Iguala: casi tres años de inconsistencias

La Jornada 

Con el telón de fondo del plantón indefinido instalado frente a la sede central de la Procuraduría General de la República (PGR) por los padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, funcionarios de esa dependencia informaron ayer que ampliarán la búsqueda de los jóvenes con sistemas de alta tecnología, como el aerotransportado de reconocimiento del terreno Lidar, a un área de 60 kilómetros cuadrados alrededor de Iguala, pues la búsqueda anterior se limitó a un kilómetro cuadrado.

En conferencia de prensa, Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, y Alfredo Higuera Bernal, fiscal de la PGR para el caso Iguala, dijeron además que hay siete órdenes de aprehensión pendientes de cumplir; reconocieron que se comprobó la tortura de dos de los ocho detenidos que la denunciaron, pero minimizaron el hecho al afirmar que invalidaría las declaraciones de los afectados, pero no el resto de las indagatorias. Dijeron que en su momento se dará a conocer el resultado de la investigación en torno de las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por el ex director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio, en el curso de las pesquisas realizadas en octubre de 2014 en el basurero de Cocula y el río San Juan, y divulgadas en abril de 2016 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Aseguraron que la institución a la que representan tiene una determinación muy clara de dar seguimiento a todas las líneas de investigación establecidas por el propio GIEI y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, prometieron cumplir cabalmente para noviembre próximo, a más tardar, los compromisos contraídos ante los padres de los estudiantes ausentes en lo referente a investigaciones no realizadas y búsqueda de los desaparecidos.

Pero las declaraciones de Herrerías Guerra e Higuera Bernal, lejos de expresar un cambio, ratifican la actitud indolente, omisa, confusa y agraviante que ha caracterizado la respuesta del gobierno federal ante la atrocidad y la tragedia ocurridas hace casi 32 meses en la ciudad guerrerense. Es insólito y exasperante, para empezar, que la PGR haya dejado pasar todo este tiempo antes de recurrir a instrumentos tecnológicos como el Lidar para dar con el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Luego, es descorazonador enterarse que la única acción oficial de búsqueda realizada más allá del perímetro de Iguala haya sido la del basurero de Cocula y el río San Juan, puntos que fueron establecidos con base en confesiones dudosas y en los cuales se construyó el relato oficial de un supuesto exterminio e incineración de los 43 desaparecidos que ha sido desvirtuado y desmentido por especialistas nacionales y extranjeros, debido a su imposibilidad física y a que exhibe numerosas inconsistencias.

Es desconcertante, asimismo, que a la fecha la PGR no haya aportado un estudio de los datos de telefonía de los celulares de algunos de los muchachos desaparecidos, los cuales, según datos duros, fueron activados en las proximidades de la sede del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y en el Campo Militar Número 1, en Ciudad de México, días después de las desapariciones. Por lo demás, es incomprensible que a más de un año de que se hicieran públicos los señalamientos sobre la desaseada actuación de Zerón de Lucio y el traslado ilegal a ese sitio del detenido Agustín García Reyes, acciones señaladas en forma coincidente por el GIEI, por personal del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para Derechos Humanos y del Equipo Argentino de Antropología Forense que trabajaba en el lugar.

Semejantes extravíos llevan a pensar que asiste la razón al abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, cuando afirma que el gobierno se ha limitado a administrar el reclamo de esclarecimiento ante las desapariciones forzadas perpetradas en Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, y a preguntarse si realmente existe en el gobierno la voluntad de hacer justicia.