La privatización del servicio favorece a la IP; injusta para municipios y usuarios
Excluyente, el modelo de gestión del agua, informan colectivos a la ONU
La cobertura es de 92.3%, dicen datos oficiales, pero millones no tienen acceso
Denuncian presión del BM para entregar al sector privado el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Distribuidor Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, que abastece de agua
a la Ciudad de México con un flujo de 12 metros cúbicos por segundo
hacia la planta potabilizadora de Los Berros. Imagen de archivo de 2005
cuando campesinos del Frente Mazahua tomaron simbólicamente las válvulas para probar la vulnerabilidad de las instalaciones
En el país prevalece un modelo de gestión del agua
excluyente e insostenible que favorece los negocios privados. Las zonas
con más agua y gran población indígena tienen mayor carencia,
falta voluntad política para atender su abastecimiento, y en los pasados seis años hubo 303 ataques a defensores ambientales, advierte el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua y saneamiento.
Aunque datos oficiales indican que la cobertura de agua potable es de
92.3 por ciento de la población y de 91 por ciento en alcantarillado,
lo que se mide es la infraestructura no el acceso real, continuo,
suficiente, de buena calidad y asequible.
Ejemplifica que en Iztapalapa hay tomas domiciliarias a las que llega agua insalubre y se contabilizan como acceso al líquido.
Así, las políticas públicas basadas en estos datos no atienden los problemas,
se señala que es un derecho cubierto y ya no hay pendientes, pero la realidad es que millones de mexicanos no gozan de él, señala el documento elaborado por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Agua para todos Agua para la Vida, entre otras decenas de organizaciones y que fue presentado a Léo Heller, relator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y saneamiento, quien presentará un informe sobre esta materia.
Menciona que hay opacidad e ineficiencia en la operación de los
organismos operadores de agua potable, argumento que se utiliza para
impulsar su privatización. Y aunque se reconoce la importancia de la
conservación de los recursos hídricos, se fomenta la sobreexplotación y
contaminación con el otorgamiento de miles de concesiones a industrias
extractivas, para los megadesarrollos, se fomenta la construcción de
presas y acueductos.
En cuanto a saneamiento, indica que las aguas residuales deberían
llegar a plantas de tratamiento, pero en la mayor parte de las
localidades, la población tiene contacto con ellas en los ríos,
barrancas y el mar. Destaca que hay datos que reportan que entre 70 y 90
por ciento del agua superficial está contaminada. El caso del río
Santiago en Jalisco, es un ejemplo.
Apunta que los acuerdos de privatización del servicio,
promovidos por el Banco Mundial, han sido injustos para los municipios y
los usuarios, dañinos para el medio ambiente, opacos y no aseguran el
respeto a los derechos humanos al agua y al saneamiento. Durante la
gestión de las empresas privatizadas, las autoridades municipales no se
han preocupado por las violaciones al derecho humano al agua y su
respuesta a las quejas y demandas ciudadanas ha sido nula,
en ningún caso se han aplicado sanciones a las empresas privadas.
En las ciudades donde se ha privatizado el servicio (Aguascalientes,
Cancún, Isla Mujeres, Solidaridad, Navojoa, Saltillo, Ramos Arizpe,
Puebla, Veracruz y Medellín) hay violaciones al derecho: mala calidad
del agua, aumentos excesivos de tarifas, cortes del servicio y falta de
transparencia. Destaca que en meses recientes ha sido evidente la
presión del Banco Mundial para la privatización del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México.
Los estados que encabezan la lista de mayor rezago en el servicio
durante los pasados 15 años, coinciden con los de mayor porcentaje de
servicio deficiente y son los de mayor presencia indígena: Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Hidalgo, Michoacán, Puebla, San
Luis Potosí, Yucatán
Destaca que entre 2010 y 2016 se presentaron ataques a defensores
ambientales sobre todo en los estados de México y Sonora con 12 casos,
seguidos de Oaxaca con seis, Puebla cinco, Colima y Campeche, con cuatro
casos cada uno, entre otros. Se trata de amenazas, intimidación,
criminalización y agresiones físicas. Señala que la corrupción y la
impunidad son factores que propician estas agresiones así como el
incremento de los conflictos socioambientales por los intereses
económicos implicados, el desequilibrio del poder entre los estados,
las empresas y los defensores de los derechos humanos.
Foto Agencia MVT Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
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