OSC lanzan S.O.S a ONU y CIDH
Miriam, quien murió en el trayecto al hospital, se integró al activismo, luego de que su hija Karen Alejandra fue desaparecida en 2012 y, sin apoyo gubernamental, con sus propios medios, investigó y en 2014 la encontró en una fosa clandestina de San Fernando, localidad en donde fueron masacrados 72 migrantes y en donde fueron localizados 392 cuerpos en las fosas de El Arenal.
En conferencia de prensa, el integrante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Guillermo Gutiérrez Riestra, explicó esta mañana que entre las 10:00 y 10:30 horas de ayer miércoles, al parecer llamaron a la puerta de la casa de Miriam -quien era empleada del Centro de Salud de San Fernando- y que al salir fue abatida a balazos. Y aunque paramédicos de la Cruz Roja la trasladaban al hospital, murió antes de llegar.
Gutiérrez Riestra recordó que mediante su trabajo de investigación Miriam logró la detención de más de 15 implicados en el asesinato de su hija, entre ellos Enrique Yoel Rubio Flores, quien estaba preso en el penal de Ciudad Victoria y que se fugó por un túnel, junto con 29 reos más, en marzo pasado.
Es por eso, afirmó el Colectivo, que Miriam “había solicitado al procurador de la entidad, Irving Barrios Mojica; al director de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe López; y al secretario de Gobierno, Víctor Zamora, que le dieran seguridad”, porque la amenazaban y ella tenía derecho a ella, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, y porque la fuga de los delincuentes la había obligado a cerrar sus negocios en San Fernando, “para no estar localizable”, aunque finalmente la esperaron en su casa.
Reveló también el Colectivo en su rueda de prensa que Miriam “no es la primera compañera que ha denunciado y solicitado la atención (de protección a las autoridades) y no se la han dado. Son “5 compañeras” que han solicitado protección y no se las dieron.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca expresó en sus redes sociales “su más enérgica condena por el asesinato” y aseguró que no permitirá que el crimen “sea una estadística más”.
En respuesta, el Colectivo consideró que “es bueno que el Gobernador condene, pero no es suficiente, debe hacer una revisión de sus funcionarios, sobre todo los que recibieron la denuncia de la compañera, es decir, el Procurador, el Director de la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretario General de Gobierno”, porque “ellos estaban enterados de lo que pudiera pasarle”.
S.O.S A ONU Y CIDH
La Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas “Familias-Colectivos-Organizaciones Civiles unidos por una causa”, señalan en un comunicado que “ante la poca capacidad” de Enrique Peña Nieto y del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por atender a las víctimas y pacificar la entidad, “lanzamos un llamado de auxilio a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que acudan al rescate de las tamaulipecas y tamaulipecos activistas y defensores de los Derechos Humanos”.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en Tamaulipas hay 5 mil 682 personas desaparecidas; 124 casos corresponden al fuero federal y 5 mil 558 denuncias se hicieron ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado. Miriam tenía una lista de 800 desaparecidos, dijo según el activista Gutiérrez Riestra.
Expresó también que aunque hay temor en los colectivos, han estado en comunicación, están “muy molestos”, se solidarizan y van a denunciar, no se van a quedar callados. Exigen una respuesta a las autoridades y que se revise a los funcionarios que pusieron en riesgo a Miriam.
Afirmó que muchas personas desconocen lo Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que “Miriam fue a las instancias inmediatas, normales: Procuraduría, Seguridad pública… y hacia ellos fue la petición”.
Recordó que Mirian Rodríguez le “exigió a Gloria Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales del gobierno estatal, que el gobernador cumpliera las reuniones con familiares de las víctimas, lo que fue atestiguado por Yolanda”, integrante también del Colectivo y que hoy, se señaló en la conferencia de prensa, “también la señora está en riesgo”.
ACOSO DE LA POLICÍA
El Colectivo denunció también que, lejos de darles protección, la policía estatal los acosa, “nos observa, nos fotografía, en vez de protegernos, apunta nombre de los dirigentes”, como sucedió ayer en la movilización que realizaron en el marco de la Sexta Marcha de Madres en Búsqueda de Personas Desparecidas, y a la cual Miriam no asistió por un problema médico.
Dijo que nadie puede garantizar la seguridad de las y los activistas y si siguen así las cosas con este gobierno, se darán protección ellos mismos, incluso desplazándose a otros lugares. Esperan también que ahora sí las autoridades cumplan con la protección y reconozcan la omisión.
Carente de la protección que había solicitado a las autoridades para
preservar su vida, anoche fue asesinada en San Fernando, Tamaulipas,
enfrente de su casa, la activista Miriam Rodríguez Martínez,
representante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, baleada
por un comando.
Miriam, quien murió en el trayecto al hospital, se integró al activismo, luego de que su hija Karen Alejandra fue desaparecida en 2012 y, sin apoyo gubernamental, con sus propios medios, investigó y en 2014 la encontró en una fosa clandestina de San Fernando, localidad en donde fueron masacrados 72 migrantes y en donde fueron localizados 392 cuerpos en las fosas de El Arenal.
En conferencia de prensa, el integrante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Guillermo Gutiérrez Riestra, explicó esta mañana que entre las 10:00 y 10:30 horas de ayer miércoles, al parecer llamaron a la puerta de la casa de Miriam -quien era empleada del Centro de Salud de San Fernando- y que al salir fue abatida a balazos. Y aunque paramédicos de la Cruz Roja la trasladaban al hospital, murió antes de llegar.
Gutiérrez Riestra recordó que mediante su trabajo de investigación Miriam logró la detención de más de 15 implicados en el asesinato de su hija, entre ellos Enrique Yoel Rubio Flores, quien estaba preso en el penal de Ciudad Victoria y que se fugó por un túnel, junto con 29 reos más, en marzo pasado.
Es por eso, afirmó el Colectivo, que Miriam “había solicitado al procurador de la entidad, Irving Barrios Mojica; al director de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe López; y al secretario de Gobierno, Víctor Zamora, que le dieran seguridad”, porque la amenazaban y ella tenía derecho a ella, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, y porque la fuga de los delincuentes la había obligado a cerrar sus negocios en San Fernando, “para no estar localizable”, aunque finalmente la esperaron en su casa.
Reveló también el Colectivo en su rueda de prensa que Miriam “no es la primera compañera que ha denunciado y solicitado la atención (de protección a las autoridades) y no se la han dado. Son “5 compañeras” que han solicitado protección y no se las dieron.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca expresó en sus redes sociales “su más enérgica condena por el asesinato” y aseguró que no permitirá que el crimen “sea una estadística más”.
En respuesta, el Colectivo consideró que “es bueno que el Gobernador condene, pero no es suficiente, debe hacer una revisión de sus funcionarios, sobre todo los que recibieron la denuncia de la compañera, es decir, el Procurador, el Director de la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretario General de Gobierno”, porque “ellos estaban enterados de lo que pudiera pasarle”.
S.O.S A ONU Y CIDH
La Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas “Familias-Colectivos-Organizaciones Civiles unidos por una causa”, señalan en un comunicado que “ante la poca capacidad” de Enrique Peña Nieto y del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por atender a las víctimas y pacificar la entidad, “lanzamos un llamado de auxilio a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que acudan al rescate de las tamaulipecas y tamaulipecos activistas y defensores de los Derechos Humanos”.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en Tamaulipas hay 5 mil 682 personas desaparecidas; 124 casos corresponden al fuero federal y 5 mil 558 denuncias se hicieron ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado. Miriam tenía una lista de 800 desaparecidos, dijo según el activista Gutiérrez Riestra.
Expresó también que aunque hay temor en los colectivos, han estado en comunicación, están “muy molestos”, se solidarizan y van a denunciar, no se van a quedar callados. Exigen una respuesta a las autoridades y que se revise a los funcionarios que pusieron en riesgo a Miriam.
Afirmó que muchas personas desconocen lo Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que “Miriam fue a las instancias inmediatas, normales: Procuraduría, Seguridad pública… y hacia ellos fue la petición”.
Recordó que Mirian Rodríguez le “exigió a Gloria Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales del gobierno estatal, que el gobernador cumpliera las reuniones con familiares de las víctimas, lo que fue atestiguado por Yolanda”, integrante también del Colectivo y que hoy, se señaló en la conferencia de prensa, “también la señora está en riesgo”.
ACOSO DE LA POLICÍA
El Colectivo denunció también que, lejos de darles protección, la policía estatal los acosa, “nos observa, nos fotografía, en vez de protegernos, apunta nombre de los dirigentes”, como sucedió ayer en la movilización que realizaron en el marco de la Sexta Marcha de Madres en Búsqueda de Personas Desparecidas, y a la cual Miriam no asistió por un problema médico.
Dijo que nadie puede garantizar la seguridad de las y los activistas y si siguen así las cosas con este gobierno, se darán protección ellos mismos, incluso desplazándose a otros lugares. Esperan también que ahora sí las autoridades cumplan con la protección y reconozcan la omisión.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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