada
en técnicas de reproducción asistida y alquiler de vientres.
La
Asamblea rechazaba, con 83 votos, la recomendación sobre “Derechos de
los niños relacionados con madres de alquiler ‘, en base al informe de
De Sutter.
La Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo
Sostenible ha examinado la subrogación desde el ángulo de los derechos
de los niños y niñas y considera que los acuerdos de subrogación no
salvaguardan sus derechos, y que esta explotación reproductiva de las
mujeres vulnera los derechos de las gestantes también.
En una
respuesta amplia a la propuesta de la senadora, se afirma que “a pesar
de que hay una amplia mayoría en contra de la subrogación con fines
lucrativos, tampoco deben permitirse los acuerdos de subrogación
altruistas, ni se debería alentar a los Estados a que permitan este tipo
de acuerdos, si quieren establecer unas normas mínimas con miras a la
protección de las madres de alquiler y los niños nacidos por
sustitución”.
La dimensión económica del alquiler de vientres
En
la argumentación, contraria a la petición de De Sutter, el Comité
esgrime cifras sobre la dimensión económica del negocio del alquiler de
vientres. Aunque no existen estimaciones oficiales, la ONG Servicio
Social Internacional (ISS) estima que más de 20.000 niños y niñas nacen
cada año a través de la subrogación; la BBC, citando estimaciones
oficiales de la India, informó que las sustitutas dan a luz a 5.000
bebés cada año en la India. En Ucrania, se reportaron 396 ciclos de FIV
con madres de alquiler en clínicas privadas (las clínicas estatales no
ofrecen alquiler de vientres).
La dimensión económica que supone
esta práctica es notable, y así se señala en la argumentación: en India
solamente, se estima en un valor de 2.3 billones de dólares – de los
cuales sólo alrededor de un tercio por lo general va a la madre de
alquiler, siendo el monto principal destinados a organismos,
intermediarios y médicos / clínicas.
“Granjas de mujeres”
La Comisión de Asuntos Sociales señala que las gestantes son,
especialmente en países en vías de desarrollo, pobres y sin educación.
La práctica de alquiler de vientres las deja desprotegidas y sin
posibilidad de tomar decisión alguna, precisamente por su condición
económica y educativa.
Asimismo, señalan que los contratantes
pueden intervenir en el embarazo o en decisiones relacionadas con la
salud de estas mujeres, que además están obligadas a entregar al bebé
recién nacido, ya que el pago depende de esto.
No se trata sólo de
una vulneración de los derechos de estas mujeres en países como India o
Ucrania (donde existen “granjas de mujeres”) sino que en Estados
Unidos.
Foto Archivo Amecopress
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