México, 11 may. 17. AmecoPress/SEMlac.- Las
universidades y escuelas de educación superior de México se han
convertido en uno de los lugares más peligrosos para las mujeres:
profesoras y alumnas viven violencia de género.
El pasado miércoles una mujer fue encontrada sin vida en
Ciudad Universitaria. Los reportes policiacos informaron que el hallazgo
se realizó a las siete de la mañana. Fue hasta las cinco de la tarde
que la casa de altos estudios emitió un pronunciamiento al respecto.
No
es la primera vez que la UNAM reacciona tarde. En 2013, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos tuvo que emitir una recomendación
(45/2013) por un presunto caso de acoso sexual y lesiones perpetradas
por un profesor contra una estudiante de bachillerato y se solicitó al
rector la reparación del daño a la menor, mediante atención psicológica y
su colaboración en el trámite de queja ante la Contraloría de la UNAM, y
la formulación de una denuncia ante la Procuraduría General de la
República.
Posteriormente numerosas quejas han salido a la luz en
donde las víctimas señalan que son acosadas, que hay hombres que las han
grabado en los baños, que reciben amenazas o son objeto de bromas y
chistes misóginos. Según un estudio de la propia universidad, cuatro de
cada 10 estudiantes, personal administrativo o profesoras han sido
víctimas de algún tipo de violencia.
Recientemente Marcelino
Perelló fue acusado por declaraciones misóginas emitidas en un programa
de radio universitario, el cual fue suspendido, pero sin embargo, este
hombre que ahora enfrenta una acusación por apología de delito, sigue
siendo profesor de esta institución pese a todos los pronunciamientos de
mujeres y organizaciones para que sea destituido.
Según datos
publicados en el portal Vice en abril de este año, obtenidos vía
trasparencia, la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias
dentro de la UNAM señala que del 2014 a 2016 se realizaron 75 denuncias
por acoso sexual, es decir un promedio de 25 por año; pero ninguna
persona fue sancionada por tales actos.
Pero no se trata sólo de
la UNAM. El problema adquiere otras dimensiones cuando se miran los
datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que señalan
que de 600.000 casos de delitos sexuales que se estiman al año, más del
25 por ciento son denuncias de las estudiantes, es decir, más de 5.000
casos ocurren anualmente en instalaciones y campus de universidades.
Ante
este panorama, cada vez más las instituciones diseñan y ponen en
práctica protocolos para la atención de la violencia contra las mujeres.
La Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana, la Universidad de
Quintana Roo y más recientemente la Universidad Nacional Autónoma de
México y la Universidad Iberoamericana cuentan con protocolos.
En
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se llevó a cabo un
proceso ejemplar en donde fue destituido de su cargo Enrique González
Ruiz por hostigamiento sexual, pero ahora busca revertir esta resolución
universitaria a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y no
sólo eso, sino que recientemente fue considerado dentro del proceso de
selección para liderar el Colegio de San Luis.
De acuerdo con la
abogada Andrea Medina Rosas, estos avances y su consolidación se
enfrentan a constantes obstáculos, marcados por la falta de voluntad
política de las diversas autoridades universitarias y de las autoridades
educativas a nivel nacional, pues instancias encargadas de la
coordinación de los centros e instituciones de investigación no otorgan
validez a los procesos internos que las universidades y centros de
investigación realizan para investigar y sancionar la violencia de
género.
Medina Rosas señala que se construyen situaciones de
impunidad, pues una investigación y sanción aplicada por un acto de
violencia de género en una universidad no es tomado en cuenta como un
referente que restrinja los cargos que se pueden ocupar, y al contrario,
sin mostrar ningún cambio de actitud, la persona sancionada es premiada
después con la posibilidad de trabajar o de representar a otras
instancias educativas.
Tal parece que las universidades no están
listas aún para dar respuesta a las demandas de seguridad de las mujeres
que ahí estudian o laboran. Colectivos como Pan y Rosas o la Red No
Están Solas han dejado en claro en diversas ocasiones que es muy difícil
que las autoridades universitarias respondan de manera efectiva por lo
que a las víctimas, al parecer, sólo les queda la opción de enfrentar
largos procesos penales, o juicios laborales para acceder a la justicia.
Foto. SEMlac.
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